Ultimátum secesionista a los profesores: o acreditan el conocimiento del catalán o no podrán ejercer

La consejería de Universidades de la Generalitat, con la colaboración de los rectores, sigue con su campaña de presión para incrementar el uso del catalán en las universidades. Los profesores están en el punto de mira, y en concreto, los asociados. Algunos de ellos, al menos de la Universidad de Barcelona y de la Ramon Llull, han recibido un e-mail en el que se les dice que tienen que «acreditar el conocimiento de la lengua catalana, para evidenciar que es competente en las dos lenguas oficiales. Ésta es la única manera de garantizar el respeto por los derechos lingüísticos de los estudiantes», se dice en el texto. Y es más, en el mensaje se advierte que «no podrá continuar como docente en la UB en el curso 2023-2024 si no ha aportado la acreditación que requiere la normativa aplicable». Tienen nueve meses para poder hacerlo.

La normativa a la que hace referencia es al Decreto 128/2010 de 14 de septiembre, sobre la acreditación del conocimiento lingüístico del profesorado de las universidades del sistema universitario de Cataluña. Según este decreto, efectivamente los docentes «deben acreditar el conocimiento suficiente del catalán en los concursos de acceso». Una norma, que según explican desde Universitarios por la Convivencia no se había aplicado nunca, «aunque es cierto que existe», porque «no ha habido ni hay un problema con la lengua en las universidades». Es lo que ha explicado a El Debate Isabel Fernández Alonso, profesora de Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y portavoz de esta plataforma, quien considera que la Generalitat está utilizando cualquier resquicio legal que tiene a su alcance para «meter presión» a los profesores, en este caso los asociados, que son los que «tienen una situación más frágil».

Fernández Alonso considera «especialmente lamentable» e incluso «ofensivo» que se ponga en cuestión la capacidad de comprensión de los docentes, cuando muchos de ellos llevan años impartiendo clases en Cataluña. De hecho, en el mensaje se dice que si no se acredita el conocimiento de catalán «se podría resentir la comprensión correcta de las preguntas que el alumnado formule en el aula en catalán o de los exámenes y trabajos que presente en ésta lengua». Por todo ello, la profesora considera que es una «decisión sin fundamento», porque no hay quejas al respecto y «evidentemente todos los profesores entienden el catalán».

Pero para Isabel Fernández Alonso todo esto responde también al «fracaso» de la campaña de delación que impulsó la consejería de Universidades y varias entidades independentistas, para denunciar a los profesores que utilizaran el castellano en sus clases. Fracaso, porque según un primer balance de la propia Generalitat, sólo se habían registrado 55 quejas por vulneración del catalán en las clases, teniendo en cuenta que hay unos 150.000 alumnos matriculados en las universidades de Cataluña.

Además, para la profesora de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, esta nueva exigencia es un «mecanismo disuasorio», una nueva traba para que no vengan profesores de contrastado prestigio del resto de España o del extranjero. Pero también es una «advertencia» para los profesores que están actualmente trabajando como asociados, que incluso pueden considerar que no les compensa hacer un examen para acreditar los conocimientos de catalán, «ponerse a estudiar ahora los pronombres o los verbos», como decía Isabel Fernández Alonso, y puedan optar por dejar las clases y centrarse en la empresa privada.

Fernández Alonso también lamenta que el departamento de Universidades pretenda «convertir la lengua en el tema nuclear de su política, dejando de lado otros problemas de las universidades». Y ponía como ejemplo el envejecimiento de la plantilla o la falta de financiación.