El Gobierno no ha informado al Rey de la posición de España con Venezuela ni del asilo de Edmundo González

Ya pasó con Marruecos y el Sáhara y vuelve a pasar con Venezuela: el Gobierno de España no despachó formalmente con el Rey asuntos relevantes y de su incumbencia constitucional y ha ido adoptando decisiones sin informar al Rey, pese a que le compete la «más alta representación del Estado», según el artículo 56 de la Constitución española.

El documento al que ha accedido El Debate, de fecha 11 de octubre y con número 01-00095620, firmado por Sergio Cuesta Francisco, director de Gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, evidencia que el Gobierno no ha informado ni despachado con el Rey Felipe VI sobre la situación actual de Venezuela, la negativa de Sánchez a reconocer como legítimo ganador a Edmundo González o el extraño asilo concedido a éste.

Todo ello entre sospechas fundadas de complicidad con el régimen de Nicolás Maduro para ayudarle a librarse del ganador de las Elecciones, con la mediación de Zapatero, con una operación de destierro ejecutada en la embajada de España en Caracas en la que se obligó a González a renunciar a su papel institucional para poder marcharse.

En aquel encuentro, cuya organización se achaca al expresidente socialista por su estrecha relación con Maduro, estuvieron presentes Delcy y Jorge Rodríguez, hermanos y dirigentes del máximo rango en el Régimen chavista.

Al respecto del asilo concedido a González para rematar esa operación de exilio, la opacidad del Gobierno es absoluta. El ministro solo ha detallado que se realizó por «razones humanitarias», y ha insistido en que la idea de González de solicitar asilo «ha sido personal y libre suya», tal y como él mismo ratificó en un comunicado, aunque luego sus propios hechos lo han desmentido al denunciar presiones y anunciar su disposición a conseguir en enero la investidura.

Felipe VI no tiene constancia oficial de la política de Sánchez sobre Venezuela, en otro episodio similar al vacío sobre el Sáhara

Sin embargo, si hay una persona clave que conoce los entresijos de esta historia es José Luis Rodríguez Zapatero que, según el mismo ha reconocido, participó «en la tarea de facilitación» para que el líder opositor venezolano y ganador de las elecciones del 28 de julio, Edmundo González, pudiera venir a España.

No obstante, Albares se ha negado también a responder a este medio a las preguntas acerca de la intervención de Zapatero. El Ejecutivo, que ha manifestado que «aprecia y valora» las gestiones que desde hace «mucho tiempo» viene realizando el polémico expresidente Zapatero, ha rehusado a aportar a El Debate la copia de las comunicaciones intercambiadas por él con Moncloa y el detalle de las reuniones mantenidas con él.

Así, a tenor de los documentos que tiene en su poder El Debate, parece que el expresidente estaba mucho más al corriente de la situación del opositor venezolano que el Rey Felipe VI, pues según Exteriores, «no cuenta con documentación» ni se ha despachado con él, menospreciando la figura del Rey que conforme al artículo 56 de la Constitución asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales y especialmente con las naciones de su comunidad histórica.

La salida de Edmundo

El opositor venezolano Edmundo González tuvo que salir de su país rumbo a España después de que el régimen chavista no reconociera los resultados electorales que acabarían con la dictadura de Maduro.

Insultos, amenazas, tres notificaciones de la Fiscalía chavista y la orden de detención por conspiración y otros delitos, terminaron con su salida del país a marchas forzadas.

Primero se refugió en la residencia del embajador neerlandés, para pasar después a la del español, pero al ver que la situación no iba a mejorar decidió marcharse de Venezuela poniendo rumbo a España.

A pesar de que Edmundo Gonzáles denunció las amenazas y coacciones, presuntamente proferidas por Delcy Rodríguez y su hermano Javier, y sufridas dentro de la Embajada de España en presencia del Embajador, este periódico ha preguntado a Albares sobre tales extremos, sin que por el momento el ministro haya respondido al cierre de esta noticia.

