Juanma Moreno reclama «leyes estrictas» contra la okupación y los impagos a propietarios

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves ante el Pleno del Parlamento andaluz «leyes estrictas, claras y transparentes» para la protección de los derechos de los propietarios de vivienda ante circunstancias como los impagos del alquiler o la okupación del inmueble.

En respuesta a una pregunta sobre vivienda del portavoz del grupo de Adelante Andalucía, José Ignacio García, Moreno le ha explicado que la seguridad jurídica consiste en que «no venga nadie a meterte una patada en la puerta y se meta en una casa que no es la suya», o en evitar que a un propietario «le dejen de pagar y tarde dos años en echar al inquilino».

Además, ante la demanda que le ha planteado Adelante de una intervención pública de los precios del alquiler, Moreno ha señalado que «el intervencionismo nunca ha funcionado y no va a funcionar en Andalucía», bajo la premisa de que esa iniciativa ha tenido «el efecto contrario en Barcelona», donde el alquiler permanente se ha perdido en un 75 % y el temporal ha crecido un 46 % como reacción de los propietarios a la limitación de precios.

Por otro lado, el presidente andaluz ha afirmado que el incremento de los pisos turísticos obedece «al aumento de los visitantes», reivindicando a continuación que el decreto de la Junta aprobado en febrero sobre la vivienda de uso turístico crea el marco jurídico para que actúen los ayuntamientos. En este punto, ha aludido a la cancelación de 2.600 licencias por iniciativa de los ayuntamientos de Cádiz, Málaga y Sevilla.

Juanma Moreno ha también argumentado que la vivienda es «un problema en Madrid, Cataluña, Andalucía» y que ya figura como cuarta preocupación para los andaluces, según los sondeos del Centro de Estudios Andaluces (Centra), y ha sostenido en su diagnóstico que el hecho de que haya «menos casas disponibles presiona al alza de los precios».

Como políticas de vivienda autonómicas ha defendido «favorecer la vivienda pública y los suelos residenciales», reivindicando que «se ha multiplicado por tres las viviendas protegidas»; destinar suelo a la colaboración público-privada que lleva a impulsar 17.000 viviendas; la reducción de trámites y la aprobación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), o la reducción de impuestos y el futuro aumento, previsto en el presupuesto de 2025, de las deducciones fiscales de compra y alquiler, entre otras.

Por último, ha aludido a la futura Ley de Vivienda andaluza para defender la aspiración de «producir suelo a precio asequible, crear áreas prioritarias», así como un plan de choque de 20.000 viviendas públicas en alquiler.