María del Mar Villafranca, en una rueda del prensa como secretaria de Educación y Cultura del PSOE en 2012

María del Mar Villafranca, en una rueda del prensa como secretaria de Educación y Cultura del PSOE en 2012PSOE

Corrupción

Condenada la exdirectora socialista de la Alhambra por menoscabo de fondos públicos del monumento

El Tribunal de Cuentas declara «responsable contable directa» a María del Mar Villafranca de consentir que la empresa adjudicataria del servicio de audioguías no pagara su deuda con el Patronato

El Tribunal de Cuentas ha condenado a la que fuera directora general del Patronato de la Alhambra y el Generalife entre 2004 y 2015, la socialista María del Mar Villafranca, al pago de 404.265 euros por menoscabo en los fondos públicos de la agencia administrativa del monumento al apreciar irregularidades en la gestión del contrato de explotación del servicio de audioguías y de otro vinculado a sus tiendas.

Esta sentencia del Tribunal de Cuentas, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha trascendido coincidiendo con la celebración estos días en la Audiencia de Granada del juicio por el caso Audioguías que se ha seguido por la vía penal por irregularidades en la gestión de uno de estos contratos, el del servicio de audioguías, y por el que Villafranca se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión.

El Tribunal de Cuentas considera en su sentencia, contra la que cabe recurso, que la exdirectora de la Alhambra es «responsable contable directa» del menoscabo de fondos públicos que sufrió el Patronato de la Alhambra y el Generalife en el periodo referido a causa de estos dos contratos, condenándola a pagarlo, y absuelve a la persona que la sucedió en el cargo desde el 21 de julio de 2015 hasta el 6 de marzo de 2019, Reynaldo Fernández Manzano.

El órgano de control estima con ello parcialmente las demandas que por este asunto interpusieron tanto la Junta de Andalucía como la Fiscalía y mantiene que Villafranca «incurrió, cuando menos, en grave negligencia en la gestión concreta» de estos fondos.

Años sin pagar

Respecto al contrato de explotación del servicio de audioguías, se expone que la empresa adjudicataria se comprometió a abonar al Patronato de la Alhambra una serie de cantidades al año en concepto de canon fijo y variable, así como a presentar documentación relativa al número de alquileres de audioguías y a la recaudación.

Las cantidades correspondientes al canon fijo y variable que la empresa adjudicataria debía al Patronato en los primeros cuatro años de vigencia del contrato —de 2007 a 2010— ascendieron a 831.745 euros, pero durante este tiempo la mercantil «no abonó cantidad alguna».

Incide el Tribunal de Cuentas en que «a pesar de que la adjudicataria no cumplía de forma manifiesta y sistemática durante los primeros años de vigencia del contrato sus obligaciones contractuales», Villafranca no actuó para evitar una posible situación dañosa para el monumento más visitado de España.

Villafranca autorizó la minoración de la deuda contraída por la adjudicataria con la Alhambra

«Es más, autorizó, de forma injustificada, la minoración de la cantidad que la adjudicataria adeudaba a la entidad y posteriormente acordó la prórroga del contrato», añade la sentencia, que adelanta el diario Ideal.

Por este asunto, Villafranca deberá abonar 129.018 euros derivado de un exceso de reconocimiento de deuda por otros servicios que benefició a la empresa adjudicataria de las audioguías en detrimento de los intereses del Patronato de la Alhambra. Durante el juicio que se está celebrando en la Audiencia de Granada, Villafranca ha declarado que la empresa acabó pagando todo lo que debía y que durante todo el proceso se ajustó a la ley y a las decisiones que adoptó el Pleno del Patronato de la Alhambra.

En cuanto al contrato para la gestión del servicio público por concesión de las tiendas de la Alhambra, el menoscabo se ha cifrado en 275.247 euros por una serie de deducciones al canon variable fijado en el contrato que fueron «autorizadas indebidamente», según el Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo sostenido por la Junta de Andalucía y la Fiscalía.

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