Vox pone el foco en averiguar a cuántos CEO llamó Sánchez para favorecer a Begoña Gómez: «Es la clave»

Hasta tres veces instó Santiago Abascal a Pedro Sánchez a responder en el Congreso a cuántos consejeros delegados de «empresas cotizadas que dependen de la regulación pública» había llamado el presidente del Gobierno para que recibieran a su mujer, Begoña Gómez. Lo hacía solo unos días después de que el empresario Juan Carlos Barrabés declarara ante el juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado, que se reunió con Gómez en varias ocasiones y en dos de ellas estuvo presente Sánchez.

Ante la ausencia de respuesta por parte del dirigente socialista, el líder de Vox deslizó en la tribuna que tendría que hacerlo en un juzgado, y esa misma semana, y después de que Gómez se acogiera por segunda vez a su derecho a no declarar, la formación de Abascal, que está personada en el caso como acusación popular, solicitó la citación del presidente del Gobierno como testigo. Finalmente será llamado a declarar este martes 30 de julio en el Palacio de la Moncloa.

Como asegura en conversación con El Debate Marta Castro, coordinadora nacional jurídica de Vox, la pregunta que formuló Abascal a Sánchez «es la clave y el núcleo central». Así, las pruebas que han solicitado van enfocadas y están conectadas con esta cuestión. «¿Se han hecho estas llamadas? La respuesta es fácil: sí o no», señala. De esa respuesta derivarán las correspondientes diligencias que Vox va a solicitar en el juzgado. «Hay que desenmarañar un entramado que no va a ser fácil en el que está el presidente Sánchez como centro nuclear afectado. Por eso, no es el caso Begoña o el caso hermano de Sánchez, sino el caso Moncloa; qué sucede en Moncloa y para qué se utiliza Moncloa», afirma la letrado.

Principales líneas de investigación

Castro expone cuatro líneas principales de investigación en este caso. Por un lado, los contratos del empresario Barrabés y por qué desde que conoce a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez recibe actividad por concurso de contratos públicos «que se elevan a varios millones». La abogada explica que una parte de esta investigación está en la Fiscalía y otra a la espera de recibir los informes sobre cómo se desarrollaron esos concursos.

La segunda línea es la que afecta directamente a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense. Como señala la letrado, entre los interrogantes a este respecto se encuentran cómo accede a una cátedra sin ni siquiera tener una titulación universitaria, cómo se justifica su intervención «de forma extraordinaria» por parte de la universidad, cómo se reciben instrucciones para darle una cátedra ad hoc y por qué se accede a hacerlo. También, la forma en la que se utiliza esta cátedra y su actividad en la universidad para su beneficio propio -hasta donde se sabe-, en relación al software que impulsó.

Otra de las líneas es la parte de la actividad previa de la esposa de Sánchez con el Instituto de Empresa (IE). Castro recuerda que Vox pidió la citación del representante del IE y que el juez ha citado este lunes al presidente de esta institución. Aquí entra en juego lo que tiene que ver con la vinculación del IE con el Africa Center, el motivo por el que se configura y es Gómez la que la dirige, así como sus viajes «encaminados a la actividad que desarrollaba» en ese organismo.

Y en cuarto lugar, la que está relacionada con Leticia Lauffer, la exconsejera delegada de Wakalua (filial de Globalia), que está citada en agosto para declarar. Ya el pasado junio, en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, Lauffer admitió encuentros con Gómez. A este respecto, surgen preguntas sobre los contratos que recibe Globalia, cómo empresas del grupo reciben apoyo de la SEPI y sobre «quién intervino para conseguir esos contratos».

Lo que concluye Vox tras estas semanas de declaraciones es que hay sobre la mesa una cuestión de tráfico de influencias «muy importante». Esta es, como remarca Castro, la primera vez que la mujer de un presidente del Gobierno figura como investigada, y eso es «porque hay indicios sólidos». A su juicio, el argumento de que «no hay nada» que repite el PSOE «es una estrategia muy simple»: «Solo se está viendo la cima de la montaña».

«Inusual» el papel de la Fiscalía

Castro califica como «inusual» el papel de la Fiscalía en este procedimiento judicial. Considera «muy sorprendente» que el Ministerio Público recurra, por ejemplo, la imputación de Barrabés o la citación de testigos, como ha hecho con la de Sánchez esta semana, y «que continúe pidiendo el archivo» del caso.

«Sabemos el principio jerárquico de la Fiscalía, pero el foco importante es el respeto a la labor instructora del juzgado. El respeto a lo que el juez decide, porque estamos en el ámbito de su competencia, sería una de las primeras cosas que todos tendrían que tener en cuenta», señala la abogada, que critica también las declaraciones de los ministros socialistas tras las decisiones del juez Peinado.

Así, Castro cree que el Gobierno recurrirá «cualquier decisión que tome el juez», como han ido haciendo hasta ahora. La coordinadora jurídica de Vox subraya, sin embargo, que su partido considera que «hay muchísima investigación por delante» y califica como «importantísimas» las testificales del lunes, cuando está citado, entre otros, el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y la de Sánchez el martes. «En Vox creemos que hay mucho que investigar y que esto va a llevar a sentar al menos a Begoña Gómez en el banquillo», afirma.