El PP, al Gobierno: «Márchense antes de que «el 1» acabe con todo»

El Senado acoge este martes una nueva sesión de control al Gobierno, donde la mayoría de preguntas que desde la oposición formularán a los ministros están centradas en los casos de corrupción que cercan a los socialistas y al entorno del presidente del Ejecutivo.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, le ha preguntado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, si sabe si Pedro Sánchez ha comunicado a su núcleo duro si va a dimitir. A lo que la número dos del Gobierno ha respondido acusando a los populares de inventar noticias y tratar de «judicializar» la política y ha aludido a la «máquina del fango»: «Por mucho que se empeñen, quiero decirles que este Gobierno va a agotar la legislatura, les queda legislatura para rato», ha señalado Montero.

«Usted sí sabe que «el 1» –en alusión a Sánchez– está acabado, que debió presentar su dimisión hace mucho tiempo. (...) Todo el mundo sabe que los del clan del Peugeot ahora ya son los chicos de oro de la trama», le ha espetado García en su contrarréplica. «Márchense antes de que «el 1» acabe con todo». Montero ha arremetido contra la oposición, a la que ha calificado como «destructiva», y le ha recriminado la querella que los populares presentaron contra el PSOE la semana pasada; al mismo tiempo, ha enumerado casos de corrupción del PP: «Contundencia, señorías», le ha pedido a la bancada popular, en línea con el argumentario que traslada Ferraz especialmente en las últimas semanas.

La siguiente pregunta del PP ha ido dirigida a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para saber si respalda a su socio ante los casos de corrupción que le acorralan: «La corrupción es corrupción la practique quien la haga. Yo no respaldo la corrupción en ninguna parte», ha afirmado Díaz. La senadora María Salom le ha replicado que la corrupción «en su Gobierno está destruyendo lo público»: «¿Qué hace usted para evitarlo?», ha incidido, afeándole que no haya pedido explicaciones a Sánchez. Díaz ha vuelto a retar a los populares ha presentar una moción de censuras: «Preséntenla y democráticamente busquen los votos».

El senador José Antonio Monaga ha interpelado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por el Delcygate. El popular ha explicado que la número dos de Maduro pisó suelo español en 2020 y el Gobierno «montó un despliegue de maniobras» para tratar de ocultar la naturaleza de la visita, y ha recordado que el informe de la UCO desvela que Sánchez, pese a que dijo no conocía esa visita, fue informado de ello días antes y autorizó al ministro Ábalos, y también que Delcy y Aldama «negociaron la venta de 104 barras de oro venezolano». «¿Tiene usted algo que decir?», le ha insistido. Albares ha eludido el caso Delcy y ha presumido de tener «un PSOE internacional y de política exterior como nunca» en su historia.

«Acoso» al juez Peinado

Por el «acoso judicial y político» al juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso de Begoña Gómez, también le ha preguntado el PP al Gobierno. La senador María José Pardo le ha recriminado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que el Gobierno haya presentado hasta tres querellas para «blindar» a Begoña Gómez y que haya utilizado las instituciones del Estado, como la Fiscalía y la Abogacía del Estado, «convertida en el bufete defensor de la familia Sánchez Gómez».

Pardo ha subrayado lo «inusual» de que la mujer del presidente esté imputada y no dimita, que también lo esté su hermano, que el fiscal general del Estado también lo esté y se aferre al cargo, o que haya 10 ministerios salpicados por la trama Koldo y no haya ninguna dimisión. «Respeten a los jueces, pidan perdón al juez Peinado y váyanse por salud democrática», le ha espetado. Bolaños ha respondido echando en cara al PP su actuación ante los casos de corrupción que salpicaron a su partido en el pasado, y ha sostenido que el PSOE responde «con transparencia, colaborando con la Justicia y aportando pruebas».

El senador del PP Juan José Sanz Vitorio, ha preguntado al ministro de Transportes, Óscar Puente, si su ministerio es «el centro de la subcontrata de la corrupción del Gobierno», a lo que Puente ha respondido acusando al PP de «subcontratar la acción de oposición con los jueces» y con los «pseudomedios» que, ha dicho, «les fabrican esas realidades paralelas», y se ha escudado subrayando que ha ordenado una auditoría de su ministerio por el caso Koldo.

También se han abordado otros asuntos, como la guerra en Oriente Medio, por una pregunta formulada por el senador de Bildu Gorka Elejabarrieta. O la inmigración ilegal y la situación crítica en Canarias, por una pregunta del senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo, que ha recriminado al Gobierno sus políticas migratorias entre otras cosas por la inseguridad en los barrios y ha instado a la devolución de los inmigrantes ilegales a sus países de origen. También, el acuerdo con Bildu para reformar la ley de seguridad ciudadana, por una pregunta de la senadora de UPN María Mar Caballero y otra del popular Juan Manuel Ávila.

La ley de seguridad ciudadana con Bildu

En este sentido, Caballero le ha preguntado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si cree que el partido de Otegi es el interlocutor más adecuado para pactar esa reforma legal. «Tenga memoria. No desarmen a los policías porque se lo pidan los de la kaleborroka. Es un regalo sin parangón sentarse con ellos a negociar este tema», le ha espetado a Marlaska. El ministro ha sostenido que la modificación de la ley va a «garantizar y dar seguridad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

El senador del PP también le ha recriminado ese pacto con Bildu, denunciando su «traición» a las víctimas: «¿Qué ha cambiado para que ese juez que encarcelaba a los etarras se haya convertido en un ministro indecente que pacta con Bildu para sacarlos ahora de la cárcel? ¿Qué ha cambiado de ese juez que protegía a nuestros guardias civiles y policías y pone hoy su seguridad en manos de los herederos de sus verdugos?». Marlaska ha defendido que es «regeneración democrática» reformar la ley de seguridad ciudadana.