Multas ridículas por tener droga, desprotección de la policía y otras secuelas de la cesión del PSOE ante Bildu

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana que el Gobierno de Pedro Sánchez dejó en manos de Bildu este jueves supondrá importantes cambios en el día a día de los ciudadanos, sobre todo porque la reforma abre las puertas a los delincuentes y encierra a los agentes de policía en una maraña de limitaciones.

A los ya conocidos cambios acordados este jueves como la prohibición del uso de las pelotas de goma en las algaradas, la imposibilidad de realizar devoluciones en caliente en las fronteras y la posibilidad de insultar y desobedecer al gusto de los radicales a los agentes de la autoridad, se suman también los cambios que ya habían pactado la legislatura pasada los partidos de izquierdas con el PSOE y con el PNV.

Así, el nuevo texto rebaja las multas por tenencia de cannabis y otras sustancias de grave a leve, por lo que la sanción por tenencia pasa de 601 a 30.000 euros a la horquilla de 100 a 500 euros. Del mismo modo, se modifica también la sanción por cultivo de plantas de cannabis y otras sustancias visibles al públicos, por ejemplo en balcones y terrazas, y ahora solo se podrá sancionar cuando el cultivo sea accesible al público.

Otro de los artículos suprimidos es el que hace referencia a la advertencia legal y posible sanción por desobediencia de las trabajadoras sexuales que ejerzan en la vía pública, aunque «no así a los demandantes de servicios sexuales en la vía pública que seguirán siendo sancionados». Además, se elimina como infracción el exhibicionismo, «por lo que la práctica del nudismo queda más protegida».

Manifestaciones

Otro de los principales cambios que supondrá la nueva ley de Seguridad Ciudadana afecta principalmente a una de las actividades que más le gusta a la izquierda abertzale, las manifestaciones.

El texto consensuado con Bildu retoma el acuerdo para suprimir la sanción grave por perturbación grave en reuniones o manifestaciones frente al Congreso, Senado o asambleas legislativas autonómicas, lo que da alas a los 'Rodea el Congreso' que tanto gustan a Podemos.

En este sentido, se incide en que en ningún caso la ausencia de comunicación previa puede impedir el ejercicio del derecho a la manifestación, siempre que sea de forma pacífica, lo que facilita mucho más la organización de algaradas callejeras, que siempre comienzan con manifestaciones pacíficas que ya no requerirán de presencia policial.

La ley contemplará que sea de un máximo de dos horas el tiempo de identificación de una persona, «salvo causa excepcional hasta seis horas». La identificación en comisaría, además, debe ser «excepcional y una vez concluida la persona identificada será devuelta al lugar desde el que fue conducida a comisaría».

De esta forma, sobre todo en las zonas rurales, hará mucho más fácil la acción delincuencial ya que en muchas localidades la comisaría o el puesto de la Guardia Civil se encuentra más alejado de ese margen de dos horas que otorga la ley.

Policías con las manos atadas

Por su parte, los policías deberían estar identificados debidamente ante los ciudadanos, siendo lo contrario causa de infracción disciplinaria. Sobre los agentes, además, Sumar dice que «se modifica el criterio casi absoluto de veracidad» de sus testimonios a la hora de imponer multas, exigiendo en adelante «lógica, coherencia y razonabilidad de la declaración o denuncia que conste en el acta o atestado». De esta forma se anula el principio de autoridad de los agentes y las denuncias se quedan en un «tu palabra contra la mía».

Otro aspecto que regulará la futura norma es el de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán avisar antes de adoptar medidas de intervención o disolución a las personas afectadas de manera verbal claramente audible, un punto sobre el que ya existía consenso antes y que ahora se retoma.

El acuerdo contempla que no sea sancionable la mera toma o difusión de imágenes de la actuación de los agentes, uno de los aspectos más criticados por sindicatos policiales. Pero sí se atiende que, en caso de que el uso o difusión de las mismas afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias, se deba motivar la incoación de un procedimiento sancionador.