El PP lleva a Bruselas la campaña socialista contra el juez Llarena desatada tras la fuga de Puigdemont

El último Informe sobre el Estado de Derecho en relación a España de la Comisión Europea, publicado el 24 de julio, alertaba de que «el deterioro de la confianza pública es especialmente importante en relación con las declaraciones de los miembros de los poderes legislativo y ejecutivo».

Incluso recordaba que se trata de una recomendación de la que ya advertía hace casi una década el Consejo Consultivo de Jueces Europeos en su informe de 2015.

Sin embargo, pocos resultados han surtido en el Ejecutivo de Pedro Sánchez estas recomendaciones y el Partido Popular ha tenido que llevar hasta la propia Comisión Europea, autora del informe, la campaña contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que encabezan los ministros de Sánchez en cada oportunidad que tienen, especialmente desde que el pasado 8 de agosto el expresidente catalán y prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, apareció en Barcelona y posteriormente protagonizó una llamativa huida que dejó en evidencia el operativo policial.

Tal y como recuerda el informe de la Comisión Europea en su página 10, «estos ataques y presiones socavan la independencia judicial y el Estado de derecho y han provocado una fuerte reacción por parte de asociaciones judiciales».

Sólo en esta semana, dos ministros como Óscar Puente y Félix Bolaños, este último ministro de Justicia, han encabezado «la presión y el señalamiento» contra el juez Llarena por parte del Ejecutivo, denuncia la vicepresidenta del Grupo del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat.

«El último caso de presión y señalamiento se ha dado por parte del ministro de Justicia y el ministro de Transportes esta misma semana contra el juez Pablo Llarena por no aplicar la amnistía a su socio el prófugo Puigdemont como ellos quieren que se haga», ha explicado Montserrat.

Pero la dirigente popular recuerda a la Comisión que los ataques sufridos por el juez del Supremo no son más que la punta del iceberg. «Desde que el actual presidente del Gobierno accedió al poder a través de una moción de censura, se ha tomado como norma general cuestionar, señalar y presionar a jueces cuando las decisiones no son del agrado del presidente o de los socios que le mantienen en el poder», afirma Montserrat.