Amnistiada la exconcejal del PSC de Pineda de Mar condenada por expulsar a agentes de la Policía Nacional

La Audiencia de Barcelona ha aplicado la ley de amnistía a la exconcejal del PSC de Pineda de Mar (Barcelona) Carmen Aragonès, que aceptó un año de prisión por expulsar del municipio a agentes de la Policía Nacional que se habían desplazado a Cataluña para impedir la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La sección sexta explica que «deben ser cancelados los antecedentes penales derivados de dicha condena» y se debe declarar extinguida su responsabilidad penal.

Aragonès, que en 2017 era primera teniente de alcalde del municipio, y Jordi Masnou, que era segundo teniente de alcalde, amenazaron a los directores de los hoteles en los que estaban alojados el medio centenar de agentes, para que los echaran. Los establecimientos en cuestión pertenecían a la Cadena Checkin Hoteles, que suscribió un contrato con el Ministerio del Interior, por el que se alojarían 268 agentes en el Hotel Checkin Mont-Palau y 228 en el Hotel Checkin Pineda hasta el 5 de octubre de 2017.

Durante aquellos días se convocaron numerosas protestas frente a los hoteles por parte del independentismo. Y, por este motivo, Aragonès y el segundo teniente de alcalde, solicitaron al director de los hoteles que echara a los policías. Según la sentencia por la que ambos fueron condenados, quedó probado que coaccionaron al director asegurando que, en caso de no hacerlo, «tendría problemas en caso de solventar posibles deficiencias administrativas del hotel y que las licencias para ello podrían demorarse hasta 5 años».

Por temor a las represalias, el director escribió una carta en la que se dejaba claro que «debido a una reunión que hemos tenido con responsables del Ayuntamiento de Pineda de Mar nos vemos obligados bajo amenaza de cerrarnos los hoteles durante 5 años, a desalojar el contingente de Policías Nacionales de los dos hoteles, Checkin Mont-Palau y Checkin Pineda mañana». Eso fue el 2 de octubre de 2017.

Por estos hechos, la fiscalía pidió para Carmen Aragonès y para Jordi Masnou tras años de prisión, pero ambos reconocieron los hechos, y tras un acuerdo de conformidad, fueron condenados por un delito de coacciones a un año de prisión e inhabilitación especial para todo tipo de cargo o empleo público.