Los vocales de la AF denuncian la «arbitrariedad» de García Ortiz en la reelección de Dolores Delgado

En tres sentencias distintas el Tribunal Supremo dio la razón, a propósito del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, a la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal Luis Ibáñez, que se opusieron a la elección de Álvaro García Ortiz.

En el fondo del asunto, la decisión de García Ortiz de hurtar al Consejo Fiscal la potesta de pronunciase, de forma previa, sobre la causa de incompatibilidad que pesa sobre Delgado para ocupar el cargo, con motivo de la actividad profesional de su marido el ex juez Baltasar Garzón. Motivo por el cual la Sala Tercera del Alto Tribunal ordenó al fiscal general retrotaer las actuaciones para que el Pleno del órgano consultivo resolviese si, en efecto, se da o no la prohibición del artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF),

Así las cosas, anulado el nombramiento de Delgado por el Alto Tribunal, García Ortiz, consciente de que el plazo legal máximo de dos meses para la ejecución del fallo avanzaba inexorable, aceleraba los trámites para responder a la petición formulada el 8 de junio del año pasado, por los Vocales de la Asociación de Fiscales, relativa a la «necesidad de incoación de un expediente» para resolver sobre la situación real de Delgado.

Desde la Inspección Fiscal se envía, sin embargo, a la AF y la APIF un escrito para reclamar, en un «tiempo máximo de cinco días», sin soporte legal alguno, que aporten su visión de la materia en «una fase previa de instrucción o información», de acuerdo con lo establecido en las Disposiciones Complementarias del Reglamento de Régimen Interior del Consejo Fiscal donde se le encomienda «proporcionar los antecedentes e informes necesarios para la documentación y fundamentación de las propuesta y deliberaciones, y custodiando, en coordinación con el Secretario del Consejo, la documentación y archivo del mismo», recuerdan ahora seis vocales.

Una «indagación para la que sirve de marco» el oportuno expediente administrativo que, «una vez completado se remite» a los consejeros, tres días antes del debate, fijado el 23 de julio en CF extraordinario. Sin embargo, «del comunicado realizado por los vocales de AF se colige que esa fase previa se ha omitido por completo, quedando reducido el expediente de compatibilidad a la unión de dos de las tres sentencias dictadas por el TS y a las alegaciones realizadas» por la propia Delgado.

«La mera incoación de un expediente, cualquiera que sea el nombre que se le dé, no supone la culminación de su objeto si no va seguido de la práctica de diligencias útiles y eficaces al fin que persigue. Pronunciarse sobre la concurrencia o no de la causa de prohibición del artículo 58.1» en el caso de la ex fiscal general, para ocupar la plaza de Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, «con tales antecedentes» supone, a juicio de la AF, «materializar un acto de fe propio de los más fieles seguidores de una doctrina preestablecida».

Los seis vocales de la AF, a los que se sumaba el representante de la APIF en el Pleno, «han mantenido y siguen manteniendo la necesidad de una indagación que permita concluir, sin merma de los derechos» de la afectada, «pero también sin perjuicio alguno de los demás peticionarios de la plaza de Fiscal de Sala, si aquella incurre en causa de prohibición».

«Hay quien ha querido hacer ostentación pública de la doctrina oficial enunciada por el FGE en tantas entrevistas como concedió una vez conocidos el fallo de las sentencias», en las que aseguraba la evidencia de que «no existía incompatibilidad» ni antes, ni ahora, y declaraba que su predecesora «no está incursa en causa de prohibición», sin reparar «ni un segundo en los derechos de los demás Fiscales que en concurso discrecional optaron a la misma plaza», afean desde la Comisión Ejecutiva de la AF, tras lo ocurrido en las últimas horas.

Una conducta que ha «dejado abierta una nueva impugnación si el nombramiento a propuesta del FGE llega a producirse» en los próximos días, anuncian.

Es, precisamente, este horizonte jurisdiccional el que «explica lo sucedido en el Consejo Fiscal» celebrado este martes. Y es que «planteadas por Delgado tres peticiones de recusación frente a otros tantos vocales electivos del Consejo Fiscal fue objeto de denuncia pública, y también en el seno del Consejo, que con ello solo se pretendía alterar de manera artificiosa la composición de este órgano colegiado y así conseguir una mayoría favorable a su compatibilidad» para el puesto que ocupa.

«Ante las advertencias, públicas también, de que el fiscal general, en tanto que Presidente del Consejo Fiscal no era el competente para resolver sobre las recusaciones planteadas porque ningún presidente de un órgano colegiado es superior jerárquico de los demás miembros del mismo, fueron conscientes de lo errado de la táctica y de lo peligroso de llevarla a efecto por contraria a norma», reiteran desde la AF, «se optó entonces por arrinconar las recusaciones».

Acto seguido, García Ortiz, «invitó» al Pleno a la votación «quizás creyendo que de una manera sutil» de los consejeros de la AF, esperando que «se pronunciaran de manera contraria a la compatibilidad llevados por la euforia de una mayoría segura e inesperada». Una posibilidad que «hubiera ofrecido el cauce de la impugnación» a Delgado «de ganancia también segura e igualmente inesperada a la luz del expediente huero presentado» contra su idoneidad para el cargo.

«No fueron capaces de contemplar la renuncia de los vocales de AF a la victoria en una votación, aunque ello implicara la derrota del rigor, de la coherencia y del servicio a la Institución, porque el abandono de estos principios es ya tan viejo que ni siquiera como vago recuerdo late para advertir de que no todos somos iguales» ante la ley, lamentan desde la AF en un comunicado emitido esta misma tarde.