Teresa Ribera tendrá que apartarse en Europa de la causa de los impagos de España a las renovables

En el marco de la audiencia que este martes dirimió la «competencia» de Teresa Ribera como candidata a comisaria europea, la todavía ministra de Transición Ecológica fue preguntada en la Eurocámara por la controversia derivada del impago de los laudos renovables por los que ha sido condenado nuestro país, en el CIADI del Banco Mundial.

La todavía vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez reconoció en Bruselas que no podrá inmiscuirse en la toma de decisiones sobre esta cuestión y deberá apartarse ante cualquier deliberación europea dedicada al asunto, si finalmente consigue sortear todos los escollos con los que se está encontrando para acceder al cargo de comisaria de la UE, bloqueado por el Partido Popular tras su pésima gestión de la DANA de Valencia, como máxima responsable tanto de la Agencia Meteorológica Estatal (AEMET) como de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Es tal el interés que genera este tema en el entorno comunitario que éste fue el primer asunto por el que se preguntó a Ribera, durante una larga audiencia de más de tres horas.

«Es fundamental que un comisario que asume la cartera de Competencia sea imparcial y neutral. De lo contrario, su papel independiente puede quedar condicionado. ¿Cómo tiene previsto resolver los conflictos de interés que puedan surgir durante su mandato? En este sentido, la Comisión Europea ha iniciado una investigación sobre la retirada retroactiva de las primas renovables. Vd. ha estado inmiscuida en esta cuestión como ministra. ¿Cómo puede garantizar su neutralidad cuando deba lidiar con estos temas?», arrancaba el eurodiputado alemán Markus Ferber en su batería de preguntas a la dirigente socialista.

Ribera, por su parte, quiso «recalcar que, por supuesto, prestará la máxima atención posible al hecho de mantener una gestión independiente» y afirmó que tomaría en cuenta «otros elementos que garantizan una toma de decisiones equilibrada, basada en las opiniones colegiadas que se toman junto al equipo técnico y los asesores económicos y jurídicos».

La todavía vicepresidenta y ministra se refirió después al asunto de los laudos: "Como Vd. sabe, es un caso importante. Y, si hay cualquier miedo a un posible conflicto de interés, el asunto se podrá elevar a la Presidencia de la Comisión Europea, para que se delegue la gestión del asunto en cuestión a otro miembro del equipo de Gobierno”.

En la práctica, subyace que Ribera es consciente de que las empresas afectadas pedirán su recusación y, según sus propias palabras, asume que el evidente conflicto de intereses con el que va a lidiar a la hora de abordar este asunto hará que deba dar un paso atrás y dejar la resolución en manos de otro miembro de la Comisión Europea. «Creo que esa es la forma en que tendremos que proceder si surge cualquier asunto en el que yo haya estado implicada a lo largo de mi gestión como ministra en España», apuntó.

Por su parte, Ferber usó su turno de réplica a continuación e hizo las siguientes aseveraciones: «Ha sido demasiado abstracta en su respuesta… Los inversores necesitan estabilidad regulatoria. En el caso de las renovables, las decisiones que tomó España fueron contra la confianza en el país y su capacidad de atraer capital para la transición energética. En base a ese legado, ¿cree que usted, realmente, está capacitada para atraer inversiones verdes a Europa?».

A este respecto, la candidata socialista afirmó que «España es un país atractivo para invertir» y apuntó que el problema de los laudos vino heredado de gobiernos anteriores. Después, señaló que «intentó ofrecer soluciones a los inversores, lo cual resultó útil y de ayuda».

Sin embargo, esta posición no es compartida por las empresas afectadas por el cambio regulatorio retroactivo y, algunas de ellas, consultadas por El Debate, han asegurado que el marco de resolución propuesto por Ribera fue rechazado prácticamente en bloque por la gran mayoría de ellas. Asimismo, recordaban en declaraciones a este diario que, si bien este asunto viene de gobiernos anteriores, es Ribera quien no ha desembolsado las indemnizaciones dictadas por procedimientos vinculantes de arbitraje, generando de esta forma un grave problema de inseguridad jurídica que, en casi la totalidad de los casos ha acabado judicializado.