Las Cortes Valencianas aprueban por unanimidad la ley que amplía los derechos de las personas discapacitadas

La vicepresidenta primera y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha celebrado la unanimidad alcanzada este jueves por el Pleno de las Cortes Valencianas para la aprobación de la Ley de Accesibilidad Universal, una norma que «recoge demandas históricas del sector» y que «supone un hito que permitirá avanzar en un reconocimiento de derechos largamente esperado por las personas con discapacidad».

La titular de la cartera de Servicios Sociales ha señalado que la nueva ley autonómica surge de un proceso de tramitación parlamentaria que ha contado con la participación de entidades representativas del sector y de personas expertas en la materia, lo que ha permitido enriquecer el texto con aportaciones clave para responder a las necesidades de las personas con discapacidad y de sus familias.

Camarero ha destacado así que el esfuerzo realizado para aunar voluntades ha fructificado en un nuevo marco legal que pretende «remover los obstáculos que impiden una igualdad de oportunidades real y efectiva y que busca conseguir una sociedad más justa». Ha recordado en este sentido que «el Consell así lo tuvo claro desde el primer momento al dar su apoyo a que se tramitara esta iniciativa escuchando al sector, algo que es esencial porque desde la Generalitat se trabaja codo con codo con las entidades para desarrollar las políticas».

La vicepresidenta primera ha remarcado que, tal y como refleja la propia ley aprobada por la Cámara autonómica, la reciente reforma constitucional mandata a los poderes públicos a desarrollar políticas que garanticen la plena autonomía personal en todos los ámbitos de la vida y ha subrayado que la Comunidad Valenciana no podía tampoco «permanecer ajena a la necesidad de actualizar su corpus legal para equipararse a las normas más avanzadas en esta materia».

Se da así «un paso adelante fundamental para garantizar la no discriminación de las personas con discapacidad y de sus familias al establecer los mecanismos para hacer valer la accesibilidad universal en cualquier esfera de la vida pública».

La norma, impulsada por Compromís durante la vicepresidencia de Mónica Oltra, ha logrado un primer consenso en las Cortes tras una tensa sesión a cuenta de la dana, al ser aprobada con las enmiendas de PP y Vox.

Las claves de la nueva norma

Esta norma incorpora la igualdad y la perspectiva de género como elementos inherentes a la accesibilidad universal, con el objetivo de garantizarla en todos los espacios públicos y sociales, entornos naturales, sistemas de transporte, medios de comunicación y servicios de atención a la ciudadanía como un compromiso común compartido por la Generalitat y los ayuntamientos valencianos.

Se incluyen condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación y planes de promoción y garantía de la accesibilidad universal, junto a la creación de un consejo valenciano de promoción y garantía de la accesibilidad universal para velar por el cumplimiento de la norma.

Entre las medidas de esta ley, se garantiza la lectura fácil en textos legales para personas con discapacidad, se regula y promueve la lengua de signos en la enseñanza y se vela por que todas las personas puedan desplazarse, acceder, usar y salir de un entorno sin barreras de ningún tipo.

Además, se obliga a incluir memorias de accesibilidad en proyectos de infraestructura y ajustes razonables en edificaciones existentes y urbanismo para eliminar barreras arquitectónicas.

En esta línea, se crearán planes de accesibilidad en parques naturales y se adaptarán playas urbanas con itinerarios accesibles y señalización inclusiva, además de instalar cabinas adaptadas en espacios públicos.

En materia educativa se desarrollarán planes específicos de accesibilidad en etapas obligatorias y superiores, mientras en emergencias se incorporarán medidas en planes de protección civil adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad.

Paralelamente, se establece la creación de una oficina de coordinación y promoción de la accesibilidad universal, algo que se impulsará en servicios públicos digitales para garantizar la igualdad de acceso a la información y la comunicación.

Habrá también requisitos obligatorios de accesibilidad en contratos públicos, con sanciones en caso de incumplimiento, y un enfoque interseccional que garantice la igualdad de género y no discriminación en todas las políticas públicas de accesibilidad.

En cuanto a las sanciones, se clasifican en leves, ante ausencia de señalización accesible; graves, por incumplimiento de requisitos de accesibilidad en edificios o servicios públicos, y muy graves frente a la negativa a realizar ajustes razonables o incumplimiento sistemático de la ley.

Sanciones de hasta 300.000 euros

Las sanciones incluyen multas proporcionales, medidas correctivas obligatorias y, en casos extremos, suspensión de actividades. Pueden llegar a 300.000 euros de multa.

La Ley de Accesibilidad Universal, con más de cien artículos y varias disposiciones, ha llegado al hemiciclo tras superar la fase de participación ciudadana, con un total de 53 enmiendas, y de propuestas de los grupos parlamentarios en comisión.