Dos de las acusaciones piden al CGPJ que no permita a Begoña Gómez acceder al juzgado de manera «anómala»

Dos de las acusaciones populares personadas en la investigación judicial de Begoña Gómez han solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) medidas cautelarísimas para que no se cumpla el Acuerdo Gubernativo de la decana de los jueces de Madrid que permitirá a la mujer del presidente del Gobierno blindar su imagen y reforzar la seguridad en su acceso a la sede judicial de Plaza Castilla, donde está citada mañana para declarar.

Iustitia Europa y Hazte Oir han presentado un Recurso de Alzada contra la resolución dictada por la titular del Decanato de los Juzgados de Madrid al considerar que el mismo vulnera los derechos fundamentales recogidos en los artículos 14 y 24 de la Constitución Española.

«El Acuerdo permite a Maria Begoña Gómez Fernández entrar por las cloacas de Plaza de Castilla para acceder al edificio donde se encuentra el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid», arranca la nota de ambas acusaciones. Un escenario que califican de «situación anómala como nunca se ha visto».

Cabe recordar que la entidad Hazte Oir, ya denunció en un escrito presentado el pasado 11 de julio de 2024, que Begoña Gómez «no ostenta cargo público alguno ni cuanto menos es autoridad (conocida) siendo una ciudadana común». Por lo que aseguraban que su presencia como investigada ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, «encartada en las DPPA 1146/24» no podía producirse atendiendo a «determinados privilegios» por el mero hecho de ser la «esposa del presidente del Gobierno».

Y es que, a juicio de ambas acusaciones particulares, tal y como han expuesto ante la Comisión Permanente del CGPJ, la resolucion dictada por la decana de los jueces de Madrid, la magistrada María Jesús del Barco «atenta contra la esfera profesional de los abogados».

En ella, se «desprecia a los letrados de las acusaciones populares al no citar siquiera el escrito que presentó Hazte Oir para solicitar que no se acordaran medidas excepcionales de seguridad, por cuanto las mismas era objetivamente coactivas».

Se da un trato de excepción a la investigada que no se ha dado nunca antes a nadie, como acredita la respuesta de los responsables de seguridad de Plaza de CastillaHazte OirAcusación popular

«Se nos deja sin la asistencia de nuestros equipos de apoyo ya que solo podrán permanecer en la planta los letrados citados», lamentan.

Y, así las cosas, «a pesar de que estas medidas nos afectan muy directamente, se acuerda su comunicación a otros terceros», como la directora del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, María Marcos Salvador, «pero no a los abogados» habilitados en el procedimiento.

«Los letrados que acudimos mañana vamos a ver nuestra capacidad de trabajo limitada y coaccionada. La investigada siempre va acompañada de guardaespaldas y personal de seguridad, y, por tanto, está debidamente protegida, mientras que el resto de partes no contamos con este servicio de protección, tanto más necesario conociendo la historia del PSOE. ¿Por qué nosotros no podemos entrar por el garaje para evitar que algún socialista controlado o descontrolado nos agreda?», se pregunan sendas acusaciones en el escrito de impugnación registrado en el Consejo.