Educación, empresas y sanidad, el objetivo de la nueva política lingüística de la Generalitat

El catalán ha perdido en los últimos años, concretamente entre 2003 y 2018 unos 280 mil hablantes habituales, según el informe académico que se ha presentado en la primera reunión del Pacto Nacional por la Lengua. Un informe, eso sí, que también señala que el catalán no está en peligro «inminente», aunque sí se observan «tendencias preocupantes». Y de ahí que los autores del informe señalen los ámbitos en los que hay que reforzar la presencia del catalán, como la educación, las empresas o la sanidad. Recordemos que es en este foro, en este pacto, que la Generalitat quiere usar para blindar el sistema de inmersión lingüística. Y en él, además de los independentistas, participa el PSC.

Una de las cuestiones que pone de relieve este informe, elaborado por siete expertos, es que la inmigración ha sido uno de los factores que ha contribuido a un menor uso del catalán. Se dice, de hecho, que uno de los retos principales tiene que ser «la capacidad de gestionar el gran cambio demográfico que se ha producido a lo largo de las últimas décadas, excepcional por la magnitud». Y es que Cataluña ha recibido 1,5 millones de nuevos ciudadanos en dos décadas y además con un «peso importante de los hablantes de castellano».

En este sentido, en el texto se dice bien claro que «los avances en la transmisión lingüística intergeneracional y en el aprendizaje escolar del catalán no ha podido compensar los efectos de la incorporación de la nueva inmigración no catalanoparlante, que ha provocado el retroceso porcentual del conocimiento y el uso de la lengua catalana». A partir de ahí, se establecen unos ámbitos en los que se tendría que potenciar el catalán, como por ejemplo el educativo, en la sanidad, en los comercios y en las empresas o en las redes sociales.

Rechazo al castellano

La educación es uno de los pilares fundamentales de la «nueva» política lingüística del Govern. Se insiste en rechazar un mayor refuerzo de la educación en castellano, por ejemplo, con la sentencia del TSJC que establece que al menos un 25 % de las asignaturas se deben dar en español. Pues bien, en el informe se deja claro que «establecer un porcentaje arbitrario de uso vehicular de las lenguas para el conjunto del sistema educativo no tiene justificación pedagógica o didáctica».

Los expertos consideran que la proporcionalidad en el uso vehicular de las lenguas se tiene que fijar en base a «la consecución de los objetivos de capacitación lingüística» y no «por las horas teóricas de docencia en cada lengua». En definitiva, se apuesta por proyectos lingüísticos «adaptados a las necesidades de cada contexto». Esto es, a la práctica, no tener que aplicar necesariamente la sentencia del 25 % de castellano.

Los autores del informe también hablan de un «clima de conflictivización judicial», de «alboroto mediático y político», especialmente en el ámbito estatal, que «parten de una representación distorsionada de la realidad del catalán como una lengua ya normalizada y de la realidad de las aulas como espacios marcados por el uso exclusivo de esta lengua».

Las empresas deben buscar perfiles que tengan como requisito el conocimiento de idiomas, y en este caso, del catalán

En el ámbito de las empresas y del comercio, se propone la posibilidad «de fijar obligaciones o responsabilidades» para asegurar que el personal que «tiene encargada la relación oral o escrita con el público cuenta con la capacitación necesaria en las dos lenguas oficiales». En definitiva, se trata de que las empresas a la hora de buscar perfiles especifiquen como requisito el conocimiento de idiomas, y en este caso, del catalán. Y el texto añade: «este tipo de regulaciones se han establecido en otros estados democráticos con varias lenguas oficiales y entendemos que pueden ser aplicables en el caso de Cataluña con las adecuaciones necesarias». Y es que, según el informe, «la libertad de empresa no es ilimitada», sino que se debe «ajustar a varias condiciones en el respecto de finalidades de interés general».

Para los autores del estudio hay que «reconducir el círculo vicioso» según el cual, los ciudadanos no «pueden ser atendidos en catalán en las mismas condiciones que en castellano porque el personal de atención al público no tiene la competencia adecuada». Y no la tiene, añade el texto, porque «en la selección de personal la empresa no ha especificado que esta era una capacidad necesaria para el puesto de trabajo».

Y del mismo modo que en las empresas, también se propone que en el ámbito de la salud se tenga en cuenta el conocimiento de lenguas oficiales en los procesos de selección. Y especialmente teniendo en cuenta que en los últimos años en Cataluña no solo se han colegiado un número importante de profesionales extranjeros, sino que en los próximos diez años se jubilarán más de una cuarta parte de los colegiados actuales, «mayoritariamente nacidos o formados en Cataluña». Y ante esta perfectiva es imprescindible, dicen, «activar todos los sistemas de formación y de selección que permitan incorporar a profesionales lingüísticamente capacitados». De ahí que se proponga que la selección de los médicos residentes, que es competencia del Estado, «se garantice esta competencia lingüística en las lenguas oficiales del territorio en que tienen que ejercer». Según el informe, esto supone un principio de «igualdad y calidad del servicio».

Son algunos de los ámbitos sobre los que se propone trabajar la Generalitat, además de la cultura, los medios de comunicación, las redes sociales o el ámbito jurídico. En este último punto apuesta por una reforma constitucional o una reinterpretación del modelo lingüístico y de la normativa estatal, y por garantizar que el catalán pase a tener estatus de lengua oficial en la Unión Europea, como herramienta de cohesión social y de identidad colectiva.