El perfil del nuevo «okupa» en Cataluña: con ingresos, con trabajo, pero no quiere pagar más alquiler

Son personas con ingresos, con trabajo, pero sencillamente no quieren pagar más alquiler. Es el perfil del nuevo okupa que se ha detectado en Cataluña, la comunidad autónoma con más ocupaciones ilegales de España. Y no son ni mucho menos personas vulnerables. Son «okupas acomodados», como así los definen los abogados expertos en la materia. Suelen ser inquilinos a los que se les acaba el contrato de alquiler, y cuando el propietario quiere revisar este contrato y cambiar las condiciones, deciden no pagar y quedarse en la vivienda como okupas.

¿Y qué ha provocado esta situación? «La impunidad que hay en Cataluña con el sistema de okupación». Es lo que asegura la abogada María José Tarancón. De hecho, en esta comunidad autónoma se han impulsado normativas que, de alguna forma, han amparado la ocupación ilegal. Así, por ejemplo, en febrero del año pasado el Parlament aprobó la ley antidesahucios, que recogía la obligación de los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social a personas «vulnerables».

'Okupa' con despacho en la Illa

Y aquí está otro de los problemas, ¿cómo se acredita la vulnerabilidad? Para Tarancón debería ser la administración, pero a la hora de la verdad no hace ningún tipo de seguimiento. Y se han encontrado casos de inquilinos que son empresarios, que trabajan en negro o que se han declarado insolventes para tal fin, para no pagar.

La abogada ha explicado el caso muy llamativo de «una persona, que vive en la zona alta de Barcelona, con despacho en la Illa Diagonal y que jugaba al golf. Pretendía pagar 500 euros por un piso, por el que cualquier ciudadano pagaría entre 1.500 y 2.000 euros». El piso en cuestión, como decíamos, está en la zona alta y tiene una superficie de unos 200 metros cuadrados.

Y al final, asegura Tarancón, el cliente tiene que contratar a abogados, éstos a su vez un detective para seguir a los inquilinos; solicitar al juzgado que revise los registros mercantiles para comprobar que el inquilino no tiene ninguna sociedad, y mientras tanto, precisa, «el procedimiento del desahucio y el lanzamiento se van alargando». Por este motivo, pide que sea la administración la que haga un seguimiento de la situación de estos okupas. «Y si se comprueba que están en riesgo de exclusión social, que les den un piso, pero una vivienda social, no a cargo del capital privado, porque se pueden dar situaciones muy injustas». Situaciones como las de una clienta suya, viuda, a la que le han ocupado de forma ilegal un piso que tenía alquilado para complementar su pensión.

Informe Instituto Coordenadas

En ese sentido, desde el Instituto Coordenadas, se ha hecho un análisis sobre la ocupación ilegal en Cataluña en general, y en Barcelona en particular. Desde este organismo se reconoce que la legislación catalana ha podido «llegar a favorecer la actividad delincuencial que tanto afecta a Cataluña, por lo que en el contexto actual y apenas un año después, el propio parlamento ha impulsado medidas en el sentido contrario al de esta normativa».

Efectivamente, recientemente la cámara catalana ha aprobado una proposición de ley que permitirá a los ayuntamientos a instar el desalojo de un inmueble ocupado de forma ilegal cuando se produzcan problemas de convivencia vecinal, es decir en el caso de la okupación conflictiva, y siempre y cuando pertenezcan a grandes tenedores que no hayan emprendido acciones legales para el desalojo. Eso sí, todo dependerá de la voluntad de cada consistorio. El texto aprobado rebaja el original, que pretendía que también pudieran instar al desalojo las comunidades de propietarios.

En cualquier caso, el portavoz y vicepresidente del Instituto, Jesús Sánchez Lambás, ha destacado que se han detectado ese nuevo perfil de «okupa acomodado» en Cataluña, «tal y como se ha visto recientemente, casos como el de Casa Orsola en la ciudad de Barcelona, donde varios inquilinos no vulnerables han rechazado el fin de sus contratos de arrendamiento y permanecen en las viviendas, demuestran que los altos niveles de ocupación ilegal en la capital catalana han dado pie a que personas no necesitadas aprovechen este contexto».

Cataluña lidera el ranking en ocupaciones ilegales, y eso que el año pasado, por primera vez desde 2017, se produjo una reducción en el número de okupaciones, pero como dice el portavoz del Instituto Coordinadas, «este territorio y especialmente Barcelona siguen manteniéndose como epicentro de las denuncias por esta problemática en España, al menos desde 2015».

En 2020 esta comunidad autónoma llegó a representar más de la mitad de los casos registrados en toda España. Ahora acapara un 42 % . Y, además, entre 2015 y el año pasado, las denuncias por este delito han aumentado más de un 77 % en Cataluña, lo que ha dado pie también, aseguran desde la entidad, a la aparición de estos nuevos modelos y perfiles de okupas que no están en situación de vulnerabilidad.

«Resultan extremadamente llamativos los niveles alcanzados en esta comunidad autónoma y en su capital en apenas cinco años, desde que se tienen registros estadísticos sobre los juicios verbales por ocupación ilegal, desde el tercer trimestre de 2018», destaca Jesús Sánchez Lambás. «De hecho, si nos remontamos más atrás en el tiempo y observamos el volumen de denuncias por ocupación ilegal de inmuebles, vemos que en 2015 Cataluña registró 3.950 casos, mientras que en todo el 2022 fueron 7.005, un 77,3 % más», alerta.

Del total de casos en esta autonomía en 2022, la mayor parte se dieron en la provincia de Barcelona, que en los primeros once meses del año registró 4.875 viviendas ocupadas, la mayoría en Barcelona y su área metropolitana. Muy por debajo, en segunda posición, se encontraba la Comunidad de Madrid con 1.406 ocupaciones ilegales de inmuebles.