El cerco al fiscal general eleva la presión del Gobierno para controlar la vacante de Marchena en el Supremo

cuando el todavía presidente de la Sala Segunda del Supremo, el magistrado Manuel Marchena, comunicó su cese irrevocable en el cargo el próximo día 5 de diciembre –tras dos legislaturas consecutivas al frente de lo Penal del Alto Tribunal y una década en el cargo– abrió, sin quererlo, una pugna por su sucesión que, por el momento, parece abocada a un callejón sin salida.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encargado de los nombramientos necesarios para cubrir esta plaza, y otras vacantes, apunta desde entonces a un empate técnico que no tiene visos de desencallar fácilmente en el corto plazo. Así las cosas, según ha podido saber El Debate, mientras los miembros del ala más conservadora cierran filas entorno al juez de mayor antigüedad y número 1 del escalafón, Andrés Martínez Arrieta quien cuenta, además, con el beneplácito de la mayoría de sus compañeros de la Sala Segunda; la candidata impuesta por el Gobierno, la magistrada Ana Ferrer obtendría los apoyos del bloque izquierdista del órgano.

Esto es, tablas. Diez votos a diez y sin que sea posible que la presidenta Isabel Perelló incline la balanza, de manera determinante, hacia ninguno de ambos lados, porque la última renovación del Consejo pactada entre PP y PSOE exige un mínimo de 13 vocales para cada candidato.

Desde Moncloa no se mueven un milímetro. Se vetó a Ferrer una primera vez, cuando la juez era la aspirante de Félix Bolaños a presidir el Consejo, pero «no habrá una segunda». Es tal el «interés», casi «obsesión» que tiene el Gobierno por «colocar» un perfil afín en el puesto que aún no ha dejado Marchena que, cada día que pasa, «aumenta todavía más la presión para lograrlo» y «sube el tono» de la apuesta, aseguran a este diario fuentes próximas a la institución.

No en vano, la Sala Segunda, donde compiten Ferrer y Martínez Arrieta tras conocerse que Marchena no seguiría en ningún caso, ni en situación de interinidad, es donde se decidirán, en los próximos meses, cuestiones clave desde el punto de vista político. Llegado el caso, las actuaciones de la Sala Penal del Supremo podrían acabar apartando al fiscal general del Estado de su sillón, tras resultar imputado por un delito de revelación de secretos. Es ésta variable de la ecuación, precisamente, la que más parece incomodar al Ejecutivo en sus planes por acabar sentando a Ferrer en el sillón de su predecesor.

Por contra, los partidarios de Martínez Arrieta ponen sobre la mesa su incontestable veteranía -no sólo es el número 1 del escalafón de la Magistratura- sino el que, después de Marchena, tiene más «predicamento» dentro de la misma. No pocos magistrados sostienen, además, que el hecho de poder jubilarse como presidente de la Sala de lo Penal sería el colofón a su trayectoria profesional. De hecho, algunas voces han interpretado incluso como una falta de respeto que Ferrer se postulase para disputar el cargo cuando su compañero se retirará en pocos años, abril de 2027.

Martínez Arrieta, en funciones

Lo cierto es que mientras no haya un consenso claro, y aritméticamente válido en el seno del CGPJ, quien presidirá la Sala será Martínez Arrieta, por un criterio objetivo de antigüedad. Así las cosas, en la Comisión Permanente de la semana pasada se decidió, y aprobó, dicha condición para el magistrado, en tanto en cuanto no se haya tomado una decisión al respecto que concite el apoyo de una mayoría reforzada del Pleno.

Y Ferrer no parece la beneficiaria de consenso. La magistrada se ha significado con dos votos particulares muy recientes a favor de los intereses de Moncloa: uno donde abogó por amnistiar la malversación del 1-O, consumando así el distanciamiento de sus compañeros del Tribunal del procés;, y otro, firmado junto a Susana Polo, donde se desmarcó de la sentencia que confirmó las condenas por el 'caso ERE' defendiendo que debió absolver al ex presidente andaluz José Antonio Griñán y otros cuatro condenados que eran «ajenos» a la Consejería de Empleo.

Quizás por ese marcado sesgo «progubernamental» que se le atribuye en el sector judicial, la mayoría de los magistrados del Supremo -y , al menos, la mitad de lo vocales del CGPJ- consideran que su perfil no es la mejor opción para la Sala Segunda, como pretende el Gobierno.

Por el momento, lo único cierto es que será su compañero Martínez Arrieta el que se encargará de coordinar la causa penal abierta contra el fiscal general Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos; y, también de la investigación al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por la trama Koldo, que podrían verse incrementadas con algún aforado más enviado al Alto Tribunal como resultado de los últimos acontecimientos y de lo que está pendiente de conocerse del volcado del móvil del titular del Ministerio Público.