Sánchez desprecia la lucha contra la corrupción con un portazo a la propia Unión Europea

Pedro Sánchez no cumple, ni tiene planes para cumplir, con la orden europea de tener lista una estrategia global destinada a prevenir y combatir la corrupción. Lleva ya dos años de retraso según una ley de 2023 que él mismo firmó de «lucha contra la corrupción». Ahora, la Comisión Europea le afea su inactividad: «aún no se ha iniciado el trabajo al respecto», según recoge el Informe sobre la situación del Estado de derecho en 2024, en el capítulo referente a España y elaborado el pasado 24 de julio.

Una corrupción que cerca a su círculo más cercano pues, tanto su esposa, Begoña Gómez, como su hermano, David Sánchez, se encuentran inmersos en sendos procedimientos judiciales que intentan dilucidar hasta qué punto se sirvieron de sus relaciones familiares para medrar en sus respectivas profesiones. En su lugar, el presidente quiere modificar la legislación, aprobando la conocida como ley Begoña, limitando la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos, algo que ya está siendo investigado por la Eurocámara y que de momento ha tenido que paralizar ante la falta de apoyos parlamentarios.

De hecho, así lo reconoce Moncloa, que admite no haber hecho sus deberes y que tampoco tiene explicación para ello, teniendo en cuenta que la Comisión Europea le pide que cumpla con la Ley que lleva su propia firma, publicada en el BOE el 20 de febrero de 2023. La citada ley establece en su disposición adicional quinta la obligación del Gobierno de aprobar una Estrategia contra la corrupción, concediendo un plazo de 18 meses a tal fin.

El Debate ha accedido a un documento de Presidencia del Gobierno del pasado 30 de enero que demuestra cómo este asunto para Sánchez no es prioritario, algo que no resulta sorprendente a la vista de los escándalos que le rodean, con un Fiscal General a un paso del banquillo. Moncloa no tiene documentos sobre esta estrategia que exige Bruselas y regula la ley española de 2023 firmada por el propio Sánchez, como tampoco existe información alguna sobre las medidas que piensa tomar el presidente para frenar el descenso de seis posiciones que había sufrido España en el ‘Índice de Percepción de la corrupción’ hasta 2023, y que, según el informe difundido por Transparencia Internacional este mes de febrero, ha vuelto a descender diez puestos más.

España ha sufrido un acusado descenso en este ranking, pasando del puesto 30 en 2019 al 36 de 2023, hasta caer al 46 en este 2024, colocándose por detrás de países como Botsuana, Ruanda o Arabia Saudí, por no haber realizado «un progreso sustancial» en la lucha contra la corrupción y mantenerse en un momento de «estancamiento legislativo», ya que aún existen 87 directivas europeas pendientes de transposición y el país sigue sin contar con una estrategia nacional anticorrupción.

A esto se suma que tampoco dispone de documentos «donde consten las propuestas de regulación de las obligaciones de transparencia que han de cumplir los cónyuges y familiares directos de los altos cargos», lo que implicaría directamente a Begoña Gómez, envuelta en una causa judicial en la que se le imputan la comisión de cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo laboral.

Esta última petición llegaba desde el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que tal y como publicó El Debate, recomendaba a España «ampliar el alcance de los requisitos de publicación de la información financiera para incluir información desglosada/detallada sobre activos, intereses, empleo complementario y pasivos; y considerar la posibilidad de acortar los plazos de presentación y publicación de informes e incluir información sobre los cónyuges y los familiares a su cargo».

De hecho, el propio Ministerio de la Presidencia y de Justicia reconoció por primera vez, tal y como desveló este periódico, que no ha atendido los consejos de Europa y que, de hecho, no incluyó ninguna medida, lo que evidencia el nulo interés del Ejecutivo en que los negocios de Begoña Gómez sean públicos o que al menos, se depositen sus declaraciones de intereses y bienes en la Oficina de Conflictos de Intereses, tal y como recomendaba la institución.

