El Supremo desmonta con la imputación de Ábalos el relato del Gobierno sobre la falta de pruebas de Aldama

La salida de prisión de Víctor de Aldama, presunto comisionista de la trama de corrupción que salpica al Gobierno, dejaba un mensaje para el presidente Pedro Sánchez: «Si quiere pruebas, las tendrá».

Toda una declaración de intenciones que, a lo largo de las últimas semanas, se ha ido concretando con la entrega de diferentes documentos y declaraciones por parte del empresario, ante dos de los magistrados que instruyen las causa –Ismael Moreno, en la Audiencia Nacional y Leopoldo Puente, en el Supremo– y que han motivado que, este miércoles, el juez Puente pidiese el suplicatorio al Congreso para levantar la inmunidad del ex ministro José Luis Ábalos que sigue siendo diputado y, por lo tanto, disfruta del aforamiento propio de su condición.

El magistrado del Alto Tribunal dictaba un auto en este sentido tras haber encontrado contra él y, esto es importante, «a raíz de las diligencias practicadas hasta este momento», «indicios bastantes» de la posible comisión de, al menos, cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Una decisión que ha puesto en jaque el relato político del Gobierno que, hasta la fecha, cuestionaba la validez y contundencia de las pruebas prometidas por de Aldama.

«Colaborar con la Justicia no es acusar sin pruebas, eso es difamar», señalaba el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Unos días antes era el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López quien reprochaba a Aldama la ligereza de sus acusaciones: «Presenta un pliego de no sé cuántos folios, con unos contratos... ¿Y dónde están las pruebas de que esos contratos están amañados? ¿Dónde están las pruebas de que hay irregularidades en esto».

Sin embargo, el magistrado Puente, tras escuchar las declaraciones del propio empresario-conseguidor, la del ex ministro Ábalos y la del que fuera su mano derecha en Transportes, el socialista Koldo García, considera que «ha llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados» de la posible participación de Ábalos en los hechos hace «imprescindible», para avanzar en el camino procesal, «recabar la autorización» de la Cámara Baja prevista en la Constitución, para imputarle de manera formal.

Además, el magistrado instructor ha detallado que, a partir de las comparecencias ya celebradas así «como de los documentos aportados por ellos», y del «resultado de las intervenciones telefónicas y registros domiciliarios» que se llevaron a término el pasado mes de febrero –en la causa seguida, inicialmente, ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional– «existen elementos bastantes para, siempre en los términos indiciarios que resultan propios de la fase procesal en la que nos encontramos, considerar que el aforado pudiera, prevaliéndose de su condición de Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), a cambio de determinados beneficios económicos que obtuvo por ello para sí, haber determinado la adjudicación de varios contratos de la Administración Pública o el sector público institucional con empresas privadas, en el marco de la situación de emergencia determinada por la pandemia del Covid-19".

«En particular», concreta el juez, "los relativos a la adquisición, por vía de urgencia y emergencia, de material sanitario, mascarillas, trajes especiales y laboratorios para identificar vestigios de la enfermedad».

«De lo actuado en el curso de la investigación», ha insistido el magistrado Puente, «resultaría que el también investigado en esta causa, don Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, aprovechando la relación personal que le unía con el aforado y con quien era entonces uno de sus asesores, don Koldo García Izaguirre, investigado también en esta causa especial, habría obtenido información previa sobre las necesidades derivadas de la urgencia, lo que le permitió articular una oferta para asegurar la adjudicación del contrato de suministro en favor de la empresa cuyos intereses promovía, Soluciones de Gestión y Ayuda a las empresas, S.L., así como podría haber obtenido también, antes y después, por un procedimiento semejante, la perfección de otros contratos de empresas y particulares con la Administración pública y/o institucional».

«Los resultados obtenidos de la investigación permiten afirmar, siempre en los términos indiciarios ya señalados, que el asesor del aforado ante esta Sala, don Koldo García Izaguirre, intervenía activamente en la contratación, gestionaba los contratos de adjudicaciones a las empresas y, al tiempo, realizaba operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organización y en las que el aforado ante esta Sala, don José Luis Ábalos Meco, también intervenía, personalmente y utilizando los oficios de su asesor en el Ministerio e, indiciariamente, disfrutando de los ilícitos beneficios económicos que tales actuaciones pudieran haberle generado», indica la resolución.

Así las cosas, frente a las valoraciones políticas del Gobierno sobre los avances de la causa, el instructor ha recordado que José Luis Ábalos prestó declaración voluntaria ante él, la pasada semana, durante más de tres horas y media, «viniendo a negar, en sustancia, la percepción de cantidad económica alguna como consecuencia de la adjudicación de los referidos contratos concertados para la adquisición de determinado material sanitario en el contexto de la pandemia del Covid-19 y de cualesquiera otros vinculados con la adjudicación de obra pública».

Un testimonio que, a su juicio, "no se aviene con los indicios ya mencionados y que se concretan en diferentes documentos y declaraciones con las que se ha contado, hasta el momento, en el curso de la investigación realizada». Entre ellos, también, los datos, nombres, fechas y anotaciones aportados por Víctor de Aldama.

El empresario y co-imputado en el Supremo está pendiente del volcado del contenido de su móvil, en la Audiencia Nacional, para facilitar más datos que sustenten sus acusaciones, enmarcadas en su compromiso de colaborar con la Justicia para esclarecer los hechos. De acuerdo con algunas fuentes, próximas al comisionista esto «no ha hecho más que empezar» y aseguran que Aldama presentará nuevas pruebas, en sus futuras comparecencias, que podrían probar cómo la corrupción «implicó a varios Ministerios y sus ministros».