Todo el aparato de Sánchez no consigue detener al juez Peinado ni el caso Begoña

El primer aniversario de la matanza perpetrada por Hamás contra Israel no fue un buen día para Pedro Sánchez ni, sobre todo, para su mujer. La Audiencia Provincial de Madrid respaldó —aunque acotándola— la instrucción del juez Juan Carlos Peinado por segunda vez en poco más de cuatro meses. La Complutense decidió suspender el máster que le quedaba a Begoña Gómez, el de Dirección de Captación de Fondos para ONL (Fundraising), por falta de alumnos matriculados. De forma «sorpresiva y unilateral», según ella.

A mayores, el grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid anunció que llamará a declarar a la mujer del presidente en la comisión de investigación sobre el posible nepotismo de la Universidad. De hecho, será la primera en comparecer, algo que el PSOE se tomó como una declaración de guerra: «No podrían haber elegido peor camino», replicaron en Ferraz. Para colmo, la Guardia Civil detuvo por fraude a la Hacienda Pública al empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del caso Koldo, que figura en los informes del caso Begoña por varias reuniones que mantuvo con esta. Aprovechando que tenían como amigo común al CEO de Globalia, Javier Hidalgo.

«Hoy ha sido un mal día y un varapalo para la familia Sánchez-Gómez», sentenció la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. «Sánchez lo ha intentado todo. Ha desprestigiado al juez instructor. Ha puesto a sus ministros a defender a su mujer. Ha enviado al fiscal general del Estado a presionar. Ha utilizado a la Abogacía del Estado como si fueran abogados de la familia… Y nada ha servido: hay caso», añadió el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, en la red X.

Puede ir a peor

Y todo es susceptible de empeorar para el matrimonio presidencial este martes: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decide si admite a trámite la querella por prevaricación que Sánchez presentó contra el juez Peinado en verano, utilizando a la Abogacía del Estado para ello. Primero, por citarle como testigo en la causa que instruye contra su mujer sin motivarlo. Segundo, por no dejar que el presidente declarara por escrito, lo que motivó que lo hiciera en la Moncloa.

La decisión está en manos de los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ madrileño. La Fiscalía Provincial de Madrid se ha mostrado a favor de que la querella sea admitida a trámite, pero ello no presupone el desenlace. El PSOE lo ve tan poco claro que se ha puesto la venda antes de la herida, haciendo énfasis en que el ponente de la resolución es el magistrado Francisco José Goyena, quien vio indicios de revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Para no haber caso y llevar seis meses «pedaleando en la nada», como repiten incesante el presidente y sus ministros, la investigación del magistrado instructor avanza y ya se prepara para ampliar la causa al software de la Complutense del que, supuestamente, la esposa de Sánchez se apropió indebidamente.

Por el contrario, la estrategia de la Moncloa contra Peinado hace agua. El Gobierno ha intentado por dos veces que la Audiencia Provincial de Madrid archivara la investigación y lo único que ha conseguido es que los magistrados de la Sección 23 den dos espaldarazos al vilipendiado juez. Al que, la semana pasada, los socialistas llegaron a acusar de haber hurtado información a la Audiencia Provincial de Madrid para estirar su «investigación prospectiva» al menos un más. En concreto, la demanda del abogado de Begoña Gómez. Cuando todo apunta a que se trató de un error del letrado de la administración de justicia.

«Es un capítulo más, ya nada sorprende a nadie. Toda la seguridad de que tanto la justicia como la verdad confirmarán lo que siempre hemos mantenido, que no hay caso», vaticinó la semana pasada la portavoz del Ejecutivo en la sala de prensa de la Moncloa. A su lado, el ministro del Interior, juez en excedencia, defendió el derecho del poder ejecutivo de criticar las decisiones del judicial. Es «salud democrática», sostuvo Fernando Grande-Marlaska.

Seis días después, la Audiencia Provincial de Madrid avaló este lunes dos de las tres líneas de la investigación del instructor. Por un lado, la relativa a los contratos millonarios que obtuvo el empresario Juan Carlos Barrabés de hasta seis ministerios distintos coincidiendo con su relación con la mujer del presidente (hay una parte que asumió la Fiscalía Europea porque afecta a fondos europeos). Por el otro, lo concerniente a la relación entre esta y la Universidad Complutense. La única línea que la Audiencia considera ciega es la del rescate a Air Europa, propiedad de Globalia.

La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid fue adoptada por tres magistrados. La del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de este martes recae sobre seis. Son nueve en total. Y, en paralelo, hace apenas dos semanas tres tribunales —el Supremo, el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Madrid y el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid— avalaron las investigaciones periodísticas sobre Begoña Gómez y José Luis Ábalos.