¿Por qué los etarras reconocen ahora todos los cargos que les imputan?

Atrás quedan los tiempos en los que los etarras se negaban a declarar a los juicios a los que eran sometidos porque decían no reconocer el juicio ni al tribunal que les juzgaba. Lo hacían incluso después del anuncio de 2011 del abandono de la «actividad armada», como ocurrió en el juicio a Andoni Otegi el 28 de octubre de aquel año.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, los terroristas no solo parecen reconocer al tribunal de la Audiencia Nacional, sino que aceptan las fechorías por las que son juzgados. Este lunes, sin ir más lejos, los cuatro etarras juzgados por el intento de asesinato de los periodistas Aurora Intxausti, de El País, y Juan Palomo, de Antena 3 y del hijo de ambos, lo que les puede suponer una condena de 74 años y 4 meses de prisión. El pasado 12 de noviembre otros dos terroristas, Aitor Aguirrebarrena y Asier Arzalluz también reconocían su implicación en el asesinato de José Luis López de Lacalle. La Fiscalía pide para ellos 26 años de cárcel a cada uno.

¿Ha cambiado la estrategia de ETA? ¿Por fin se han decidido a colaborar con la Justicia? Nada de eso, simplemente reconocen los hechos porque, a efectos prácticos, no les suponen ningún cambio de su condición civil.

Los cuatro etarras juzgados el lunes, por ejemplo, no regresarán a la cárcel aunque sean condenados porque ya han cumplido la estancia máxima en prisión. Dice el artículo 36 del Código Penal que «la pena de prisión tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del presente Código».

Hasta 40 años

Esos «otros preceptos» vienen recogidos en el artículo 76, donde explica que la estancia máxima en prisión puede llegar incluso a los 40 años cuando el reo esté condenado por al menos dos delitos de terrorismo y uno esté penado con más de 20 años de prisión o esté condenado por dos o más delitos no terroristas y dos de ellos sean superiores a 20 años de prisión.

En el juicio de este lunes, el propio fiscal recordaba que, pese a pedir más de 74 años de prisión, «el límite máximo legal aplicable es de 30 años de prisión para cada uno». Y los cuatro etarras que fueron juzgados este lunes acarrean, como mínimo, una condena de entre 93 y 97 años de prisión por el asesinato mediante coche bomba del ertzaina Iñaki Totorika. Incluso uno de ellos, Imanol Miner, se encuentra ya en tercer grado pese a tener una condena de casi 350 años de prisión.

Si a estas condenas ya cumplidas se les resta, además, las penas que han cumplido muchos de ellos en las cárceles francesas, a los etarras les da lo mismo reconocer los hechos que no reconocerlos. A efectos prácticos, su situación no varía.

La que fuera jefa de ETA, Soledad Iparraguirre 'Anboto', también ha reconocido su participación más de un atentado. Una condena más o menos no le va a cambiar demasiado a efectos prácticos la condena de cientos de años que ya acumula. Y a los que se pueden acumular otros tantos en la media docena de causas todavía le quedan.