El expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet (i) y su mano derecha Jordi Montull (d),

El expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet (i) y su mano derecha Jordi Montull (d)Efe

Economía-Sociedad

Todo lo que tienes que saber sobre el caso del saqueador del Palau de la Música

La Fiscalía pide dos años de cárcel para Montull y Mir por alzamiento de bienes (ahora el delito se llama frustración de la ejecución)

Este pasado jueves se conocía la noticia que anunciaba la absolución de Jordi Montull –más conocido como el saqueador del Palau– y su esposa, Mercè Mir, de haber ocultado el cobro de 31.500 euros de un alquiler para no devolver el saqueo a la entidad cultural.

Los togados dan plena credibilidad a la tesis de defensa de Montull y Mir, representados por los letrados Laura Bardají y Alberto Rocha, y rechazan que existiera un plan del matrimonio para ocultar sus rentas.

La Fiscalía pide dos años de cárcel para Montull y Mir por alzamiento de bienes (ahora el delito se llama frustración de la ejecución).

Desde El Debate hemos podido hablar con Alberto Rocha, quien ha llevado la defensa de los absueltos junto con su compañera Laura Bardají, para sacar unas cuantas claves sobre el caso Palau.

El letrado Alberto Rocha explica que se exculpa a ambos acusados de alzamiento de bienes porque «no existía ocultación, ese arrendamiento y las rendas que se percibían eran conocidas en todo momento». «Ellos mismos vinieron a hacer la tasación y ya sabían que había una persona con acceso a ese piso, tenían acceso al contrato, tanto el Palau como la Audiencia Provincial», prosigue Rocha. Además, añade, que como es «un caso complejo» y hay mucha documentación es fácil que alguna cosa no se pudiera revisar, pero eso no es culpa de sus clientes".

Alega también que los ingresos que fueron percibidos con posterioridad a la investigación del caso Palau y un poco antes de que la sentencia fuera firme (que las cantidades que se debían se conocieran)– se declararon y que el propio arrendatario declaró los pagos de las rentas, así que hacienda tenía acceso a la documentación por varias vías.

En la estrategia de defensa se habla de estos dos temas comentados aquí arriba y, además, que las rentas percibidas se percibían en una cuenta bancaria embargada desde el primer día. Rocha explica también que, aunque esa cantidad se hubiese ocultado- que afirma que no se hizo- no era idónea para «poner en jaque» el cobro de la deuda. «Había muchos pisos, se vendieron casi todos y con esas cantidades se ha avanzado de forma relevante la deuda». «Incluso ese piso se vendió, avisando al arrendatario cuando quedó embargado que debía abandonarlo o comprarlo» , informa.

Sobre el caso Palau

El montante total del saqueo del Palau de la Música asciende a 23 millones de euros. La Audiencia de Barcelona ha puso cifra al desfalco urdido por Fèlix Millet y Jordi Montull, entre los años 2000-2009, después de que hubiera dos cifras posibles sobre la mesa en función de quien hiciera el cálculo. O 23 millones como aseguró Hacienda, o bien 33, como dijo en su día la compañía auditora Deloitte.

Los 23 millones de euros que salieron del Palau de la Música fueron en mayor hacia el bolsillo de los responsables de la institución, Fèlix Millet y Jordi Montull que destinaron el dinero a fines particulares. Obras en sus domicilios particulares, viajes privados por todo el mundo, las bodas de sus hijas, compra de obras de arte… El desvío del dinero del Palau también fue destinado al pago de comisiones a CDC mediante al pago de facturas por servicios no prestados.

Fèlix Millet sufragó los ostentosos enlaces de sus hijas con el dinero del Palau de la Música. Según la sentencia, el costo de las bodas ascendió a 164.269 euros y los lujos viajes familiares también costaron 648.021 euros. Las reformas de las viviendas de Millet y Montull también corrieron a cargo de la institución que gestionaban y destinaron casi un millón de euros a este concepto.

El entramado que crearon junto a Ferrovial y CDC también les reportó cuantiosas ganancias. La sentencia del caso Palau, tras más de ocho años de instrucción, confirmaba que Convergència cobraba comisiones del 4 % a cambio de adjudicaciones de obra pública para financiarse.

La sala décima de la Audiencia de Barcelona subrayaba que desde principios de 1999 hasta julio de 2009, el total de comisiones satisfechas por Ferrovial a CDC y, canalizadas a través del Palau, ascienden a 6,6 millones de euros.

Gracias a su mediación, Millet y Montull se embolsaron 3,5 millones de euros, de los cuales 2,8 el primero, y 700.000 el segundo. La comisión que Ferrovial y CDC pactaron para la obtención de obra pública era del 4 % del importe total de las adjudicaciones obtenidas. El reparto se hacía de la siguiente manera: el 2,5 % iba al partido y el 1,5 % para Millet y Montull, de los cuales el 80 % era para el primero y el 20 % para el segundo.

La canalización del dinero de Ferrovial hacia Convergència a través del Palau se hacía mediante contratos de patrocinio que la constructora suscribía con la institución cultural y que posteriormente era entregado al partido mediante extracciones bancarias en ventanilla; a través de convenios de colaboración sellados entre el Palau con la fundación Trias Fargas, afín a CDC; y con el giro de facturas directamente al Palau por trabajos prestados a CDC o por servicios inexistentes.

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