
La ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera a su salida de declarar como testigo al Tribunal Supremo
Un técnico del Ministerio de Transición le ayudó a eliminarlos
La ex asesora de Moncloa que filtró el mail del novio de Ayuso también cambió de móvil y borró los mensajes
Pilar Sánchez Acera ha declarado este miércoles como testigo en el Supremo (TS) para salvar a la Fiscalía. Asegura que accedió al correo a través de la prensa, pero que «no recuerda» de quién porque tiene otro teléfono
La ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera ha declarado este miércoles como testigo en el Supremo (TS) en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras ser señalada por el ex líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, como la persona que le remitió el mail enviado a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Sánchez Acera ha salvado el papel de García Ortiz al asegurar en su comparecencia que el correo confidencial le llegó en forma de imagen y no como reenviado, un detalle en el que ha insistido en varias ocasiones, y a través de la prensa en la mañana del día 14 de marzo de 2024, pero sin concretar la identidad del o los remitentes que le escribieron vía Whatsapp.
Un dato que ha dicho no recordar, ya que desde entonces ha «cambiado de móvil» –tras dejar de ser la jefa de gabinete de Oscar López, cuando éste a su vez era el jefe de gabinete del Presidente del Gobierno– y que, en dicho proceso, un «técnico del Ministerio de Transición» le borró los mensajes al pasar al nuevo terminal por lo que no conserva las conversaciones de aquellos días.
Eso sí, una vez la información protegida del empresario Alberto González Amador obró en su poder, está segura de que sólo se la reenvió Lobato, sin que mediase «orden alguna», desde el Gobierno, «para que lo hiciera en este sentido», ha sostenido. «No hubo un plan» para desprestigiar a Ayuso, ha insistido Sánchez Acera.Así ha podido confirmarlo El Debate de fuentes próximas a la instrucción penal que se sigue contra el máximo titular del Ministerio Público por un presunto delito de revelación de secretos que dirige el magistrado Ángel Hurtado.
La actual 'número dos' del PSOE de Madrid ha explicado en sede judicial que ni conoce al jefe del Ministerio Público ni a ningún fiscal. Una aseveración con la que ha buscado exonerar a la Fiscalía de cualquier responsabilidad en el envío de las comunicaciones intercambiadas entre la defensa de Díaz Ayuso y el entonces fiscal que le investigaba por presuntos delitos contra Hacienda, Julián Salto, y en el que se recogía que era «voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos», en referencia a los dos delitos tributarios contra los que González Amador está pleiteando.
Sánchez Acera, que en ese momento era jefa de gabinete de Óscar López, quien a su vez era jefe de gabinete de Pedro Sánchez, ha precisado que no recibió órdenes de Moncloa para hacer llegar el correo al entonces líder de los socialistas madrileños, al tiempo que ha explicado que su actuación se enmarcó dentro de las funciones que tenía como secretaria de política institucional del PSOE madrileño, es decir como 'número tres' de Lobato.
Cabe recordar que su declaración de este miércoles ha tenido lugar a petición de la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias.
El magistrado entendió que su comparecencia sería útil para esclarecer «el recorrido que pudo haber tenido el correo del 2 de febrero de 2024 hasta su aparición en la mañana del día 14 de marzo en el digital ElPlural.com», que fue el primero en recoger el pantallazo; y «en qué circunstancia circuló a través de personas por las que pudo haber pasado». Sobre este asunto las explicaciones han sido rocambolescas.
El instructor dio este paso meses después de interrogar el pasado noviembre como testigo a Lobato, quien aseguró que Sánchez Acera le había enviado el correo en cuestión y quien, sin embargo, no le contestó a la pregunta de si lo había obtenido de la Fiscalía.
Ese día, el exlíder del PSOE madrileño entregó voluntariamente tanto su teléfono móvil como el acta notarial que levantó con el contenido del mismo, para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pudiera contrastar el contenido de ambos.