El CGPJ renueva a Pablo Lucas y Martínez Arrieta como magistrados del CNI pese al malestar del separatismo catalán

Por unanimidad y para los próximos cinco años. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado renovar a los magistrados del Supremo Pablo Lucas Murillo de la Cueva y Andrés Martínez Arrieta, actual presidente interino de la Sala Segunda de lo Penal, como responsables del control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), pese a las críticas recibidas por ambos perfiles desde el entorno separatista, al hilo de los espionajes que autorizaron al Gobierno, sobre varios de los promotores políticos del procés de Cataluña.

No en vano, Lucas ya estuvo en el punto de mira del independentismo catalán al trascender que había dado luz verde al seguimiento con Pegasus tanto del abogado del prófugo Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, como de algunas indagaciones y seguimientos que implicaban a sus clientes. Entre ellos, el ex presidente de la Generalitat o el ex consejero Lluís Puig, también huido de la Justicia, a Bélgica.

Según ha podido confirmar El Debate, de fuentes jurídicas, los dos jueces continuarán desempeñando las labores que han venido desarrollando en el marco previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), relativas a la exigencia de una supervisión de las actividades de inteligencia cuando éstas requieren de entradas en domicilios o interceptación de las comunicaciones.

Así las cosas, el ordenamiento español –en garantía de la protección de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución– establece que sean dos jueces de la Sala Segunda o de la Sala Tercera del Alto Tribunal que cuenten con al menos tres años de servicio en la categoría, quienes validen o no las solicitudes de los servicios secretos en aquellas intervenciones que pudieran lesionar la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.

Pablo Lucas es miembro de la Sala Tercera del Tribunal Supremo desde noviembre de 2001 y presidente en funciones de la misma desde el pasado 31 de diciembre de 2022. El magistrado fue nombrado por primera vez para estas funciones relacionadas con la autorización de actividades del CNI el 19 de noviembre de 2009 y renovado, en dos ocasiones anteriores, el 20 de noviembre de 2014 y el 19 de diciembre de 2019.

El órgano de gobierno de los jueces también ha acordado nombrar al magistrado de la Sala Segunda –y presidente en funciones de ésta, desde el pasado 5 de diciembre– Andrés Martínez Arrieta como sustituto del anterior en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad. Martínez Arrieta ya fue designado para este cometido el 20 de diciembre de 2017, como consecuencia del cese del inicialmente elegido, Julián Sánchez Melgar, al ser nombrado fiscal general del Estado.

En la propuesta elevada al pleno, la presidenta del TS y del CGPJ, Isabel Perelló, ha señalado que la trayectoria profesional de ambos, «con amplia experiencia en el ejercicio de la jurisdicción, su cualificación, su sólida formación jurídica, la solvencia y profesionalidad con que han ejercido hasta ahora el cargo, les acreditan como profesionales idóneos para el ejercicio de tan importante función jurisdiccional».

Otras dos elecciones, unánimes

Además, el cónclave también ha alcanzado el consenso absoluto en el nombramiento del magistrado de la Audiencia Provincial de Toledo Ricardo Conde Díez como Promotor de la Acción Disciplinaria y de la magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Dolores Hernández Rueda como jefa del Servicio de Inspección.

Conde ingresó en la Carrera Judicial en febrero de 1990 y ha ejercido en Juzgados de Almendralejo, Barcelona y Madrid y en las Audiencias Provinciales de Cuenca y Toledo. Además, fue jefe de sección del Servicio de Formación Continua del CGPJ entre julio de 2010 y enero de 2012, fecha en la que fue nombrado director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, durante el mandato de Rafael Catalá, cargo en el que cesó a petición propia el 25 de noviembre de 2016.

En 2017 ya fue nombrado Promotor de la Acción Disciplinaria, puesto que ocupó hasta la renovación del Consejo el pasado mes de julio. El Promotor de la Acción Disciplinaria es el encargado de la instrucción de los expedientes disciplinarios a los miembros de la Carrera Judicial, según establece el artículo 607 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su mandato coincide con el del Consejo que lo nombra y solo puede ser cesado por incapacidad o incumplimiento grave de sus deberes, apreciados por el Pleno mediante mayoría absoluta.

Por su parte, Hernández Rueda ingresó en la Carrera Judicial en 1990 y ha desempeñado funciones jurisdiccionales en Juzgados de Massamagrell, Alicante, Castellón y Valencia y en la Audiencia Provincial de Valencia. Actualmente tiene destino en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana entre 2009 y 2014, fue delegada de Igualdad y Conciliación para esta comunidad autónoma entre 2013 y 2014.

En febrero de 2023 se incorporó al Consejo General del Poder Judicial como inspectora delegada de la Unidad Penal del Servicio de Inspección, del que asumió la jefatura en funciones en noviembre de ese año y hasta la actualidad.

El Servicio de Inspección, según establece el artículo 615 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lleva a cabo las funciones de comprobación y control del funcionamiento de los servicios de la Administración de Justicia mediante la realización de las actuaciones y visitas que sean acordadas por el Consejo. Su jefe/a es nombrado/a y separado/a en la misma forma que el Promotor de la Acción Disciplinaria