El PP busca poner el foco en la gestión de Illa y exige en el Senado auditar los contratos de mascarillas en pandemia

«La corrupción no es una cuestión de Ábalos y tres más; es una cuestión endémica en todo el Gobierno de Pedro Sánchez», subrayaba este sábado Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, aludiendo a la intención de su formación de ir más allá del Ministerio de Transportes, después de que se hayan auditado, por orden de Óscar Puente, actual titular de esta cartera, los contratos del ministerio durante el periodo de su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos.

Los populares quieren poner el foco en la gestión de Salvador Illa, hoy presidente de la Generalitat de Cataluña, cuando estuvo al frente del Ministerio de Sanidad. Por ello, han registrado en el Senado, y llevarán al Pleno de este miércoles para su debate y votación, una moción en la que instan al Gobierno a llevar a cabo una auditoría de los contratos de la compra de material sanitario frente al Covid que se adjudicaron durante 2020 y 2021, así como a remitir a la Fiscalía Anticorrupción «los expedientes que pudieran resultar sospechosos de irregularidades».

En el texto, al que ha tenido acceso El Debate, la formación de Alberto Núñez Feijóo recrimina al Gobierno la falta de explicaciones sobre varias cuestiones relativas, entre otras cosas, a la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas. Para empezar, el PP reprocha al Ministerio de Sanidad su incapacidad para «articular una operación de compra centralizada» para que las comunidades pudieran tener materiales de protección frente al coronavirus en medio de la crisis sanitaria de esa envergadura.

«Mientras prohibían a las comunidades autónomas comprar bajo amenaza de incautación de los materiales de protección, curiosamente, durante 7 días (entre el 16 y el 23 de marzo), la Dirección General de Cartera Básica de Servicios y Farmacia del SNS dejó en suspenso las atribuciones del INGESA respecto a las compras. En esos días, procedió a la adquisición de materiales como mascarillas, textiles o respiradores por importe de 273 millones de euros, a una serie de empresas chinas sin domicilio conocido», explica el partido, que subraya que hoy se sabe que el 20 % de las adjudicaciones que hizo Sanidad — entonces con Illa al frente— entre marzo y junio de 2020 «recayeron en empresas con domicilio desconocido». Como también se conoce que, como apunta, se hicieron compras con sobreprecio y también se adquirieron materiales defectuosos que nunca se devolvieron.

Pero además, la formación remarca asimismo que cuando ya no había problemas en el mercado para conseguir comprar este tipo de productos, Sanidad puso en marcha un Acuerdo Marco «por importe de 2.500 millones de euros, con un grado de ejecución inferior al 7 %». Este —detalla el PP en su moción— contó con 72 empresas adjudicatarias que no se hicieron públicas entonces, entre ellas Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., relacionada con la trama Koldo, ya conocida como caso PSOE por el alcance de esta causa que se investiga en los tribunales. Los populares destacan que esta empresa «fue incluida en el último momento» a petición de Illa.

Así, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, recalca que la actual ministra de Sanidad, Mónica García, debe cooperar con la justicia. «La auditoría en los contratos es muy importante, por lo que exigimos a la ministra que permita poner luz ante la sombra de la corrupción que acorrala al Gobierno en la gestión de la pandemia», señala la senadora en declaraciones a El Debate. García califica de inexplicable que el Ejecutivo de Sánchez no haya proporcionado todavía información alguna sobre las adjudicaciones a esas 72 empresas ni tampoco sobre cuáles fueron «los métodos empleados» para esas adjudicaciones.