El dilema de Conde-Pumpido para salvar la amnistía sin asumir el coste de hacerlo con su voto

El Tribunal Constitucional ha arrancado el nuevo Año Judicial con uno de los platos fuertes sobre la mesa: la Ley de Amnistía. Este miércoles, arranca con el debate sobre de la cuestión de inconstitucionalidad planteado por el Supremo contra la polémica norma y lo hace con un dilema para su presidente.

Según apuntan fuentes próximas a la Corte de Garantías, el magistrado Cándido Conde-Pumpido tendrá que elegir entre salvar el borrado penal del procés, con una mayoría holgada –apartando para ello al magistrado Juan Carlos Campo, como él mismo ha pedido, y al recién incorporado José María Macías, quien ha sido recusado– o hacerlo por la mínima, siendo él quien decida el desempate, pero con una sentencia revestida de mayor legitimidad aunque ello suponga no excluir opiniones contrarias y, al contrario, aumentar el número de votos particulares discrepantes con la misma.

Sea como sea, «Cándido no quiere ser quien decida», afirman algunas fuentes conocedoras del planteamiento del presidente del TC. Pero, a cambio, «es perfectamente consciente de que la validez de la amnistía» –en el caso de que el texto sea finalmente declarado constitucional, eso sí, nunca antes de 2025– «será mayor cuando menos se altere la confirmación del Pleno», subrayan las mismas fuentes.

En especial de cara a Europa, donde se librará el debate definitivo sobre la validez o no de la Ley de Amnistía y donde ya se han planteado algunas cuestiones prejudiciales como la instada contra la norma, entre otros, por el Tribunal de Cuentas, convendría «no expurgar» magistrados con el único objetivo que, numéricamente, sea «más fácil sacar adelante la resolución final» del borrado penal del procés.

Luz verde a la abstención de Campo

Y es que, aunque en el seno de la Corte de Garantías, haya una corriente de magistrados, encabezados por su presidente, que estén dando por segura la admisión de la solicitud formulada por Juan Carlos Campo para apartarse de la primera causa que se analiza. Y, por lo tanto, de todas las futuras que tengan que ver con la amnistía.

"Lo que no puede es tratar de asimilarse dicha petición con las recusaiones que, de manera subjetiva, terceros ajenos han presentado contra otros tres magistrados –el propio Conde-Pumpido, Laura Díez y José María Macías– por diferentes razones.

En el caso de Campo, no se trata de que en el pasado hubiese formulado declaraciones o manifestado su opinión personal sobre la amnistía, antes de adquirir la condición de magistrado del Constitucional. «Campo afirmó que en nuestro marco constitucional no cabían las amnistías» y lo hizo como «fundamento principal de la resolución que, como Ministro de Justicia» dictó para justificar, en su momento, «la concesión de los indultos» a los separatistas catalanes condenados por el procés. Esto es, sentó un precedente sobre la amnistía que tuvo «consecuencias jurídicas reales», subrayan los expertos consultados por El Debate.

Así las cosas, si Campo mantiene su postura en el tiempo, y de ahí su decisión de apartarse de la causa, «provoca que el voto de calidad de Cándido sea determinante» en la futura y eventual luz verde a la amnistía.

«Si hubiese cambiado de opinión dejaría retratado al Tribunal y pondría en evidencia cómo se cumplen las consignas» en el bloque izquierdista de la Corte, afean los especialistas. La pregunta clave para estos es, ¿se habría abstenido el magistrado si antes de serlo hubiese dicho, exactamente, lo contrario" sobre la norma que hoy, indirectamente, entra de lleno en el Constitucional?.