![Los ministros Torres y Puente en el último buque incorporado a Salvamento Marítimo](https://imagenes.eldebate.com/files/new_main_image/files/fp/uploads/2024/07/09/668d6e943b93a.r_d.1623-890-3704.jpeg)
Los ministros Torres y Puente en el último buque incorporado a Salvamento Marítimo
Se asoma al abismo
El Gobierno asume que está en manos del PP para resolver la crisis de Canarias y sin plan B
Necesita que los populares apoyen en el Congreso la reforma de la ley de extranjería que permitirá el reparto forzoso de menores no acompañados. Y la colaboración de las comunidades del PP
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, lo reconoció abiertamente en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros de este martes: no hay plan B para la crisis de los menores extranjeros no acompañados por la que atraviesa Canarias. Solo hay un plan A, y éste pasa inexorablemente por el PP, en cuyas manos está el Gobierno.
No hay más combinaciones parlamentarias posibles ni mayoría progresista que valga, toda vez que Junts ha dado la espalda a los socialistas: Pedro Sánchez necesita a Alberto Núñez Feijóo. Necesita los votos del PP en el Congreso para aprobar una reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que permita al Gobierno establecer un reparto obligatorio de los menores cuando un territorio supere el 150 % de su capacidad de acogimiento, como es el caso canario.
El Ministerio de Juventud e Infancia, que encabeza Sira Rego, reúne este miércoles en Tenerife a las comunidades autónomas para una conferencia sectorial crucial, a petición del PP. No porque sean las autonomías las que vayan a determinar la postura de Feijóo, sino porque el Gobierno necesita tenerlas de su parte: la tutela de los menores extranjeros es competencia de las comunidades. El Ejecutivo no puede, unilateralmente, sacar a los 3.000 menores que Canarias necesita derivar y enviarlos a otros territorios. «La colaboración de las comunidades es imprescindible», reconocen en la Moncloa.
Por primera vez como nunca desde las elecciones municipales y autonómicas de 2023, el Ejecutivo se ha sentido en abrumadora minoría ante el poder territorial del PP, que preside 11 comunidades y es socio minoritario de gobierno en una más: precisamente Canarias. El Gobierno insular que preside Fernando Clavijo pactó con el de Sánchez esa reforma de la ley de extranjería que ahora se encuentra en la cuerda floja.
La reforma legal contempla la salida de Canarias de 3.000 menores no acompañados en 12 meses, hacia otras comunidades
De la modificación legal depende que 3.000 menores actualmente tutelados por la administración canaria sean reubicados en otras comunidades en el plazo de 12 meses. Si se aprueba, los que lleguen a partir de entonces serán derivados en el plazo de 15 días. El ministro Torres garantizó ayer que, si sale adelante, Cataluña también entrará en el reparto, guste o no a Junts. La reforma de la ley no contempla qué cuantía económica recibirá una comunidad por cada menor que acoja, sino que eso se decidirá en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Además, varía en función del territorio.
![El presidente de Canarias, Fernando Clavijo](https://imagenes.eldebate.com/files/vertical_composte_image/uploads/2024/07/09/668d6d6ab2aa9.jpeg)
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo
El Ejecutivo escuchará a las comunidades este miércoles y esperará a que el PP nacional tome una decisión antes de mover la siguiente ficha. Feijóo ha adelantado que las autonomías del PP serán solidarias en la medida de sus posibilidades, pero a cambio de transferencias económicas para hacerse cargo de los menores. Y no entregando a Sánchez un cheque en blanco que le permita decidir cuántos migrantes van a cada región sin contar con nadie.
«La solidaridad del PP está fuera de toda duda. En las comunidades en las que gobierna y que acogen al 81 % de los menores no acompañados, un total de 5.000, frente a los 341 de las del PSOE», resumió el portavoz del PP, Borja Sémper. Vox les ha amenazado con romper las coaliciones de gobierno en la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León, Extremadura y Aragón, pero ello no parece preocupar demasiado a los de Feijóo.
La fórmula
La intención del PSOE es registrar esa reforma de la ley de extranjería en el Congreso antes de que acabe julio, como una proposición de ley del grupo parlamentario socialista que se tramite por el procedimiento de urgencia. Pero se asoman al abismo: sin el PP no hay nada que hacer, aunque de momento en la Moncloa no quieren ponerse en ese escenario. «De momento estamos tendiendo puentes. Ya habrá tiempo para la polémica si no llegamos a un acuerdo», según fuentes gubernamentales.
Los socialistas se plantearon la fórmula del decreto ley, que entra en vigor nada más lo aprueba el Consejo de Ministros. Sin embargo, en un tiempo máximo de 30 días tiene que ser convalidado por el pleno del Congreso, así que habrían estado en la misma: en manos del PP. Además, esta fórmula ofrecía menos seguridad jurídica al Gobierno ante posibles recursos que algunas comunidades pudieran presentar ante el Tribunal Constitucional, alegando invasión de competencias autonómicas.
Entretanto, el presidente de Canarias lanzó este martes el enésimo SOS: «Canarias no puede aguantar más. No podemos garantizar a esos niños y niñas una atención digna», señaló Clavijo. Y la jefa de la delegación española del PP europeo en la Eurocámara, Dolors Montserrat, envió una carta a la presidenta en funciones de la Comisión Europea. En ella pedía a Ursula von der Leyen un despliegue urgente en las islas de efectivos de Frontex y de la Agencia Europea de Asilo. También, un programa de reubicación urgente para menores no acompañados y otras personas vulnerables, al amparo de Mecanismo de Solidaridad Voluntaria.