El juez Calama pide al Supremo imputar al eurodiputado 'Alvise' por delitos electoral y de financiación ilegal

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado elevar una exposición motivada al Supremo para que asuma la investigación abierta sobre el eurodiputado Luis Pérez, familiarmente conocido como 'Alvise', por dos delitos electoral y de financiación ilegal de partidos políticos tras haber recibido 100.000 euros en metálico de un empresario con el objetivo de sufragar su campaña al Parlamento de la UE, en los últimos comicios celebrados entre el 6 y el 9 de junio de este año, con la agrupación 'Se acabó la fiesta'.

En su auto, al que ha tenido acceso El Debate, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la AN considera que existen «indicios sólidos» de responsabilidad criminal frente al diputado electo y, por lo tanto, debe ser el Alto Tribunal quien continúe con las pesquisas para esclarecer lo ocurrido, debido al aforamiento del que disfruta.

El magistrado incluye en su escrito los indicios contra el empresario Álvaro Romillo, quien presuntamente pagó los 100.000 euros, para que también le investigue la Sala Segunda del Supremo, en la misma causa y conjuntamente con Alvise. No en vano, el juez Calama ha apreciado la concurrencia de una «íntima conexión» en la dinámica comisiva entre ambos, pues son conductas que constituyen, dice en su resolución, «la cara y cruz de una misma moneda». En el caso de Romillo, el magistrado entiende que podría tratarse de una «actividad activa de donación o de aportaciones ilegales», que castiga a quien entregare donaciones o aportaciones destinadas a un partido o federación, coalición o agrupación de electores por sí mismo o mediante persona interpuesta.

Donaciones fuera del control exigido

Además, el magistrado de la Audiencia Nacional expone en su resolución los indicios delictivos que se han puesto de manifiesto a través de la denuncia presentada por el propio Romillo, los documentos y el informe pericial, así como por la declaración judicial del empresario, investigado a la vez en otra pieza por la supuesta estafa de la plataforma Madeira Invest Club.

La investigación, señala en su auto el juez, ha evidenciado que el eurodiputado Luis Pérez Fernandez solicitó la colaboración de Romillo para crear una wallet (monedero virtual) con objeto de recibir donaciones anónimas que quedaran fuera de todo control público.

Estas donaciones estaban destinadas a sostener los gastos de la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 por parte de la agrupación electoral que fundada bajo el nombre de 'Se acabó la Fiesta' (SALF), llevaba como cabeza de lista a Luis Pérez.

Así las cosas, tanto los servicios prestados por Álvaro Romillo para la apertura de la wallet, así como la entrega de 100.000 euros referidos, fueron efectuados por éste con la intención de que Alvise, posteriormente, pudiera actuar en distintos foros publicitando tanto su plataforma bancaria Sentinel como la mercantil Madeira Invest.

«De esta forma», señala Calama, «perseguía conseguir nuevos inversores a los que venía cobrando un 10 % de la inversión». Una comisión que, presuntamente, sería compartida con Luis Pérez si resultaba eficaz y llegaban a un acuerdo en tal sentido. Así, el primer acto de colaboración tuvo lugar el pasado 6 de abril en el hipódromo de la Zarzuela. En dicho evento Luis Pérez Fernández, ante un grupo de 3.000 inversores de Madeira Invest Club, hizo defensa de su plataforma de negocio que, según afirmaba, quedaba fuera de cualquier control financiero, y permitía obtener una significativa rentabilidad sin tributar por ella.

«Al mismo tiempo», continúa el auto, «Luis Pérez expuso su programa político para su candidatura europea basada en la libertad financiera». Y, con posterioridad, en un mensaje de audio Álvaro Romillo expresó a Alvise que el día anterior había salido «la obra» (de Madeira Invest Club), y habían recaudado 100 millones de euros en 53 minutos.

Dos delitos que cercan al eurodiputado

El instructor considera que los hechos podrían calificarse como delito de financiación ilegal del artículo 304 bis del Código Penal. Se trata, explica, «de un delito de mera actividad, que no requiere que se produzca el resultado ni cabe su comisión por omisión, por lo que se entiende consumado con la mera conducta sin necesidad de que se dé el resultado». «No hace falta la aceptación o trámite alguno añadido, sino el solo hecho fáctico de la entrega del donativo en cuestión», concluye Calama.

Para el juez, la conducta de Alvise también sería constitutiva de un delito electoral del artículo 149 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen Electoral que «consiste en el falseamiento de las cuentas electorales de los partidos políticos y agrupaciones de electores, afectando a sus funciones, al juego limpio electoral como garantía del pluralismo político, y a la correcta conformación y manifestación de la voluntad popular, porque el falseamiento de las cuentas oculta la financiación ilegal del partido, la quiebra de las normas representadas por la Ley General Electoral o las leyes sobre financiación de los partidos. Todo ello afecta a valores constitucionalmente relevantes puestos en riesgo en el delito contemplado», apunta.