La Comisión del Estatuto del Diputado autoriza al Supremo a investigar a Ábalos

La Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso –la encargada de estudiar los suplicatorios que realizan los tribunales– ha autorizado al Tribunal Supremo a investigar al exministro de Transportes José Luis Ábalos por el caso PSOE. La decisión, que se ha tomado por unanimidad de los miembros de los diferentes partidos políticos que componen la comisión, deberá ser ratificada en Pleno.

El exmiembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez presentó ayer un escrito de 88 folios con sus alegaciones, lo que provocó que la comisión se diera 24 horas para estudiar la documentación. En el texto esgrimía que estaba inmerso en «un procedimiento judicial de motivación política» y defendía su inocencia en relación con la trama de corrupción que nació durante la pandemia en la cartera que el encabezaba.

Después una hora de reunión a puerta cerrada, el presidente de la comisión, el 'popular' Manuel Cobo, ha comunicado este martes el resultado de las deliberaciones, subrayando que la decisión se ha adoptado por unanimidad y con todos los grupos parlamentarios presentes. En los últimos 35 años, todos los suplicatorios han sido concedidos. Cobo ha resaltado que «se ha hecho un buen trabajo», se han cumplido «todos los trámites» y se ha dado audiencia al diputado afectado.

«La Comisión deberá concluir su trabajo en el plazo máximo de treinta días, tras la audiencia del interesado. La audiencia podrá evacuarse por escrito en el plazo que la Comisión fije u oralmente ante la propia Comisión. Concluido el trabajo de la Comisión, la cuestión, debidamente documentada, será sometida al primer Pleno ordinario de la Cámara», indica el Reglamento de la Cámara Baja en relación a los suplicatorios.

En la actualidad el Supremo estudia si el exministro de Transportes cometió los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. En su declaración voluntaria ante el juez instructor Leopoldo Puente, el pasado mes de diciembre Ábalos negó el cobro de comisiones por la supuesta adjudicación irregular de los contratos para comprar material sanitario en plena pandemia y que delegó en su asesor, Koldo García, la compra de este material.