Ilustración sobre el estado del catalán en Cataluña
Los diez reproches de Europa a Cataluña y al Gobierno central por la discriminación del español
La imposición del catalán por parte del Gobierno autonómico y la vista gorda del Ejecutivo central han quedado retratados
«Incitación al odio», «intimidación y acoso contra niños y progenitores», «comportamiento inaceptable» o «auténtica falta de voluntad de diálogo» son algunas de las conclusiones a las que han llegado en Europa respecto al trato del español en Cataluña. El nacionalismo catalán ha quedado retratado. Y la vista gorda del Gobierno central, también.
En el informe aprobado este martes por el Parlamento Europeo para exigir al Gobierno catalán y central la no discriminación del español en la educación se extraen diez reproches graves contra ambos ejecutivos.
1. Incumplimiento del 25 %
El Parlamento Europeo ha hecho constar en su informe que el Gobierno catalán no aplica en los centros educativos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la obligación de garantizar el 25 % de enseñanza en castellano y le abronca recordándole que «el respeto del Estado de derecho es una de las piedras angulares de la Unión».
2. Comunicaciones en castellano
Otra de las reivindicaciones de las asociaciones como Asamblea Escuela Bilingüe, clave en este hito, también ha salido a la palestra: las comunicaciones de la administración pública educativa dirigidas a padres y alumnos, que solo se realizan en catalán. Europa saca los colores a las autoridades autonómicas y les pide que se realicen tanto en castellano como en catalán por sistema «sin necesidad de que los alumnos o las familias lo soliciten individualmente».
3. Artículo 3 de la Constitución
La Comisión de Peticiones le ha recordado a la Generalitat de Cataluña un derecho fundamental consagrado en el artículo 3 de la Constitución española: que la lengua oficial de toda España es el castellano y por tanto, existe el derecho a recibir enseñanza en castellano. «Cataluña debe dar igual trato al castellano que al catalán», reclaman.
4. Incitación al odio
La delegación se ha mostrado «preocupada» al observar «incitación al odio» de la Generalitat al poner «obstáculos y resistencia» ante las peticiones individuales de las familias a la hora de solicitar recursos en castellano.
5. Falta de voluntad de diálogo
Abroncan, además, al Gobierno catalán por lo que consideran una «auténtica falta de voluntad de diálogo entre las autoridades autonómicas y las familias afectadas» lo que ha generado, concluyen, «desconfianza entre ambas partes».
6. Intimidación y acoso
El informe también ha condenado la «exclusión social, la intimidación y el acoso contra niños y progenitores» que el tema lingüístico ha provocado en la sociedad catalana. Un comportamiento que tachan de «inaceptable».
7. Niños, objetos de discriminación
La misión europea se ha visto obligada a recordar en su informe que el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea prohíbe cualquier discriminación por razón de lengua. Por ello exige al Gobierno central y autonómico que «garantice que los niños no sean objeto de discriminación»
8. El modelo de inmersión, un fracaso
La delegación también señala que el modelo impuesto de inmersión lingüística se basa en preservar la lengua catalana y no pone por encima el bien de los niños en su trayectoria educativa. Así, entre otras cuestiones, concreta que las autoridades «deberían de garantizar que los alumnos con necesidades especiales puedan estudiar en su lengua materna si las familias así lo desean».
9. Respeto a la diversidad cultural
Tras hallar deficiencias en el respeto a la diversidad cultural y lingüística, la comisión ha solicitado que se supervise «de cerca» si en Cataluña se aplica el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en Cataluña y que los resultados se inserten en el próximo Informe sobre el Estado de derecho.
10. Desigualdad de trato entre lenguas
Observando una falta de equilibrio en la impartición de contenidos en ambas lenguas así como en el trato entre las lenguas cooficiales, en un claro tirón de orejas, la comisión ha solicitado al Gobierno central que revise «la forma en que la autoridad nacional de Alta Inspección de Educación supervisa en Cataluña las normas mínimas para que exista un equilibrio».
