La UCO investiga si el PSOE valenciano obtuvo mordidas de un contrato de 11,4 millones destinados a «daños por lluvias» de la Confederación del Júcar

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando si José María Cataluña, extesorero del PSOE de la Comunidad Valenciana y cabecilla del caso Azud, pactó el cobro de comisiones ilegales en un contrato de 11,4 millones de euros de la Confederación Hidrográfica del Júcar en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno. En concreto, este contrato tenía como objeto la recuperación de zonas devastadas por las lluvias intensas de la zona. El Debate publica hoy las anotaciones que los investigadores han hallado en la libreta del exjefe de las finanzas de los socialistas valencianos.

Tras el análisis de más de 8.000 correos electrónicos que obran en la investigación que está llevado a cabo el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, los agentes han encontrado un grupo de mensajes entre varios directivos de una de las constructoras investigadas por el pago de mordidas donde uno de sus directivos, bajo el asunto «Emergencias, Dirección General del Agua», escribe al otro: «Me dicen en el Ministerio de Medio Ambiente que existe una solicitud por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar de libramiento de fondos por un importe de 11.400.000 euros para atender daños causados al dominio público hidráulico por las lluvias ocurridas durante los días 11 al 19 de octubre».

Este mensaje, enviado el 23 de octubre de 2008, es de vital importancia ya que la tesis de los investigadores es que al menos una parte de los 11,4 millones pudo servir para nutrir de fondos la contabilidad paralela del PSOE de Valencia que está investigando la juez Pepa Tadoro. El correo electrónico continuaba así: «Como ya sabes, lo normal es que la propuesta de adjudicatario para la emergencia la propongan las Confederaciones». A este mensaje su interlocutor responde: «Mañana mismo llamo a Moragues». La persona a la que hacían referencia, según los agentes, es Juan José Moragues, presidente de la Confederación del Júcar durante los dos periodos de Gobierno de Zapatero.

En el momento de los hechos, Moragues no sólo era el responsable de la oficina estatal encargada de los ríos valencianos sino también presidente de la mercantil pública Aguas del Júcar SA y Consejero de Acuamed, dependiente de Medio Ambiente. La labor de los agentes de la UCO está consistiendo en indagar en las anotaciones que han encontrado en las agendas personales del tesorero Cataluña. De hecho, en el momento en que practicaron el registro policial en su vivienda hallaron un documento titulado «Adjudicación sin IVA Tramo E» y seguidamente se enumeraban las comisiones que iban a pagar las empresas adjudicatarias de un contrato de la Confederación del Júcar.

En vez de usar la palabra mordida se decía «condición de adjudicación». Según estas anotaciones, cada constructora tenía que abonar un 5,03 % del total del importe en concepto de comisión ilegal. Este contrato en concreto era para la ejecución de las obras del nuevo trazado Júcar-Vinalopó. De las dos empresas a las que se le encargó el trozo de la obra a la que se hacía referencia en las notas del sobre, la primera de ellas pagó 1,4 millones en mordidas y la segunda 600.000 euros. Además de desvío de fondos públicos, los investigadores han interceptado el pago de favores políticos en forma de regalos entre los que se encuentran relojes de lujo.

Tal y como ha desvelado este periódico, los agentes de la UCO sostienen que el tesorero Cataluña contaba con un sistema perfectamente organizado para el desvío de parte del presupuesto de obras públicas destinadas a mejorar vías para evitar daños en el caso de riadas extremas, muy habituales en varios municipios valencianos. «Para el pago de esta comisión se habrían articulado una serie de operativas que, analizadas de forma conjunta, habrían tenido la aparente finalidad de encubrir el origen delictivo de los fondos. Firma de contratos simulados, emisión de facturación ficticia, interposición de terceras empresas ajenas al grupo empresarial o simulación de prestación de servicios», explican los agentes.

De la misma manera, explican que el último beneficiario del dinero que se desviaba de los contratos era la formación socialista: «En el caso de los fondos cuyo ulterior beneficiario sería el PSOE». De la misma manera definen el papel del tesorero como «nuclear». «Finalmente, el análisis efectuado ha evidenciado que otras actuaciones administrativas desarrolladas en el seno de Acuamed habrían propiciado pagos en beneficios del PSOE», concluye el informe.