El juez subraya que los indicios señalan a García Ortiz como el autor de la filtración sobre el novio de Ayuso

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha dictado hoy un auto en el que rechaza los recursos presentados por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y por la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, contra la resolución que les imputó por presuntamente haber revelado secretos de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

De esta manera, en relación con García Ortiz el juez destaca que «los indicios que apuntan al interés que mostró por hacerse con el correo de 2 de febrero de 2024, y que, cinco minutos después, inmediatamente de 'cerrar el círculo', aparezca filtrado su contenido en un medio de comunicación», es algo que en el «momento en que se encuentra la causa» implica que el fiscal general del Estado pudo ser «quien filtrase» los datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. «Como también se tuvo en cuenta su participación en la elaboración de la nota informativa del día 14, que siempre ha admitido», se agrega a renglón seguido.

Por su parte, ante las alegaciones del máximo representante del Ministerio Público y de la fiscal provincial de Madrid –con las que esgrimen que el juez Hurtado ha omitido una serie de «contraindicios» que darían una explicación alternativa y razonable a su imputación– el magistrado destaca que «lo determinante para dirigir el procedimiento contra los recurrentes, es que considera este Instructor que hay elementos indiciarios suficientes para atribuirles la filtración, a las 23:51 horas del día 13 de marzo de 2024 en la SER, de la información contenida en ese correo de 2 de febrero de 2024, que recoge datos personales tan íntimos y privados».

En este contexto, el magistrado resalta que centrarse en esas otras circunstancias que se alegan por los recurrentes es desviar el foco de atención: «No es asumible la hipótesis de acudir a la mera posibilidad abstracta, de que un indeterminado número de personas, que ninguna relación guardan con los hechos, pudieran ser autores de la ilícita filtración que se investiga, cuando lo actuado permite concretar la implicación en ella de los investigados, de manera que, desde el momento que así cabe presumirlo, por incompatibilidad y exclusión, queda descartada esa indefinida hipótesis planteada por la defensa».

La resolución también manifiesta que «el hecho nuclear de este delito consiste en revelar un secreto o información confidencial, al que ha tenido acceso el sujeto activo y no ha de ser divulgada, confidencialidad que no se pierde porque haya existido información previa sobre aspectos ajenos al núcleo de lo confidencial».

Por consiguiente, destaca que «las negociaciones habidas entre Fiscal y abogado defensor es material sensible y, en atención a su contenido, ha de pasar por criterios de confidencialidad, que, si se quiebran, pueden entrañar una importante merma para el derecho de defensa, con el perjuicio que ello conlleva».

Archiva la causa contra el número tres de la Fiscalía

En un segundo auto, el magistrado instructor ha acordado archivar las actuaciones respecto al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe Díez, por considerar que no hay motivos suficientes para mantener su imputación.

El instructor toma su decisión a la vista de la propia declaración de Villafañe como investigado puesta en relación con otras diligencias de investigación, como la declaración de varios testigos e informes de la UCO sobre las llamadas y mensajes de los otros investigados, que detalla en su auto.