La trama Koldo comprometió a guardias civiles para asegurar los negocios corruptos de Aldama en el Gobierno

Las investigaciones de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO ) de la Guardia Civil asignados a la Operación Delorme, conocida como 'caso Koldo' o 'caso PSOE' han puesto sobre la mesa del juez instructor, Ismael Moreno, los ingredientes de una «organización criminal» de tipo «económico», que captó guardias civiles y contactos en Interior para garantizar el éxito de sus negocios opacos.

Una estructura en la que el empresario Víctor de Aldama, de la mano del hombre de confianza de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, campó a sus anchas en el Ministerio de Transportes como «nexo corruptor» de la estructura con la que comprometió no sólo la política del Gobierno socialista sino, también, se aseguró de contar con la colaboración de varios guardias civiles que, según las pesquisas, recibieron pagos en efectivo para controlar la impunidad del entorno de la trama y proporcionarles móviles encriptados para ocultar las comunicaciones.

El presidente del Zamora Fútbol Club, Víctor de Aldama, de la mano del comandante Rubén, el guardia civil implicado en la red de compraventa irregular de material sanitario en pandemia, logró «infiltrar» su estructura societaria hasta las entrañas de, al menos, los Ministerios de Transportes e Interior, dirigidos por Ábalos y Fernando Grande-Marlaska, contando con recursos del Estado para fines personales de su faceta como empresario.

Tal es así que los investigadores han identificado una conversación en la que Koldo se interesó a través del comandante Rubén Villalba, el guardia civil detenido, por si los móviles del presidente Pedro Sánchez, pudieran haber sido 'pinchado'. Es decir, si el líder de los socialistas estuviera siendo objeto de escuchas o de seguimientos. Una petición que, de manera similar, se le trasladó en relación al terminal de su entonces jefe el ministro de Transportes José Luis Ábalos, del que Koldo era asesor. A ambas cuestiones, que «revestían un carácter de alta sensibilidad», Villalba contestó con una negativa a la posibilidad de ayudar.

«En una ocasión llegó a pedirme si el teléfono del presidente del Gobierno y el que fue ministro de Fomento José Luis Ábalos estaban pinchados a lo que se le dijo que no podíamos hacer nada», confesó el comandante de la guardia civil tras ser arrestado por sus compañeros de la policía judicial.

Sin embargo, el comandante imputado en la trama sí desveló en otra de las comunicaciones que han sido reflejadas por la UCO en su informe, de más de 87 páginas, que el último director de la Guardia Civil Leonardo Marcos, recientemente destituido, fue quien supuestamente le dio el soplo de que los miembros de la organización criminal de Aldama estaban siendo investigados.

Así las cosas, la presunta red delictiva no sólo habría colonizado el Departamento de Ábalos con la ayuda de Koldo sino que, también, y como ya venían apuntando algunos de los altos cargos del Ministerio, citados a declarar por el juez Moreno en la Audiencia Nacional, se habría extendido en Interior, de la mano de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Al propio Villalba se le incautaron varios dispositivos electrónicos, durante la entrada y registro de su domicilio, de los que se ha podido extraer información sensible sobre la operativa de la trama corrupta con la que colaboraba. Tal es así que recibía pagos periódicos de cerca de 2.000 euros «recurrentes», en efectivo, por su papel activo en la organización. Una papel que sería reforzado, con el tiempo, a través de un «conjunto robusto de elementos que evidencian el poder de Aldama , el cabecilla del organigrama para «lograr la infiltración de la presunta organización criminal dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, valiéndose de la colaboración activa de Rubén» Villalba.

Y es que según las pesquisas, fue el propio Koldo quien, en 2019, puso en contacto al socio principal de la empresa Soluciones de Gestión con el comandante de la Guardia Civil, de nombre Rubén, detenido en la Operación Delorme –que da origen a las diligencias judiciales en curso– con el que Koldo «mantenía una relación previa». Un detalle que, de acuerdo con el documento policial, «refleja una continuidad temporal que trasciende a la mera gestión de los contratos sanitarios que dieron origen» a las irregularidades que se están rastreando.

A lo largo de las más de ochenta páginas, se pone de relieve, además, «de manera inequívoca (...) el rol central que desempeñaba Aldama en el entramado corrupto. Aldama personifica el nexo corruptor que conecta, de manera premeditada y con intenciones claramente espurias, la administración estatal», en este caso el Ministerio de Transportes de manera inicial, «con las estructuras societarias que operan bajo su control y dirección».

Unas empresas que, de acuerdo con las conclusiones de la UCO «no sólo le proporcionan beneficios económicos directos derivados de la penetración» en el Departamento bajo la responsabilidad de Ábalos, sino que «también son utilizadas como vehículos para efectuar pagos ilícitos, o dádivas, en aras de asegurar la complicidad de ciertos trabajadores públicos».