Andalucía se lanza a mejorar sus polígonos industriales para hacerlos atractivos a la inversión

El Gobierno de Juanma Moreno ha puesto en marcha la tramitación del anteproyecto de Ley de Espacios Productivos de Andalucía para el fomento de la industria en Andalucía (LEPA), que nace con el propósito de mejorar las zonas industriales de la comunidad tanto en infraestructuras como en servicios, poner en valor los espacios productivos existentes y aportar seguridad jurídica para facilitar la implantación de industria en los polígonos industriales y parques empresariales andaluces.

La futura ley, aunque impulsada por la Consejería de Industria, Energía y Minas, implica a otros departamentos, ya que persigue constituir un marco legal que ofrezca una visión integral de los espacios productivos como generadores de oportunidades de desarrollo económico y social, y que además sean capaces de atraer inversión industrial a Andalucía, contando con un entorno capaz de eliminar trabas, simplificar trámites y garantizar procesos ágiles.

En la actualidad, Andalucía cuenta con más de 2.300 espacios productivos que albergan 40.000 empresas y 10.000 autónomos, que representan el 16 % del tejido empresarial andaluz y concentran casi el 22 % del total de los trabajadores, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Así, el diagnóstico del que se parte es una situación de obsolescencia y de falta de instrumentos regulatorios, financieros y de gestión para abordar el mantenimiento, regeneración y modernización de los polígonos industriales, que se pretende abordar de forma ordenada y sistemática en el anteproyecto de ley a través de la puesta en marcha de una serie de medidas e instrumentos concretos que dan respuesta a las demandas de quienes están implantados en estos espacios productivos.

Protección de espacios industriales

Una de las medidas clave es la creación del espacio industrial protegido, una figura que busca proteger los espacios de alto valor industrial y de alto impacto económico y social para el territorio donde se ubican, y que por ello se beneficiarán de una tramitación administrativa preferente para la implantación de actividades industriales para convertir a Andalucía en una región especialmente atractiva para acoger proyectos de calidad.

Según recoge el texto del anteproyecto, serán susceptibles de ser declarados como tal aquellos en los que más del 70 % de sus empresas son industriales o servindustriales; existe un alto grado de conexión entre las industrias; tienen un alto nivel de incidencia en el territorio, o son espacios que cuentan con una buena dotación de infraestructuras, entre otras características.

Otra medida relevante que introduce el texto es una clasificación de los espacios productivos en función del nivel de infraestructuras y servicios. Además, se añaden etiquetas en función de su especialización y de su grado de adecuación a la transición ecológica y digital.

Instrumentos para captar inversiones

Por otro lado, la futura ley no se limitará a la mejora de los polígonos, sino que busca llenarlos de industria, para lo cual introduce instrumentos concretos cada vez más necesarios en el contexto de una importante competencia regional por captar inversiones industriales.

En este sentido, se incluyen nuevas figuras e instrumentos como los proyectos tractores de la industria, para los cuales se contempla un régimen administrativo preferencial. El texto del anteproyecto también contempla instrumentos para abordar el problema del acceso a la energía en los polígonos y que pretenden aprovechar las oportunidades que brindan las energías renovables y los nuevos vectores energéticos como el hidrógeno verde.

Así, se propone la elaboración de un censo de calidad y potencia de energía eléctrica en los polígonos, una plataforma para la solicitud de acceso a suministro eléctrico, la reserva de terrenos para usos industriales y energéticos, y ayudas para la mejora y desarrollo de las infraestructuras energéticas.

En este marco de ayudas, el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Industria, Energía y Minas, tiene previsto lanzar un nuevo programa de incentivos integrados que aúna dos vertientes fundamentales: la competitividad industrial y la eficiencia energética, y ayudas por valor de 50 millones de euros.