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El juez García-Castellón

El juez García-CastellónEFE

Tribunales

El Supremo admite la demanda del juez García-Castellón contra Ione Belarra por llamarle «corrupto»

La Sala Primera del Alto Tribunal ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie, tras admitir la competencia del órgano para pronunciarse

La Sala Civil del Supremo ha admitido la demanda para la tutela del derecho al honor presentada el pasado mes de septiembre por el magistrado jubilado Manuel García- Castellón contra la diputada Ione Belarra, del partido Podemos, y ha acordado sustanciarla por los trámites del juicio ordinario.

En un auto que ha sido notificado, este viernes, a las partes, el Alto Tribunal, acuerda emplazar tanto a Belarra como al Ministerio Fiscal, con traslado de la demanda y documentación acompañada, para que la contesten en el plazo de 20 días hábiles, dado que el procedimiento tendrá tramitación preferente. Antes de la admisión, el Ministerio Fiscal se pronunció a favor de la competencia del Supremo para conocer de la demanda.

En un segundo auto, los magistrados también han aceptado la ampliación de demanda que presentó García-Castellón en un segundo escrito. Cabe recordar que el que fuera juez de la Audiencia Nacional incluyó nuevos hechos al primer escrito que interpuso contra la líder de Podemos por llamarle «corrupto» y prevaricador, solicitando que se le indemnice con 240.000 euros al considerar que esos comentarios le han «generado un daño moral».

En el escrito dirigido al Supremo, el exmagistrado explicó que sumaba a su demanda inicial las declaraciones posteriores vertidas contra él por Belarra, persistiendo en la misma línea de insultos, después de que éste anunciase que emprendía acciones legales. En concreto, y desde la tribuna del Congreso de los Diputados, donde la dirigente de Podemos le acusó de hacer la «guerra sucia» contra quien dice «la verdad».

García Castellón pide al Alto Tribunal –al que se dirigió por la condición de aforada de Belarra como parlamentaria– que declare que las publicaciones que la exministra posteó en redes sociales «constituyen una intromisión legítima en el derecho al honor».

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