La investigación revela que dos miembros de la cúpula fiscal cambiaron de móvil tras el registro a García Ortiz

De acuerdo con el último escrito registrado en el Supremo por el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la fecha clave de la presunta revelación de secretos de la que ha sido presunta víctima por parte de la Fiscalía fue el 8 de marzo. En ese día, la fiscal jefa Provincial de Madrid y coimputada Pilar Rodríguez solicitó al fiscal del caso copia íntegra de todo su expediente judicial, en el marco de la causa penal tributaria que tiene abierta, a sabiendas de que era el novio de Díaz Ayuso.

Este detalle, no menor, le llevaba a solicitar al magistrado instructor, Ángel Hurtado, la ampliación del foco de las pesquisas sobre varios fiscales y altos cargos más a los que considera implicados en la maniobra de la filtración del correo electrónico en el que su entonces abogado ofreció un pacto a la Fiscalía para evitar llegar a juicio por fraude a la Agencia Tributaria. Entre ellos, apunta de manera directa a la imputación de la mano derecha de Álvaro García Ortiz, el número dos de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe.

La información obtenida por los investigadores del terminal móvil de la fiscal provincial Rodríguez, también imputada, fue requerida por ésta al fiscal del caso –Julián Salto– «sin ser su superior jerárquica» y la misma le llegó, en último término, al fiscal general a través de Villafañe, tal y como reflejó el primer informe técnico entregado por la Guardia Civil al juez Hurtado.

Según ha podido saber El Debate, de fuentes próximas a la institución, en la misma semana en la que se han localizado «cero mensajes» en el terminal del fiscal general, son varios los indicios que apuntan a que tanto Villafañe, como la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite, que ha sido señalada por no iniciar una investigación interna de oficio para depurar responsabilidades por la filtración, habrían cambiado de número móvil tras la entrada y registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el despacho de su jefe máximo. Una diligencia que fue autorizada por el Alto Tribunal y en la que se incautaron de todos los dispositivos electrónicos de García Ortiz.

Las mismas fuentes señalan cómo desde los terminales de ambos miembros de la cúpula fiscal llegaron avisos a su agenda de contactos, a través de la aplicación de mensajería instantánea de Whatsapp en los que se hacía referencia a cómo, cada uno de ellos «cambió su número de teléfono a un nuevo número. Toca para enviar un mensaje o añadir el nuevo número». Un texto estándar que habría permitido identificar los movimientos de ambos profesionales en sus móviles en fechas posteriores a las actuaciones de la UCO sobre el fiscal general del Estado.

En el caso de modificación del número, siempre que se continúe manteniendo el mismo terminal, se permite mantener disponibles todos los chats y conversaciones antiguos en el teléfono «aunque queda eliminada la cuenta de Whatsapp vinculada al número antiguo y los contactos ya no verán ese número en su lista de contactos», apuntan varios expertos consultados por este diario.

Varias conversaciones incriminatorias

Llegados a este punto, cabe recordar cómo la mano derecha de García Ortiz, el fiscal Villafañe se puso en contacto en varias ocasiones con la fiscal Rodríguez, entre ellas el 8 de marzo, tras darse cuenta de que parte de la documentación que ésta le había remitido sobre González Amador, un día antes, estaba incompleta.

Faltaba por escanear «a partir del folio 64 de las diligencias de investigación» y, por ello, Villafañe le solicita que lo arregle: «¿Podrías pedirle que nos lo envíe escaneado por las dos caras?», le dijo a la jefa provincial. A lo que ésta respondió: «Holaaa sorry me pongo con ello». Una vez reparada la incidencia, Rodríguez envió un revelador mensaje al fiscal general, García Ortiz: «Hola jefe, a tu disposición».

Es, precisamente, esta secuencia la que ha llevado a los abogados González Amador a señalar al juez cómo «las diligencias de investigación correctamente escaneadas que el lunes (3 días después) estaban filtradas a los periodistas sólo llegaron el viernes a Don Diego Villafañe». Y, por lo tanto, a solicitar, entre una batería de nuevas pruebas, la imputación formal del teniente de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE).