La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador
La jueza cita a declarar como imputado al novio de Ayuso por fraude fiscal el 29 de noviembre
Alberto González Amador declarará por los supuestos delitos de defraudación tributaria y de falsedad de documento mercantil
La jueza Inmaculada Iglesias ha citado a declarar a Alberto González Amador en calidad de investigado el próximo 29 de noviembre por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil en relación a un supuesto fraude fiscal, los que le imputaba la Fiscalía. Pese a que está pendiente que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre el recurso planteado por los abogados del empresario madrileño contra la decisión de la juez de ampliar el expediente, la magistrada Iglesias ha decidido avanzar en el causa abierta contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Cabe recordar que las comparecencias estaban previstas el pasado 24 de junio pero se aplazaron a instancias de la acusación popular que representa al PSOE y Más Madrid tras solicitar en un escrito que se investigaran cinco nuevos supuestos delitos a raíz de analizar un informe de la Agencia Tributaria que consta en el procedimiento.
La investigación en relación a un presunto fraude fiscal se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que, al parecer, no se corresponderían con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de aminorar la cuota tributaria a satisfacer.
El departamento de Delitos Económicos de la Fiscalía abrió entonces unas diligencias preliminares sobre los hechos, a partir de un informe previo de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse, durante una investigación de oficio, «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades».
«Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021», recoge la denuncia del fiscal.
El pasado 22 de enero, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce «determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito».
El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar «un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer».
En el auto de apertura de diligencias, la jueza razonaba que supuestamente y «como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros».
Esgrimía que dichas conductas están tipificadas con «delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal».
