Las prisas de Sánchez
El Congreso ignora el veto del Senado y da por aprobada la ley Txapote sin convocar otro pleno
Es la respuesta de la Mesa de la Cámara Baja, presidida por Francina Armengol, al intento del PP de alargar la tramitación de la norma haciendo que volviera al Congreso
La Mesa del Congreso ha hecho oídos sordos al veto del Senado a la polémica reforma de la ley orgánica 7/2014, más conocida como ley Txapote porque acortará la estancia en prisión de éste y otros más de 40 etarras, al permitirles descontarse las penas cumplidas en Francia. Es más: no considera que haya un veto de la Cámara Alta, puesto que ni el PP ni Vox enmendaron ni vetaron la norma en plazo.
En la práctica, esto supone que Francina Armengol se niega a convocar un pleno en el Congreso para levantar el veto en el Senado. Por el contrario, da por terminado el recorrido parlamentario de este proyecto de ley y lo considera listo para su publicación en el BOE y entrada en vigor.
Ello, a su vez, abre la puerta a un nuevo conflicto de atribuciones entre ambas cámaras legislativas, en la línea del que ya mantuvieron durante la tramitación de la ley de amnistía.
La decisión del órgano de gobierno de la Cámara Baja, controlado por el PSOE, es la respuesta a la maniobra que el lunes efectuó el PP en la Cámara Alta. En un giro de guion, el presidente del Senado, Pedro Rollán, esgrimió un informe de los letrados para justificar que el voto en contra de la mayoría absoluta equivalía a un veto, y que por tanto la norma debía volver al Congreso para que levante el veto. «Se considera que, aunque no ha habido enmiendas ni veto en la Comisión, el pleno del Senado ha vetado por mayoría la ley, por lo que vuelve al Congreso», resumieron desde la Cámara.
Ello, a su vez, indignó a los socialistas. De hecho, estos han presentado un escrito a Rollán en el que cargan contra la letrada mayor del Senado, autora del informe esgrimido por los populares para dar por vetada la norma. El PSOE acusa a Sara Sieira de hacer «una clara dejación de sus funciones de asesoramiento imparcial a todo el Senado en su conjunto, como cabe esperar del cumplimiento del Reglamento de la Cámara Alta y del Estatuto del Personal de las Cortes Generales».