García Ortiz pisa el acelerador con dos Consejos para nombramientos antes de que se levante el secreto de su móvil

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se prepara para cerrar el año con varios nuevos nombramientos, acuciado por el avance de la causa que se sigue contra él en el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos y en el que intenta, por todos los medios, que no trascienda el contenido de su teléfono móvil en nada que no sea inherente al procedimiento penal en el que está imputado.

Por ello, y en previsión, antes de que se conozca el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está pendiente de entregar al juez instructor Ángel Hurtado, con el contenido de los dispositivos electrónicos que le fueron incautados –dos terminales móviles (el oficial y el personal), un portátil, un ordenador de mesa, una tablet y múltiples USB–, en el marco de las investigaciones que siguen secretas, García Ortiz ha querido instar dos Plenos del Consejo Fiscal en este mismo mes.

Uno de ellos, extraordinario, el próximo día 10 y el otro, el último del año y ordinario, el 19. En ambos ha formulado propuestas de nombramiento para varios cargos discrecionales en el Ministerio Fiscal.

Entre las vacantes pendientes de designarse, el del fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Baleares que, recientemente, y ya es la quinta ocasión en que le sucede, fue anulada por la Sala Tercera el Alto Tribunal. Cabe recordar que hace un mes que el TS dejó sin efecto el Real Decreto, de 13 de junio de 2023, de nombramiento de Julio Cano Antón, por no haberse sometido a la decisión del Consejo Fiscal la posible incompatibilidad de dicho candidato, quien había sido propuesto por el fiscal general del Estado.

La Sala estimaba así el recurso presentado por otro de los fiscales candidatos al puesto, y ordenaba retrotraer actuaciones para que el Consejo Fiscal resolviese antes de promocionar al aspirante impugnado, si concurría en su caso, o no, la prohibición del artículo 58 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, debido a que la persona propuesta mantiene una relación estable de afectividad con otro fiscal destinado en el mismo área con el que, además, le afecta una posición laboral jerárquica.

La sentencia dictada por el Supremo determinó la evidencia de que la Fiscalía General, en concreto la Inspección Fiscal, tenía conocimiento de la relación afectiva entre el candidato y un fiscal con destino en la Fiscalía Superior a la que el primero optaba, ya que el propio Julio Cano pidió a la Inspección un informe sobre compatibilidad al respecto.

Tres plazas más, para fiscales afines

Además, y según ha podido saber El Debate en avance, el fiscal general del Estado ha previsto formalizar en los próximos días las convocatorias de las plazas correspondientes a varios huecos relevantes en el seno de la institución. La más destacada de ellas, sin duda, una de las cuatro jefaturas de Sala de la Sección Penal en el Supremo tras la salida, por jubilación, de su actual titular la fiscal Pilar Fernández Valcarce.

Una ocasión única en la que, haciendo gala de su cuestionadísima política de nombramientos, García Ortiz podrá designar a un perfil afín a las posiciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) que dirige imputado. Como ya sucedió en la polémica elección del último fiscal incorporado, Fernando Prieto, que no recibió los apoyos mayoritarios de los vocales del Consejo Fiscal y que, además, habría manifestado que es «excesivo» pedirle a su hoy superior jerárquico que dimita por estar imputado.

García Ortiz es consciente del papel preeminente de los fiscales jefe del Ministerio Público en la Sala Segunda del Alto Tribunal. No sólo en el asunto penal que le afecta a él personalmente, sino en otras cuestiones como la imputación por corrupción del ex ministro de Transportes socialista, José Luis Ábalos, directamente ligado con la trama liderada por el empresario Víctor de Aldama que ya salpica al Gobierno de Pedro Sánchez.

Según fuentes consultadas por este diario, también está previsto que García Ortiz promueva los nombramientos de las dos plazas de urgente y especial necesidad creadas, recientemente por el Ejecutivo: una de fiscal de Sala de Delitos Económicos y otra de fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública. Cada una de estos nuevos puestos contará, a su vez, con dos plazas más de fiscales adscritos.