Asimismo, Albares tampoco ha querido responder a este periódico acerca de las razones por las que Sánchez no reconoce a Edmundo González como ganador de los comicios y Presidente electo de Venezuela, una vez se han hecho públicas por la Fundación Carter las actas que prueban su victoria inapelable.

El destierro de Edmundo favoreció a Maduro y se suma a otros episodios como el de Delcy con Ábalos o al del embajador Morodo

El Centro Carter presentaba el pasado 2 de octubre, ante la Organización de Estados Americanos, las «actas originales» de las elecciones en Venezuela que demuestran la victoria del líder opositor Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro. En concreto, los datos «demuestran que Edmundo González ganó más del 67 % de los votos y Nicolás Maduro obtuvo el 31 %».

Aun así, la tensión entre el Gobierno español y Venezuela se ha disparado en apariencia, sobre todo después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, calificase al gobierno de Maduro de «dictadura» y de que el Congreso de los Diputados instara al reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo.

Además, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha afirmado que ve motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió «crímenes de lesa humanidad» antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, marcadas por la persecución de opositores y la represión de las protestas.

Por ello, en el marco del foro internacional World In Progress, organizado por el Grupo Prisa en Barcelona. Edmundo González ha hecho un llamamiento a las democracias del mundo para que presionen al régimen de Nicolás Maduro, pues «el apoyo internacional es fundamental» para una transición democrática. «Al mundo entero le conviene una Venezuela democrática», sentenció.

De hecho, el líder ha insistido en que su salida de Venezuela «es temporal» y que se considera una víctima más de «esta migración forzada». Es más, aspira a regresar al país el 10 de enero, momento en el que está fijada la toma de posesión, pues aspira a que «se cumpla la voluntad de 8 millones de venezolanos».

La extraña actitud del PSOE

Al arrinconamiento del Rey y la colaboración de la embajada española en la expulsión de Edmundo González se le añaden otros capítulos de complicidades entre el PSOE y Maduro muy llamativos y, como los presentes, sin una explicación razonable.

En un clima de constantes ataques de Maduro a España por la decisión de reconocer en el Congreso a Edmundo González como presidente legítimo, en contra de la posición de Pedro Sánchez que sí corrió a reconocer el Estado Palestino, dos episodios recientes se suman a esa «conexión venezolana» del PSOE.

De un lado, se ha confirmado el cobro de comisiones a la empresa petrolera de Caracas por parte de Raúl Morodo, embajador español en tiempos de Zapatero y de su estrecha confianza, con la asunción por su parte ante el juez de la comisión de un delito de fraude fiscal.

La asunción por parte de Morodo y de su hijo Alejo de ese delito ante la Hacienda española no esconde lo sustantivo del asunto: trabajaron para una sociedad pública controlada por Maduro y cobraron por ello 4.5 millones de euros en apenas dos años, sin declarar el ingreso en España para ahorrarse el pago de más un millón de euros en tributos.

Morodo entabló relación con la compañía más potente del Régimen chavista cuando fue nombrado por Zapatero para el cargo y, una vez destituido, montó con su hijo esa «consultoría».

El otro caso de conexión íntima con Maduro está de plena actualidad al trascender que Pedro Sánchez conoció de antemano la visita de Delcy Rodríguez a España, algo que negó en el pasado y ahora asume en pleno estallido del «Caso Ábalos».

La número dos del Régimen chavista se reunió con el entonces número dos del PSOE en el aeropuerto de Barajas, pese a tener prohibida la entrada en el espacio europeo, y con el empresario Víctor de Aldama, hoy en prisión preventiva por un presunto fraude masivo en la compra de hidrocarburos y sospechoso de ser el gran intermediario con Koldo García en la venta de mascarillas a Administraciones socialistas y en el millonario rescate de Globalia, donde también aparece el nombre de Begoña Gómez como receptora de ayudas de la compañía auxiliada por su marido.