Sánchez lanza otro de sus planes milagro como los de la vivienda, la dana y el volcán

Luces, cámara y acción. Con una cuidada puesta en escena y la solemnidad de las grandes ocasiones, el presidente del Gobierno anunció este jueves en la Moncloa otro de sus planes milagro para hacer frente a los destrozos que los aranceles de Donald Trump amenazan con provocar a las economías española y europea en su conjunto. Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, se llama.

Ya de entrada, el anuncio de esos 14.100 millones de euros movilizados tiene mucha letra pequeña, puesto que 6.700 millones son básicamente fondos europeos de recuperación que iban a ir a un lado e irán a otro. De los 7.400 millones restantes, solo 400 son ayudas directas, a la compra de vehículos eléctricos. El resto, créditos: 5.000 millones de una nueva línea ICO de avales y 2.000 millones en seguros de crédito a la exportación.

Volvió a entonar el presidente frases como «vamos a proteger a nuestras empresas y trabajadores con todos los medios» y «este Gobierno asume su responsabilidad», en compañía de su socia de coalición, Yolanda Díaz, y del grueso de su Consejo de Ministros. Sin embargo, los planes milagro de Sánchez a menudo se disuelven en contacto con la realidad: dana, vivienda y volcán de La Palma son los tres mayores ejemplos.

El Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento de la Comunidad Valenciana que el Ejecutivo desplegó desde principios de noviembre tiene más por hacer que hecho, más de cinco meses después de la catástrofe. A estas alturas, el Gobierno no ha abonado ni la tercera parte de las ayudas, según los datos oficiales que actualiza diariamente. De los 16.600 millones de euros movilizados, ha abonado algo más de 4.859 millones, y gran parte -2.625 millones- corresponden al consorcio de compensación de seguros. La burocracia gubernamental aún tiene una pila de 320.256 solicitudes en tramitación.

El 5 de noviembre, cuando Sánchez compareció por primera vez en la Moncloa para anunciar los primeros 10.600 millones de euros de su Consejo de Ministros con destino a Valencia, aseguró: «Queda mucho trabajo por delante. Y vamos a estar con nuestra gente hasta el final. Con todos los medios, todo el tiempo que sea necesario».

También durante esa rueda de prensa condicionó las ayudas a la aprobación de los Presupuestos Generales de 2025, o lo dejó caer al menos. Porque he ahí la anomalía: todos los planes que ha anunciado Sánchez esta legislatura están prendidos con alfileres a los Presupuestos de 2023, que son los que siguen en vigor.

En enero, el presidente organizó el foro Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar para anunciar una batería de 12 nuevas medidas para poner viviendas en el mercado. Entre otras cosas, adelantó la creación de una nueva empresa pública de vivienda a la que en seis meses serían transferidas las 30.000 viviendas de la Sareb, el llamado banco malo. Eso y limitar la compra de inmuebles por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes. «Más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas», resumió.

Era el enésimo anuncio sobre vivienda, que fueron especialmente abundantes durante las campañas de las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2023. Anuncio tras anuncio, con el papel aguantándolo todo, en esos meses de fiebre electoralista el presidente comprometió hasta 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible. Pero no están.

Hace dos semanas, Sánchez presidió el acto de entrega de llaves de una promoción de 218 viviendas públicas para el alquiler asequible, saludando uno a uno a sus nuevos inquilinos. «El Gobierno de España está haciendo su parte y hará lo que sea necesario para hacer realidad ese derecho constitucional: no pararemos hasta que el derecho a una vivienda digna y su acceso sea el quinto pilar de nuestro Estado del bienestar», presumió durante el acto.

En el caso de La Palma, los afectados por el volcán que entró en erupción en la isla hace tres años y medio siguen esperando a que el Gobierno transfiera los 100 millones de euros que aprobó para el ejercicio 2024, a los que ahora se suman los de 2025. A mediados de marzo, siete colectivos de damnificados emitieron un comunicado apremiando al Ejecutivo de Sánchez. Puesto que el volcán destruyó más de 3.000 edificaciones, la mitad de ellas viviendas, 360 hectáreas de cultivos en producción e infraestructuras públicas.