Además, no solo el GRECO había puesto el acento en los conflictos de intereses de los altos cargos, sino que también el informe de la Comisión Europea plasma la desidia del Gobierno en este ámbito pues reconoce que «no se ha avanzado en el refuerzo del régimen de los conflictos de intereses y las declaraciones patrimoniales de las personas con altos cargos de la Administración», pese a que en el informe correspondiente a 2023 ya se había alertado de la necesidad de «robustecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración mediante el refuerzo de la competencia sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses».

Sin embargo, tal y como explica el informe, «el marco jurídico sigue inalterado, ya que el Ministerio de Justicia considera que es adecuado para que la Oficina desempeñe sus funciones», dejando fuera la posibilidad de fiscalizar las labores de Begoña Gómez o incluso sancionar a los altos cargos, a través de una oficina que depende directamente del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, ahora dirigido por Óscar López, y, por tanto, su independencia puede resultar más que cuestionable.

De hecho, no sorprendió a nadie que el organismo dictaminase que el presidente no tenía por qué inhibirse cuando el Consejo de Ministros decidió el rescate a Air Europa por 475 millones de euros, en respuesta a una denuncia que el Partido Popular presentó después de conocerse las vinculaciones entre el consejero delegado de Globalia, matriz de Air Europa, Javier Hidalgo y Begoña Gómez.

Es más, tal y como desveló El Debate, Sánchez ni siquiera se preocupó en conocer la posición del organismo respecto a las actividades de su esposa y nunca le consultó la posibilidad de que estuviera incurriendo en incompatibilidades o conflictos de intereses por hacer de la Moncloa la base de operaciones de las actividades privadas y profesionales de su mujer.

Pero no solo eso, sino que, además de no cumplir con sus obligaciones, al no llevar a Bruselas un plan contra la corrupción, el ministro Bolaños recibió al ex comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en septiembre, para trasladarle «los grandes avances de España en las recomendaciones del Informe del Estado de derecho».

Sin embargo, lejos de implementar los cambios que le exigían las instituciones europeas al respecto de la corrupción, Bolaños presentó su Plan de Acción por la Democracia, por el cual quiere mantener un control de la prensa no afín, bajo el pretexto de luchar contra «la desinformación y la máquina del fango». El Gobierno, entonces, aseguró que el comisario había recibido el proyecto intervencionista de Sánchez de manera «muy positiva», pero la realidad es que el excomisario aseguró que para «una valoración completa» de la propuesta, es necesario esperar a conocer la letra pequeña del «texto concreto».

La ley Begoña, un traje a medida que ya está bajo el escrutinio del Parlamento Europeo

Además, desde entonces, Sánchez ha seguido abanderando nuevas reformas legislativas, como la ‘Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas’, conocida como ley Begoña. Esta norma, prohibirá a los jueces abrir causas en base a «recortes de prensa»; elimina el delito de ofensas religiosas; añade nuevas causas para recusar a un juez, y se establece que no podrán ejercer la acción popular «los miembros de las carreras judicial o fiscal y las asociaciones profesionales de jueces y fiscales» y «los partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos», entre otros.

Es definitiva, un traje a medida para todos los casos que planean sobre el círculo más cercano al presidente del Gobierno pero que, de momento, ha tenido que paralizar ante la falta de apoyos parlamentarios, y, además, se ha topado de nuevo con el escrutinio de Europa. De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció en el Pleno de la Asamblea de Madrid que el Parlamento Europeo va a investigar la situación del Estado de derecho en España por la ley Begoña y la ‘falta de independencia del Fiscal General imputado’.

En concreto, los coordinadores de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo han acordado introducir por vía de urgencia dos peticiones ciudadanas sobre ‘el Estado de derecho y la independencia judicial en riesgo en España’, que llevarán a su análisis por parte de los eurodiputados en la sesión de la comisión del 16 y 17 de marzo.

Según fuentes del Ejecutivo regional el pasado 23 de enero de 2025 se registró una primera petición de investigación en la que el peticionario consideraba que la norma responde de forma ‘ad hoc’ a investigaciones judiciales en curso que afectan a familiares del presidente Pedro Sánchez y busca restringir drásticamente la acción popular e introducir una causa de recusación de jueces por motivos «políticos».