Josep Rull, toda una vida en la política y tres años en prisión condenado por sedición

Josep Rull (Terrassa, 1968) es de los que se puede considerar un convergente 'pata negra'. De hecho, se afilió con 17 años a la Juventud Nacionalista de Cataluña, la JNC, y fue su secretario general entre 1984 y 1988, para posteriormente, empezar a militar en Convergencia Democrática de Cataluña. De discurso pausado, tranquilo y sin estridencias, Rull representaba al ala más soberanista del partido.

Se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, pero, de una forma u otra, siempre ha vivido de lo público. Empezó a trabajar en 1993 en los servicios jurídicos de la Asociación Catalana de Municipios y en la Junta de Residuos de Cataluña, entidad de la que fue responsable de relaciones institucionales. Mientras tanto, escalaba posiciones en la antigua Convergencia. En 1992 fue escogido consejero nacional y en 1995 miembro de la Ejecutiva Nacional.

Y de ahí, vino el salto a las administraciones. Primero, al Parlament, en 1997, y fue nombrado portavoz adjunto del Grupo parlamentario de CIU. Hizo una pausa para presentarse como candidato a la alcaldía en su ciudad natal, en Terrassa. Lo hizo en 2003, y volvió a repetir en 2007 y 2011, aunque sin conseguir su propósito.

Quizás por ese motivo, volvió a la cámara catalana en 2010, cuando ocupó el cargo de Secretario Tercero de la Mesa del Parlament. Rull se especializó como diputado en temas relacionados con las infraestructuras, y de ahí que, en 2015, fuera nombrado Secretario general de Infraestructuras de la Generalitat. Y eso le valió para que, al año siguiente, Carles Puigdemont le designara como Consejero de Territorio y Sostenibilidad.

Desde el ejecutivo catalán se implicó en los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre y en la declaración unilateral de independencia. Y todo ello le valió su destitución, en virtud del artículo 155 de la Constitución. El BOE publicó las medidas que se iban a adoptar al amparo de ese artículo el 28 de octubre de 2017, y al lunes siguiente, día 30, Rull publicaba en Twitter una fotografía, desde la consejería, y con un mensaje en el que decía que se encontraba «En el despacho, ejerciendo las responsabilidades que nos ha encomendado el pueblo de Catalunya». Fue el único miembro del Govern que acudió a su puesto de trabajo, mientras que Carles Puigdemont y otros consejeros se habían ido al extranjero

Rull fue condenado a diez años y seis meses de prisión por sedición. En la cárcel estuvo algo más de tres años, hasta que fue indultado por el Gobierno en 2021. Sin embargo, la Generalitat ya había concedido a los líderes independentistas beneficios penitenciarios, por los que podían salir de prisión para ir a trabajar.

Fue entonces cuando encontró acomodo en Mutua de Terrassa. La entidad aseguró que el objetivo que se buscaba con el fichaje del exconseller era «reforzar la asesoría legal». Y se convirtió posteriormente en «Director del Compromiso Verde» de Mutua.

No le resultó difícil encontrar trabajo, puesto que Antoni Abad era vicepresidente primero de Mutua de Terrassa, y destacó durante su etapa como presidente de la patronal CECOT por ser el gran aliado y abanderado del proceso independentista desde el sector empresarial.

Un movimiento que, por cierto, situó a esta patronal del Vallès al borde de la expulsión de Foment. En mayo de 2022, Rull fue «fichado» por CECOT para presidir una comisión de energía, con el objetivo de «detectar las palancas de cambio para una transición efectiva del mercado energético».

En las últimas elecciones catalanas fue número tres de la candidatura de Junts y ahora se ha convertido en el primer condenado por el 1 de octubre que vuelve a la primera línea institucional. Lo hace a lo grande, ocupando el segundo cargo institucional de Cataluña y con un sueldo de unos 143.000 euros. No será el único ingreso de la familia Rull, puesto que la esposa del presidente del Parlament, Meritxell Lluís, es concejal de Junts en el Ayuntamiento de Terrassa y cuarta Teniente de Alcalde.