Las números dos y tres de la Fiscalía cierran filas «al servicio» de García Ortiz tras ser imputado en el Supremo

Tanto la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde como la inspectora fiscal María Antonia Sanz Gaite están bajo la lupa de la Carrera tras conocerse la imputación de Álvaro García Ortiz en el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. La primera, por su doble papel como representante del Ministerio Fiscal ante el Alto Tribunal, donde pidió que no se investigase a su jefe; y como fiel escudero de García Ortiz a quien acompañó durante el registro de su despacho, donde se les vio manipular un teléfono móvil que podría ser prueba relevante para la causa.

La segunda, como máxima responsable de los 'asuntos internos' de la Fiscalía porque, hasta la fecha, y pese a la gravedad de todo lo ocurrido entorno a García Ortiz, por su responsabilidad en la difusión de una nota pública que aireaba datos confidenciales de Alberto González Amador –el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso– no abrió ningún procedimiento propio para esclarecer lo ocurrido y, en su caso, aplicar las correspondientes sanciones disciplinarias.

No en vano, y como consecuencia de lo anterior, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada en la causa de la Sala Segunda contra García Ortiz solicitaba a través de su abogado, José Antonio Frago, tanto que se requisasen las cámaras de videovigilancia que existen en el interior de la Fiscalía General del Estado (FGE); como, la declaración, en calidad de testigo, de la número 'tres del escalafón'.

Y es que, la continuidad del fiscal general en su cargo, pese a lo comprometido de su situación le permite «impartir órdenes a sus subordinados», por lo que «existen razones fundadas para sospechar que el Ministerio Público esté actuando en esta causa al servicio de sus intereses, en vez de promoviendo la acción de la Justicia en defensa de la legalidad», aseguraba la APIF en uno de los últimos escritos remitidos al juez Ángel Hurtado, instructor del caso.

Así las cosas, el magistrado tendrá que decidir, una vez se levante el secreto de sumario decretado para las pesquisas, sobre el material requisado, tras doce horas de trabajo, por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el despacho de García Ortiz, si le suspende cautelarmente de sus responsabilidades y si aparta a la teniente fiscal Sánchez Conde del caso, como también han instado la APIF y el propio perjudicado, González Amador.

Sobre la mesa, además, la potestad del juez Hurtado de ampliar el tiempo de averiguación de las actuaciones del fiscal general que terminaron en la polémica nota de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid sobre el novio de Ayuso. No en vano, una de las acusaciones pedía al magistrado que aumentase el barrido de la información incautada en los dispositivos electrónicos de García Ortiz desde el 20 de febrero cuando la fiscalía madrileña de Pilar Rodríguez, también investigada, remite el expediente de González Amador, por presunto fraude fiscal, a los Juzgados de Plaza de Castilla.

Cronología de un escándalo

Cabe recordar que, además, el mismo día 20 de febrero es la fecha en la que se produce la detención de Koldo García Izaguirre, mano derecha del ex ministro José Luis Ábalos y miembro de la presunta trama corrupta de compraventa de mascarillas que afecta al Gobierno –de la mano del comisionista Víctor de Aldama al que contrató Air Europa, para mediar y agilizar su rescate en pandemia, y que terminó por convertirse en financiador de alguno de los proyectos de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez-.

Una vez formalizada la denuncia, el 7 de marzo el fiscal general del Estado preguntó por mail a Rodríguez por el caso que, supuestamente, implica al novio de Ayuso y la fiscal provincial le confirma que el asunto está formalizado desde dos día antes, pero que todavía no se ha asignado Juzgado.

Así las cosas, y según ha podido confirmar El Debate, el 11 de marzo, ElDiario.es habría dispuesto de la denuncia formalizada, junto con todo el expediente completo de Hacienda, pese a que el entonces abogado de González Amador en el presunto delito tributario, no conocía la existencia de dicha actuación. De la que, las mismas fuentes consultadas, el letrado tuvo constancia oficial, a través del entonces fiscal asignado Julián Salto, dos horas después de que el citado medio digital publicase la información, el 12 de marzo.

El día 13 de marzo, apenas 24 horas más tarde, el asunto es turnado al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, pese a que el tiempo medio para la distribución de la carga de trabajo de instancia, en Plaza Castilla, es de 2 meses.