Las cuatro claves de la reforma judicial urdida por el PSOE como venganza por el caso Begoña

La proposición de ley registrada por el grupo parlamentario socialista para prohibir a los jueces que abran causas con «recortes de prensa» y cercenar la figura de la acusación popular se fundamenta en cuatro aspectos, según el PSOE. Una vez más, los socialistas han elegido el atajo de la proposición de ley del grupo parlamentario en lugar del proyecto de ley del Consejo de Ministros para evitarse los informes de los órganos consultivos y ahorrar tiempo.

• Reforma de la acusación popular. Según los socialistas, la intención es «proteger derechos fundamentales como el derecho al honor, a la intimidad, a la participación política y a la tutela judicial». A este respecto, la participación de la acusación popular queda adscrita a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella. «La instrucción es una fase que debe estar protagonizada e impulsada por el Ministerio Fiscal y por los perjudicados directos por el delito. Se acaba así con la filtración constante de las diligencias por parte de acusaciones con objetivos políticos y con los intentos abusivos de pedir diligencias desconectadas del objeto de la investigación con el único fin de dar un perfil mediático a un proceso judicial. No obstante, la acusación popular sí podrá recurrir el auto de sobreseimiento si no está conforme con la decisión», detalla el partido. Además, para personarse como acusación popular será necesario que exista un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente. «El juez deberá comprobar si este vínculo existe y denegará la personación si no es así», explica el PSOE. Por último, estará prohibido que la acusación popular la ejerzan partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos.

• Obligación de inadmitir querellas basadas en recortes de prensa. Dice el PSOE: «La proposición de ley incluye expresamente la doctrina del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de abrir un proceso penal con meros recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidades».

• Supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos. La proposición de ley registrada este viernes elimina el artículo 525 del Código Penal, el de las ofensas a los sentimientos religiosos, «un delito donde no se detectan apenas condenas, pero que es empleado por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, activistas y representantes electos haciéndoles pasar por procesos penales muy costosos a nivel económico y personal», según los de Pedro Sánchez.

• Abstención y recusación de jueces por declaraciones de contenido político. «Todos estos mecanismos de acoso tienen un denominador común: la judicialización de la política. Y la judicialización de la política corre el riesgo de desembocar en una politización de la Justicia», denuncian los socialistas. A este respecto, el texto propuesto por el PSOE incluye una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir una nueva causa de abstención o recusación: «Cuando un juez o magistrado haya realizado públicamente manifestaciones a favor o en contra de partidos políticos, sindicatos, asociaciones u otras entidades públicas o privadas, no podrá participar en un proceso en el que estas personas u organizaciones formen parte». Los socialistas argumentan que con ello pretenden asegurar «la neutralidad y el derecho a un juez imparcial y a la tutela judicial efectiva».