Moncloa deberá explicar por qué fichó a una asistente personal para los negocios de Begoña Gómez

¿Para qué contrató Sánchez a Cristina Álvarez? La respuesta la dio la misma asesora de Moncloa en sede judicial ante el juez Peinado: para trabajar como asistente de Begoña Gómez. Un puesto de difícil encaje, dado que la esposa del presidente del Gobierno no ostenta cargo público, pero que se vuelve aún más turbio si se tiene en cuenta que la misma asesora hizo las veces de secretaria personal de la mujer de Sánchez para sus negocios. Sin embargo, tal y como ha publicado El Debate, Presidencia siempre negó que destinase recursos públicos para Begoña, más allá de los derivados de su seguridad, hasta ahora, pues tendrá que desvelar las retribuciones que se han abonado a Álvarez, además de detallar sus funciones a desempeñar y justificar los motivos de su nombramiento.

Es una orden expresa del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en su resolución 2025-0002 del pasado 3 de enero ha dejado claro que el silencio de Moncloa acerca de las cuestiones planteadas por El Debate atenta contra «un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública», por lo que ni la falta de respuesta a las preguntas de este periódico, ni el hecho de que ignorase los requerimientos del órgano independiente pueden evitar que Presidencia tenga que plasmar por escrito para qué contrató a una asesora que ha reconocido que fue 'fichada' por la propia Gómez personalmente para encargarse de sus asuntos oficiales y privados.

En concreto, Presidencia deberá remitir a este periódico el «importe de las retribuciones abonadas desde su nombramiento hasta la actualidad, desglosando los conceptos y anualidades», además de una «copia de la documentación donde consten las funciones a desempeñar, justificación de la contratación y copia de la resolución de nombramiento como asesora».

Esta resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, máxima Autoridad Administrativa Independiente de la AGE en materia de acceso a la información pública y transparencia de las Administraciones Públicas, supone un nuevo respaldo a la investigación llevada a cabo por El Debate, que días atrás destapaba el bulo de Sánchez, tras negarse desde Presidencia del Gobierno según consta en un documento del pasado mes de julio firmado por la directora del Departamento Jurídico, Beatriz Rodríguez Pérez, que Begoña Gómez se sirviera de recursos públicos para fines privados, señalando que «no existen más gastos (…) que los derivados de la función de seguridad».

Sin embargo, la realidad es bien distinta como se ha ido evidenciando en cada una de las pruebas y testimonios que han visto la luz en el marco del proceso judicial en el que está envuelta la mujer del presidente. Allí, ante el juez Peinado, la propia Cristina Álvarez explicó que fue Gómez quien la llamó personalmente para hacerle una oferta de trabajo con el objeto de asistirla en asuntos oficiales y privados, puesto que conocía a la esposa de Pedro Sánchez desde hacía tiempo, y que su trabajo era llevar la agenda completa de Gómez.

Esta agenda incluía también lo relativo a su actividad laboral, pues El Debate ya publicó los correos que mandaba y recibía la asesora de Gómez con el objetivo promocionar y conseguir financiación para la cátedra y el máster que dirigió en la Universidad Complutense, algunos de ellos, con el dominio «@presidencia.gob.es» y el logo de Presidencia del Gobierno.

Por ello, el juez preguntó a la asesora por el correo que consta en el sumario de la causa en el que se refleja que trasladó a Reale el interés de Begoña Gómez en que la empresa aseguradora siguiera patrocinando su cátedra, excusándose en que Gómez se lo pidió como un «favor» y que ella hizo la gestión porque es su «amiga».

Aun así, Presidencia negó la existencia de gastos derivados de las actividades de Gómez, aunque sí que reconoció el uso de «los sistemas de comunicación de la Presidencia del Gobierno», obviando el generoso sueldo de la asesora que ahora tendrá que desvelar por orden del Consejo de Transparencia, aunque podría oscilar entre los 50.000 euros anuales con un nivel 26 de la Administración o incluso supera los 100.000 euros, al ser remunerada como directora general.

Además, el hecho de que Begoña Gómez utilizase La Moncloa a modo de oficina es algo que ha sido corroborado por las declaraciones de los comparecientes que han acudido a la comisión de investigación que se está llevando a cabo en la Asamblea de Madrid y, también, en sede judicial, pues algunos de los implicados en el caso desfilaron por el palacio presidencial, como el empresario Carlos Barrabés; o el rector de la UCM, Joaquín Goyache, que fue quien desveló que la secretaria de Gómez se había encargado de concertar la cita para poner en marcha su controvertida cátedra.

«No tener que desplazar a todo su equipo de seguridad» era la excusa esgrimida por Gómez para no tener que salir del complejo y así utilizar las instalaciones de Moncloa para sus propias actividades económicas, tal y como explicó la excoordinadora de uno de sus másteres, Blanca de Juan de Castro, que también reveló en la Asamblea de Madrid algunas de las funciones de Álvarez, al asegurar que «organiza y le crea su agenda tanto a nivel institucional como a otros niveles». Unas funciones que ahora tendrá que aclarar quién realmente la contrató, la propia Presidencia del Gobierno, que, según los juristas consultados por este periódico, podría haber incluso cometido un delito de falsedad en documento público al negar que destinase recursos públicos a los negocios de Begoña, pese a tener en nómina a Cristina Álvarez.