La arriesgada apuesta de Tarifa para solucionar su grave emergencia habitacional

La ciudad gaditana de Tarifa ha iniciado un ambicioso proceso de transformación de parte de su litoral marítimo para dar respuesta a la grave emergencia habitacional del municipio. El objetivo del Ayuntamiento, a través de un nuevo convenio urbanístico, es el de lograr construir centenares de viviendas, así como apartamentos turísticos, para aumentar la capacidad de alojamiento. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo y varios vecinos ya han mostrado su rechazo con una protesta.

Ese convenio urbanístico, defendido desde el Gobierno local, ha indignado a algunos vecinos de Tarifa, quienes han impulsado una organización para frenar el proyecto. Pepe Santos, alcalde de la localidad, sostiene que este aportará un gran valor a la ciudad gaditana, consiguiendo aumentar el número de viviendas disponibles.

Este plan, firmado entre el consistorio y la empresa natural de Marbella Granparcela SL, ampliaría la zona de domicilios en un lugar castigado tanto por la falta de territorio como por una demanda creciente debido al turismo. El proyecto, argumentan sus críticos, provocaría el derrumbe y el posterior traslado a otras zonas de Tarifa de tres centros escolares, del polideportivo, de la conservera, de la factoría de la almadraba y de otras localizaciones ubicadas en el paraje de Los Lances.

El espacio que quedaría tras la demolición se destinaría a la construcción de distintas infraestructuras. Alrededor de 74.713 metros cuadrados se enfocarían al levantamiento de viviendas plurifamiliares de renta libre, otros 18.678 metros serían de Protección Oficial y 11.040 irían destinados a la edificación de un hotel de 3 estrellas. Por otra parte, 15.643 metros cuadrados servirían para construir apartamentos turísticos y otros 13.341 se designarían a uso turístico. Serían 150.000 los metros cuadrados que quedarían moldeados, incluyendo dentro de estos 700 metros en línea en la Playa de Los Lances.

En declaraciones a Cope Campo de Gibraltar, el primer edil ha manifestado que en el programa electoral presentado por el PP «llevábamos que Tarifa dejara de estar de espaldas al mar y que necesitaba de un proyecto que le diera el valor que merece». Y añadía: «Mi objetivo es que un mínimo de 40 % del suelo se destine a vivienda social, también contaremos con vivienda residencial, un hotel, aparcamientos, reubicar los equipamientos deportivos… y por supuesto, el equipo de gobierno escuchará todas las alegaciones».

Respuesta de los vecinos

El inicio del proyecto ha suscitado el descontento de cientos de tarifeños que se han levantado para batallar con lo que consideran una venta de la localidad. Bajo el lema Tarifa no se vende, Tarifa se defiende, unos 300 vecinos tomaron el mirador Juan Maté de Luna para manifestarse. La protesta fue puesta en marcha a través de las redes sociales y hasta el lugar citado llegaron una multitud de tarifeños ataviados con carteles mostrando su repulsa ante el convenio urbanístico.

Tal y como recoge EuropaSur, Charo Blanco, de la asociación ecologista Agaden, fue una de las portavoces de la cita para exhibir la disconformidad del pueblo. «Esto solo se puede parar en los tribunales, recogiendo firmas o con movilizaciones», subrayó. En la misma línea, Blanco destacó: «Los que vivimos aquí no podemos aparcar, damos ocho vueltas y luego los de fuera aparcan en la acera y no pasa nada».

Siguiendo el turno de palabra, el medio local afirma que fue un vecino quien lanzó la propuesta de la creación de un grupo de Facebook llamado ‘Tarifa no se vende. Tarifa se defiende’. Esta organización, ya implantada en las redes sociales, sirve como punto de unión para todas las comunicaciones y novedades relacionadas con el proyecto. «Si os interesa seguir el tema, pueden unirse al grupo y considerar este un lugar de intercambio para difundir y organizar las acciones posibles», indican desde el canal.

Asimismo, invitan a los participantes a hacer llegar este llamamiento a personas expertas en el área de la justicia con el fin de asesorar a los vecinos en la batalla contra el convenio urbanístico.