La riada judicial arrastra a una decena de familiares, cargos y ex cargos de Sánchez ante su impasibilidad

Hay un punto de alivio en el socialismo tras la decisión -inducida- de Juan Lobato de dimitir como secretario general del PSOE-M antes del 41º Congreso Federal de este fin de semana, puesto que su presencia habría sido perturbadora. Pero hay otro punto de miedo. Miedo a que el viernes, el mismo día que arranca el cónclave, Lobato aproveche su declaración como testigo ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado para ajustar cuentas, puesto que ya no le debe disciplina ni lealtad a Pedro Sánchez.

«Yo no creo en la destrucción del adversario, en la aniquilación del que discrepa y del que piensa diferente», escribió en su amarga carta a la militancia, dando a entender que otros en su partido sí acostumbran a ese modus operandi. Los mensajes de whatsapp que se intercambió con Pilar Sánchez Acera la mañana del 14 de marzo y el documento confidencial que ésta le envió pueden acorralar al ya imputado fiscal general del Estado. Y acabar con la imputación, a mayores, del ahora ministro Óscar López, el elegido para sustituir a Lobato al frente del PSOE-M, y de Sánchez Acera, su estrecha colaboradora.

A la espera del viernes, este miércoles la Justicia dio otro zarpazo al presidente. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, citó a declarar como imputados el 9 de enero a su hermano, David, y al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que es también el líder del PSOE de Extremadura. A ellos y a otros siete altos cargos socialistas que participaron en la contratación del músico, al que la UCO acusa de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. La jueza también pidió a BBVA que verifique si David Sánchez cuenta con 1,4 millones de euros en su cuenta corriente.

La noticia pilló a Sánchez en plena comparecencia en el Congreso para hablar de su gestión de la DANA, aunque fuera de lo que menos habló. No le cogió de nuevas, puesto que su hermano ya estaba imputado, aunque sin fecha para declarar. Esta vez no hubo nueva carta a la ciudadanía, a diferencia de lo que pasó con la citación de Begoña Gómez. En lugar de eso el presidente salió al ataque contra Alberto Núñez Feijóo, Carlos Mazón y Santiago Abascal, incluso desempolvando por enésima vez la fotografía del ahora líder del PP con Marcial Dorado. «Ninguna lección voy a aceptar de alguien que tuvo como amigo a un delincuente, a Marcial Dorado, a un narcotraficante. Y no puede dar lecciones de nada cuando fue aupado en el PP para tapar los casos de corrupción de Ayuso», señaló Sánchez.

Y hasta presumió de haber creado una Autoridad Independiente de la Protección del Informante (que nombrará Félix Bolaños y aún no está elegida), para que «denuncien prácticas ilegales dentro del sector público evitando represalias de carácter disciplinario y económico». Y dos nuevos fiscales de Sala: la Fiscalía de Sala de Delitos contra la Administración Pública y la Fiscalía de Sala de Delitos Económicos.

«A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del Gobierno imputado (en alusión a José Luis Ábalos), a su asesor imputado y no dimite. Que venga Dios y lo vea», denunció Víctor de Aldama en su entrevista de ayer en COPE, que también coincidió con la sesión parlamentaria.

De momento están imputados su mujer, su hermano, el fiscal general del Estado, el exministro José Luis Ábalos, Koldo García, tres ex altos cargos del Ministerio de Transportes (el ex secretario general de Puertos del Estado, el ex subsecretario de Transportes y el ex jefe de Personal de Adif) y el secretario general del PSOE de Extremadura. Y corren riesgo de estarlo también Óscar López y Pilar Sánchez Acera, a quien se llevó al Ministerio de Transformación Digital.

Aun así, Sánchez proclamó en el Congreso: «Somos un Gobierno limpio y yo presido un Gobierno limpio», sostuvo, entre risas de las bancadas del PP y Vox. Mientras, Feijóo y Abascal denunciaban el «pozo de corrupción» en el que está metido. Y los socios del presidente acusaban a los jueces de querer derrocar al Gobierno, nada nuevo: «Gran parte de los jueces del Estado trabajan sin esconderse para atacar y acorralar al Gobierno», sostuvo la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, echando un capote al presidente.