La Generalitat gasta 100 millones al año en política exterior, pero tiene todas las puertas cerradas

El nacionalismo catalán históricamente buscó siempre lazos con Europa y si eran directos, sin pasar por el Gobierno de España, mejor. Pujol tuvo mucho éxito y sus fotos con presidentes de la Comisión Europea, Comisarios, jefes de Estado y de Gobierno de los estados miembros fueron una constante. La clave era Josep Antoni Duran Lleida, líder de Unió Democrática de Catalunya (UDC), un partido democristiano, miembro histórico del Partido Popular europeo, la gran familia política de Europa que desde la fundación de las instituciones europeas ha dominado el mapa político comunitario. Además el partido de Pujol, Convergencia (CDC), formaba parte de la internacional liberal, el tercer partido en discordia en Europa. Hoy las cosas son muy distintas, UDC ya no existe y los herederos de CDC fueron expulsados en 2018 del grupo liberal por la presión de Cs, el giro independentista unilateralista de los neoconvergentes y la corrupción que asoló al partido del expresidente Pujol.

Hace dos semanas Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, visitó Bruselas, donde fue recibida en dos días por la vicepresidenta de la Comisión, dos comisarios y dos delegados de grandes regiones europeas: Baviera (Múnich) y la Ille de France (París), mientras en Barcelona, a pesar de que la Generalitat de Cataluña tiene un presupuesto para política exterior de 100 millones al año, que no para de crecer, al igual que le sucedía al Coronel de García Márquez, no tiene quien le escriba ni quien le reciba. Pere Aragonés no tiene agenda internacional fuera de los apoyos habituales del independentismo en Córcega o Flandes y las últimas semanas en el parlamento europeo hemos presenciado en dos ocasiones cómo a Clara Ponsati, eurodiputada prófuga de la Justicia española, y a Carles Puigdemont, se les retiraba el uso de la palabra por utilizarla para soltar soflamas contra España extemporáneas y ajenas al orden del día, todo ello en un hemiciclo vacío.

El Gobierno catalán no ha aprendido que el dinero en política comunitaria no lo es todo y su desdicha viene de lejos. En 2014, tras las elecciones europeas, la Generalitat de Cataluña, con Artur Mas al frente, decidió cambiar el estatus de su oficina en Bruselas, que pasó de delegación a denominarse representante, equiparándose a situaciones complejas y especiales como Kosovo y abandonando el estatus del resto de delegaciones regionales tanto españolas como del resto de Europa. El cambio vino acompañado del nombramiento de Amadeo Altafaj, que hasta entonces había ejercido como portavoz del comisario económico.

El cambio no es meramente nominal. Pasar de delegación a representación suponía romper lazos con la representación española frente a las instituciones europeas y generó una gran incomodidad a las autoridades europeas a las que se ponía en la tesitura de tratar con una representación díscola con un estado miembro. Los tratados europeos establecen, con claridad meridiana, que la relación con las instituciones europeas debe canalizarse a través de las representaciones de los Estados Miembros. A partir de ahí las puertas que Duran y Pujol habían tenido siempre abiertas se fueron cerrando una tras otra de forma inexorable. El procés hizo el resto, y Cataluña caminó hacia la irrelevancia.

En los meses previos a la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017 desde Cataluña se lanzaban mensajes tranquilizadores hacia su público hablando de que la real politik se impondría y que era normal que los estados no se posicionaran a favor de la secesión de Cataluña de forma previa a la declaración de la misma, pero que tras la declaración los reconocimientos a la nueva república catalana vendrían en cascada. Desde la Generalitat se afirmaba que la UE daría entrada a Cataluña de forma inmediata y Artur Mas fantaseó con ceder la defensa de la República catalana a Francia. Luego llegaron los contactos con China, para financiar el nuevo estado con criptomonedas, y se trabajó intensamente para que Jerusalén y Moscú reconocieran a Cataluña.

La tarde de autos, tras la desangelada declaración unilateral de Puigdemont en el parlamento catalán, en un ambiente muy tenso y algo tétrico que auguraba lo que iba a suceder, casi todos los países del mundo emitieron comunicados ya no de reconocimiento de la República catalana declarada en el parlamento catalán, sino de rechazo.

Los catalanes asistían, a través de TV3, a una especie de festival de eurovisión macabro en el que una imagen fija de la fachada del Palau de la Generalitat esperaba que se arriará la bandera de España, cosa que nunca sucedió, mientras al pie de la pequeña pantalla se daba cuenta de cómo los países que desde el independentismo se soñó que apoyarían la separación se iban desmarcando. EE.UU., Francia, Alemania, Rusia, Israel, las Instituciones Europeas, Italia, incluso Andorra, hasta más de 100 países, cerraron filas frente a la declaración unilateral. Ni la Confederación americana allá por 1861 había recibido tanto rechazo internacional.

Las recientes revelaciones, recogidas por el New York Times e investigadas por las instituciones europeas sobre las relaciones del independentismo con Rusia ponen de manifiesto que el rechazo unánime de la comunidad internacional no desanimó al independentismo, que siguió buscando apoyos, pero dichos contactos, mantenidos hasta fechas recientes, han cerrado aún más puertas al independentismo catalán.

El Gobierno catalán, que vio suspendidas sus delegaciones «embajadas» en el extranjero durante la aplicación del artículo 155 de la constitución, una vez recuperó sus competencias, tras las elecciones de diciembre de 2017 reabrió sus 13 delegaciones que actualmente se ubican en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos –en el lujoso Rockefeller Center de Nueva York–, Italia, Suiza, Francia, Sudeste de Europa, Europa central, Países nórdicos-bálticos, Portugal, Cono sur americano, México-Centroamérica y Túnez. En un proceso incansable de buscar reconocimiento internacional a su causa, desde el Gobierno catalán se ha anunciado que en 2022, tras un incremento de presupuesto del 55 %, se abrirán seis delegaciones más en Japón, Corea del Sur, África Occidental (en Senegal), África Meridional, Brasil y Andorra.

Actualmente, al frente de la Consejería de exteriores está Victoria Alsina, una persona con experiencia internacional, especialmente en Estados Unidos, donde el independentismo encontró en el pasado reciente apoyos entre miembros de la Cámara de representantes más acérrimos a Trump, y en consecuencia antieuropeos, que al igual que sucede en Moscú, veían con simpatía todo movimiento que desestabilizara los estados miembros de la UE.

La reciente sesión del TSJUE sobre el alcance de las euroórdenes dictadas por el Juez Llarena han sido una derrota para el independentismo. Su último clavo ardiendo ha sido la no ejecución de las euroórdenes por parte de Alemania, Bélgica o Italia pero el proceso de retirada de inmunidad del Parlamento Europeo avanza inexorablemente y el TSJUE ha afirmado, inequívocamente, que la Justicia española ofrece todas las garantías procesales exigibles a Puigdemont.