Las causas contra el hermano y el fiscal general revelan el 'modus operandi': borrado de móviles del entorno de Sánchez

Si algo tienen en común dos de las causas judiciales que se estrechan sobre el entorno de Pedro Sánchez, además de la cercanía de ambas al mismísimo presidente del Gobierno, es el 'modus operandi' que se ha ido confirmando a medida que avanza la instrucción de las mismas. Tanto en el proceso que se ciernes sobre el hermano músico, David Azagra, como en la investigación abierta contra el fiscal general del Estado, los agentes han detectado un patrón común: borrado de mails, mensajes y formateo de móviles que coinciden en el tiempo con el arranque de las pesquisas.

No en vano, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está dedicando una buena parte de su tiempo y de sus esfuerzos, en sendos procedimientos, para recuperar las comunicaciones eliminadas de los terminales, en el caso de Álvaro García Ortiz, por orden del magistrado Ángel Hurtado a través de las compañías proveedoras de los servicios de Whatsapp y Gmail; y, en el de Sánchez Jr. recopilando para la magistrada Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, los correos electrónicos que la Diputación de Badajoz eliminó justo antes de que se practicara el registro policial en el marco de la investigación por presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias por parte del investigado.

Cabe recordar cómo los agentes encargados de este último asunto, el de David Azagra, detectaron que varios cargos de la Diputación de Badajoz habían liquidado mails justo antes de que se practicara el registro policial en la sede institucional supuestamente implicada en una contratación amañada del 'hermanísimo'.

Tal y como figura en el acta que elaboraron los agentes y a la que tuvo acceso El Debate, uno de los volcados electrónicos que se llevó a cabo fue el de la dirección de e-mail del hermano de Sánchez. En el documento de la Policía Judicial figuraba cómo se habían llevado «todo» lo que aparecía en los servidores de la corporación pacense referido a los archivos del músico, «incluida la huella digital».

Durante el registro los investigadores descubrieron que Elisa Moriano Morales y Cristina Núñez Fernández, dos cargos de la Diputación, habían borrado mensajes. «Constan como eliminados en el momento actual», reflejó el acta policial.

Los agentes de la UCO también intervinieron un disco duro «que se introduce en la bolsa de existencias» donde figura más documentación relativa a la oficina Ópera Joven, que presuntamente dirigía el hermano de Sánchez. El músico, que ostenta el cargo de Jefe de Artes Escénicas, se presentó en el registro policial para sorpresa de los funcionarios, que hacía varios meses que no le veían acudir a su puesto de trabajo.

Más de cinco miembros de la Fiscalía

Algo similar a lo ocurrido en el marco de la Fiscalía, donde al menos un total de cinco miembros del conocido como equipo de Fortuny, cambiaron de móvil durante los meses críticos para el futuro judicial del máximo titular de la Institución. Y es que, según han ido avanzando las actuaciones, se ha podido comprobar cómo el borrado de mensajes y el formateo de dispositivos no fue un hecho aislado del principal sospechoso, García Ortiz, como él mismo declaró en el Supremo.

Le imitaron tanto su directora de Comunicación, Mar Hedo, que se refirió a la renovación de su terminal cuando testificó ante el instructor Hurtado, en el Alto Tribunal o la mano derecha del fiscal general, el teniente de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, que fue señalado en esta dirección por los letrados de la acusación popular de la APIF (Asociación Profesional e Independiente de Fiscales) personada en la causa.

Pero, también, y como reveló El Debate en primicia, la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite, reemplazó su número de teléfono por otra distinto un día después de la entrada y registro de la UCO en el despacho de García Ortiz. En el caso de Sanz Gaite, además, cabe destacar que ha sido fuertemente señalada por no iniciar una investigación interna de oficio para depurar responsabilidades por la filtración de los datos privados del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Esta misma semana, tras la declaración de los dos últimos testigos citados por el juez instructor del Supremo, y tras corroborar ambos que también habían perdido los mensajes y comunicaciones tras cambiar de móvil, la pareja de Díaz Ayuso solicitaba al juez que ordenase a las operadoras móviles bloquear, durante 90 días, toda la información de un total de cinco terminales asociados a cargos socialistas.

Se trata de la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, quien envió a Juan Lobato, ex secretario general del PSOE de Madrid, un pantallazo del mail confidencial del empresario Alberto González Amador, remitido por su abogado tributario al fiscal Julián Salto el 2 de febrero de 2024, para que lo utilizase contra Díaz Ayuso en la Asamblea. «La imagen de la carta es potente», le escribió a Lobato.

Y, del ex secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés que testificada el pasado miércoles en el Supremo y apuntaba a esa práctica tan extendida en la Fiscalía que también se ha dado en Moncloa, para justificar que del mail él se había «enterado por la prensa»; al ex jefe de prensa del PSOE, Ion Antolín; al secretario de organización de los socialistas, Santos Cerdán y a la jefa de prensa de Vivienda, Laura Sánchez Espadas.