El ministro Félix Bolaños y la líder de Podemos, Ione Belarra, en una imagen de archivo
Historia de un descalabro
Un error de cálculo de Bolaños en vísperas de Navidad dejó sentenciado el decreto ómnibus
El 19 de diciembre, el ministro pactó con Podemos la prórroga de las ayudas al transporte y la prohibición de los desahucios para salvar su ley estrella. Pero el tiempo se le echó encima
El BOE de este jueves recogía el descalabro que sufrió un día antes el Gobierno. El parte de daños decía: «Resolución de 22 de enero de 2025, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre». «Resolución de 22 de enero de 2025, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 10/2024, de 23 de diciembre».
El Ejecutivo se dedicó ayer a seguir señalando al PP -sobre todo-, a Vox y a Junts como culpables de lo que Pedro Sánchez llamó «dolor social». Al tiempo que el presidente descartó la inminente aprobación de nuevos reales decretos leyes para reponer algunas de las ayudas caídas, especialmente las del transporte.
Curiosamente, esas bonificaciones ni siquiera iban a formar parte del llamado decreto ómnibus, el 9/2024. El PSOE las incluyó sobre la bocina después de un acuerdo con Podemos, acostumbrados como están los socialistas a convertir los textos legislativos en popurrís.
Aquella negociación también fue in extremis y se produjo entre el ministro Félix Bolaños e Irene Montero, ahora eurodiputada. En el último Pleno de 2024, celebrado el 19 de diciembre, los cuatro diputados de Podemos amenazaban con votar en contra de levantar el veto del Senado a la ley de eficiencia judicial, la ley estrella de Bolaños, lo que habría pospuesto al menos dos meses su entrada en vigor. El motivo era que ésta incluía una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permitía acelerar el desalojo de los okupas, una medida que acabó en el articulado de la norma mediante una enmienda del PNV que por ERC y Bildu apoyaron por error en la Cámara Baja.
El Ejecutivo ya sabía que en ese Pleno escoba del año iba a cosechar una derrota, la del gravamen a las energéticas. Y el ministro para la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes no quería ser protagonista de un segundo revolcón. Así que acordó con Podemos extender seis meses las bonificaciones al transporte y un año más la prohibición de los desahucios a las familias y colectivos más vulnerables.
Los morados pensaron que ambas medidas del llamado «escudo social» irían en un decreto ley aparte, y así lo contó Ione Belarra aquel día. Pero al Ejecutivo se le echó el tiempo encima: para que las ayudas no decayeran el 31 de diciembre de 2024 tenían que ser prorrogadas en el último Consejo de Ministros del año, el del lunes 23 de diciembre, la víspera de Nochebuena. Eso les dejaba solo cuatro días de margen, con un fin de semana prenavideño de por medio y otro entuerto sobre la mesa. Porque, a mayores, ese Consejo de Ministros tenía que aprobar otro compromiso adquirido por el Gobierno con sus socios de izquierdas: un nuevo gravamen temporal a las energéticas para 2025 que viniera a sustituir el que decayó en el último Pleno del año con los votos del PP, Vox, Junts y el PNV.
Vista general de las votaciones durante un pleno en el Congreso
Terminado el Pleno del 19 de diciembre, Bolaños se marchó a la Moncloa a presidir la reunión semanal de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Allí se acordó que, en lugar de redactar un real decreto ley específico para transporte y desahucios, ambas materias se incluirían en otro decreto de su departamento. Y así nació el bautizado como «Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social».
Éste, de paso, también incluyó la famosa cesión del palacete de París al PNV y hasta una prórroga de dos años -hasta el 31 de diciembre de 2026- del llamado escudo antiopas, que permite al Gobierno vetar operaciones de compra extranjeras en empresas y sectores estratégicos. El que la Moncloa utilizó para impedir que el Estado húngaro metiera las manos en Talgo el pasado verano.
Cuando el Gobierno sostiene que el decreto ley se había «trabajado muchísimo» y que había negociado «con todo el mundo», en realidad se refiere a que llevaba concesiones a varios de sus socios. Aun el martes, fuentes gubernamentales defendían en la Moncloa la «nobleza» del texto y que no tenía «trampa». Pero mira por dónde el PP y Junts se la encontraron. «La subida de las pensiones y los descuentos al transporte están garantizados. Hagan un real decreto solo con estas dos medidas y nosotros votaremos a favor. Porque no tienen mayoría. Y tienen que dejar de actuar como si la tuvieran», recriminó la portavoz de Junts a los socialistas el miércoles en el Congreso.
Va en el ADN del sanchismo
En cualquier caso, los partidos de la mayoría de investidura tienen muy poca fe en que lo sucedido con este decreto ley sirva al PSOE para hacer examen de conciencia y propósito de enmienda. La totalidad de los 11 reales decretos leyes que el Consejo de Ministros aprobó el año pasado eran un popurrí o llevaban sorpresa. Hubo uno con ayudas para los afectados por la DANA que el Ejecutivo utilizó para perpetuar al director adjunto de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González. Lo justificó en que sería «altamente disfuncional» sustituir al DAO de la Policía «en esta situación de emergencia nacional». Y un decreto anticrisis en el que los socialistas metieron la derogación del artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil por exigencia de Junts para blindar la aplicación de la ley de amnistía.