Guardiola tiende un puente con Vox al tramitar su ley de concordia en Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tendió este lunes un puente con Vox al aceptar que se tramite la ley de concordia del partido de Santiago Abascal, una norma que aspira a derogar la ley de Memoria Histórica de la comunidad.

El Gobierno regional adoptó esta decisión «al no suponer aumento ni disminución de los ingresos en los estados numéricos aprobados» en los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma y a pesar de las amenazas del PSOE, que promete romper relaciones con los populares si la norma sale adelante, como todo apunta.

Cabe recordar que Vox presentó esta propuesta el pasado 22 noviembre, cuando aún no se habían roto las negociaciones para aprobar los presupuestos de la comunidad. En el último mes, la tensión entre ambos partidos ha crecido ante la dificultad para llegar a un entendimiento y alcanzar un acuerdo que saque adelante las cuentas públicas para el nuevo año, ello pese a que era una de las regiones donde a priori parecían ir bien las conversaciones.

Por el momento estas están en punto muerto, por lo que se han prorrogado los presupuestos de 2024. No obstante, la presidenta extremeña aseguró hace unos días que no renuncia a aprobar los de 2025. Guardiola trasladó en la reunión de la Junta Directiva Regional del PP de Extremadura que no permitiría el «bloqueo» de la comunidad.

«Nuestro partido tiene líneas rojas que no vamos a traspasar. Plantear determinadas cuestiones fuera de la realidad y fuera de la lógica es estar fuera de la realidad y estar fuera de la lógica, por eso, antes o después, Extremadura necesita una mayoría suficiente que sea capaz de desprenderse de los condicionantes que ni aportan ni suman», expresó.

Y desde Vox -que suspendió la negociación en todas las regiones donde las cuentas dependen de su apoyo hasta conocer la postura del PP sobre el reparto de menores inmigrantes ilegales-, el portavoz nacional, José Antonio Fúster, recriminó al PP extremeño que les presentara una propuesta sobre los menas «inasumible». «Aquí en Extremadura, como antes en Baleares, percibimos una poderosa influencia del señor Feijóo», señaló, y acusó al PP de Guardiola de «mentiras y trucos».

En este contexto de cruce de reproches, cobra especial relevancia el gesto de la Junta de Extremadura de aceptar tramitar la propuesta de Vox sobre la ley de concordia, que puede interpretarse como un intento del Ejecutivo de Guardiola por acercar posturas entre ambos partidos.

En un año 2025 en el que el Gobierno central tiene previstos más de un centenar de actos con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco, desde Extremadura han optado por una ley de concordia que estaba fijada en el acuerdo de investidura de María Guardiola tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023.

De hecho, es el punto número 48 (de un total de 60) el que aludía a esta nueva norma:

«Promoveremos la concordia y el respeto a la memoria de todos los extremeños y españoles. Ambas formaciones se comprometen a impulsar una nueva ley extremeña que sirva a la reconciliación y a la concordia real, y que derogue la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura aprobada en 2018 –decía el pacto entre los formaciones–. La sociedad necesita acuerdos y normas de consenso, que no dividan en bandos, que no propicien la ruptura del pacto constitucional ni traten de moldear la historia para imponer una memoria parcial y sesgada».

El cumplimiento de lo pactado por parte del PP ha provocado el enfado del PSOE, que acusa a María Guardiola de «negociar los presupuestos de 2025 utilizando la memoria, la justicia y la dignidad».

A mayores, los socialistas han anunciado este lunes una enmienda a la totalidad contra la norma. Una enmienda que tendrá pocos visos de prosperar toda vez que PP y Vox suman entre ambos los 33 escaños que marcan la mayoría absoluta en la cámara regional.