El 86 % cree necesaria una ley antiokupas mientras la izquierda niega su existencia

«La inquiokupación es un problema que afecta solo al 0,00000005 % de la población madrileña, puedo poner los ceros que haga falta», aseguró ufano el ministro para la Transformación Digital y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, hace unos días.

Para ser un problema que apenas existe o directamente no existe, según la izquierda, el sondeo de Target Point para El Debate muestra un altísimo grado de preocupación ciudadana. El 86 % de los encuestados creen necesaria una ley antiokupas que proteja las viviendas privadas. De ellos, el 73 % consideran que es «imprescindible y urgente» en todos los casos y otro 13 % sostienen que para algunos casos concretos. Hay solo un 4 % que opinan que la actual legislación es suficiente y un 6 % que optan por la respuesta «No, hay que proteger y ayudar más a esas personas vulnerables».

Rara vez la opinión pública muestra tal grado de consenso a derecha e izquierda del espectro ideológico. Porque lo más llamativo es que los votantes del PSOE e incluso los de Sumar -aunque en menor medida- son mayoritariamente partidarios de que se legisle para proteger a los propietarios. En el caso del PP son el 98 %; en el de Vox, el 99 %; en el caso del PSOE son el 77 %, tres de cada cuatro; y en el de Sumar, el 73 %. Solo entre los votantes de Podemos ganan las opciones contrarias a una nueva ley.

Por eso tiene sentido que, el pasado diciembre, Podemos empujara al PSOE a prorrogar un año la prohibición de los desahucios para los colectivos vulnerables. Una medida que el Gobierno había puesto en vigor durante la pandemia y que, según los propietarios, ha acabado convirtiéndose en un coladero para la inquiokupación. Semanas después, y para compensar, el Ejecutivo pactó con Junts un sistema público de avales a propietarios de viviendas en alquiler para protegerlos frente a impagos. Pero con doble truco: solo pueden acogerse los que alquilan ajustándose al índice estatal de referencia y solo cobran una vez expulsado el okupa.

Si nada cambia, el 3 de abril entrará en vigor una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilizará los desahucios en caso de okupación, al permitir que la usurpación de vivienda se tramite como juicio rápido. Aunque fue aprobada por una carambola: el PNV introdujo una enmienda en ese sentido en la Ley de eficiencia de la Justicia y, el pasado noviembre, ERC y Bildu votaron a favor por equivocación. No obstante, ambos y Podemos están presionando al PSOE para que corrija el error cuanto antes.